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El gobierno, los permisos de exploración y el sectarismo militante

Por Alejandro Olmos Gaona. Con motivo del otorgamiento de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en áreas de las cuencas Austral, Argentina Norte y Malvinas Oeste.

Con motivo del otorgamiento de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en áreas de las cuencas Austral, Argentina Norte y Malvinas Oeste. Se han originado una serie de comentarios en las redes, además de ciertos informes de la OETEC (Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo) contrarios al otorgamiento, llegándose al extremo de hablar de traición a la patria (Federico Bernal dixit en Página 12 ). Como siempre he sostenido, hay que ser riguroso cuando se critica una acción de gobierno y tener fundamentos para hacerlo, y no echar comentarios al voleo, con argumentos patrióticos que pueden ser atendibles pero que están huérfanos de argumentos normativos, que puedan ser eficaces para impugnar la decisión del gobierno.

No voy a comentar la desmesura de hablar de traición a la patria, porque hay que tener un grado enorme de ignorancia jurídica, para sostener que el otorgamiento de esos permisos es equivalente a un acto de traición, que no se configura de manera alguna tal como lo determina la Constitución y la doctrina aplicable. Nos guste o no para nuestro derecho constitucional, solo se considera traición tomar las armas contra la Nación, pero más allá de esa observación, si quiero referirme a legitimidad actual  que tiene el gobierno para proceder a otorgar esos permisos., aunque puedan ser inconvenientes.

En primer lugar hay que señalar que tenemos una estructura jurídica, originada en la dictadura cívico-militar, que ningún gobierno quiso cambiar, y que además a través de ciertas decisiones gubernamentales se perfeccionó en la década del 90. También es importante puntualizar que el Decreto 872 del 1 de octubre de 2018, por el cual se ordenó la convocatoria a un Concurso Público Internacional, firmado por Macri, se fundó en las leyes 26.741 del 7 de mayo de 2012, y la Ley 27.007 del 31 de octubre del 2014, ambas normas sancionadas por el Congreso Nacional y promulgadas por la Sra. de Kirchner. Por si quedaran dudas respecto a las facultyades del Poder Ejecutivo, existe el Decreto 939, firmado por Cristina Kirchner en el año 2013 para promover las inversiones extranjeras, que determinó que a la semana de firmado se entregara en concesión a Chevron la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional y a Dow Chemical la segunda reserva mundial de gas con las mismas características. En el caso de Chevron con muy graves connotaciones, ya que la justicia ecuatoriana, había pedido el embargo de todos los activos de la empresa, debido a un embargo de 10.000 millones de dólares establecidos por la Corte Constitucional del Ecuador, por la depredación de la amazonia. La Sra. De Kirchner dio instrucciones a la Procuradora General de la Nación, Dra. Gils Carbó para que pidiera el levantamiento de la medida y la Corte Suprema de Justicia, contradiciendo su anterior jurisprudencia lo hizo, con el único y digno voto del anciano Carlos Fayt., y de esa manera se pudieron firmar los contratos a los que hice referencia.

Los que han perdido la memoria o se hacen los distraídos, cuestionan la decisión del gobierno de Macri,  de otorgar esos permisos y  se olvidan, que el gobierno anterior dictó la legislación para posibilitarlos, además de haber hecho algo peor, que es acordar con un conjunto de empresas extranjeras la exploración y explotación de Vaca Muerta. Esto no debería extrañarnos, porque en el año 2006, violando la Ley de Hidrocarburos, se prorrogó la concesión del mayor yacimiento de petroleo convencional  en el golfo de San Jorge a la Pan American Energy, cuyo accionista mayoritario con el 51% era la British Petroleun de Gran Bretaña.

Debo aclarar, que los que han hablado en las redes de la enormidad de dar permisos a empresas británicas en la plataforma continental como lo ha hecho Macri, no debieran desconocer que hay un Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Gran Bretaña  que los promueve, los protege, y los autoriza, y que  fue ratificado por el Congreso Nacional a través de la Ley 24.184. Este documento  debió ser denunciado para evitar la posibilidad  de que un país que ocupa nuestro territorio, siga haciendo negocios. Durante los años 2010 al 2014 presenté proyectos para pedir al gobierno de Cristina que lo dejara sin efecto  denunciándolo, y lo mismo hice desde el 2015 hasta el 2018, sin ningún resultado alguno. No hubo el menor interés de la ex presidenta de terminarlo, y naturalmente tampoco lo iba a hacer este gobierno.

Esto es un claro ejemplo de que una cosa es el discurso patriotero y supuestamente liberador enarbolado por los que gobernaron en los anteriores gobiernos, y la realidad jurídica que nos rige, que NO QUISIERON CAMBIAR, y que además perfeccionaron. Lamentablemente el sectarismo militante, se niega a ver estas acciones terribles, que forman parte de una estructura que nos condiciona, y se conforman hablando de los planes y las asignaciones, cuestiones estas muy atendibles pero coyunturales, y que no hacen a la defensa de nuestro recursos, que son lo fundamental para que un país crezca y se desarrolle.

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