El deseado y defendido Parque Nacional que podría levantarse en terrenos provinciales de las lagunas y esteros del Iberá estaría incurriendo en serias anormalidades.
El deseado y defendido Parque Nacional que podría levantarse en terrenos provinciales de las lagunas y esteros del Iberá estaría incurriendo en serias anormalidades, como que los “donantes” de la Conservation Land Trust vinculada a la familia Tompkins, habrían donado latifundios que no son propios e, incluso, los pocos documentos que acreditan “su propiedad” advertirían que “están flojos de papeles”
Corrientes - Así, una denuncia penal ante las posibles irregularidades en la denominada “Ley Flinta” sancionada el jueves a tranquera cerrada en el Senado Provincial, abriría un abanico de responsabilidades que podrían rozar judicialmente al propio gobernador Ricardo Colombi y complicar la vida de los últimos fiscales de Estado de la provincia.
La presentación penal se concretó el miércoles contra la figura del senador radical Sergio Moisés Flinta, horas antes que Diputados apruebe en un áspero debate el pase de 150 mil hectáreas de la Reserva del Iberá al estado federal, destinados a la creación de un parque nacional.
En vida, así lo requería el magnate norteamericano Douglas Tompkins, “dueño” de esos campos. Un detalle: pocos saben la estrecha amistad que une a la cabeza del ministerio público, como a la liga de fiscales de primera instancia, con el presidente del radicalismo correntino.
Pensar que una acusación contra “El Checho” pueda prosperar, es como creer que Emmanuel Ginobili termine jugando en Regatas Corrientes.
Se asegura que el radicalismo correntino maneja muy bien, “el tráfico de opinión”, más dentro de un esquema judicial que –se dice- él mismo construyó.
Igualmente la Fundación Iberá Patrimonio de los Correntinos denunció penalmente la semana pasada a Flinta por supuesta Falsedad Ideológica e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público. Justamente este último delito puede caberle a quienes en su momento ocuparon la Fiscalía de Estado.
Las polémicas tierras donadas pertenecen a la organización ambientalista extranjera Conservation Land Trust, conocida con la sigla CLT. De esas 150.000 hectáreas que dice ceder para la radicación de un parque nacional, existen alrededor de 30.000 que estarían flojas de papeles.
En realidad, son hectáreas que han sido apropiadas. Muchas por los eternos usurpadores que vendieron su cesión de derecho para que Tompkins en vida realice la famosa prescripción veinteañal.
Esas tierras eran en su momento del Estado Provincial, o sea de todos los correntinos; el que cuando se litigaron los expedientes de posesión, debió oponerse en el juicio a través de sus representantes legales. Se entiende que el juez de cada causa, le corrió vista de las actuaciones al gobierno, que tenía la obligación de intervenir.
El entramado jurídico pondría al descubierto que la provincia durante la tutela de los Colombi, le dejó vía libre a Tompkins y los suyos para que terminen escriturando las tierras sin ninguna oposición. Ahora al ser donadas a la Nación, la irregularidad donde también estarían salpicados algunos magistrados como facilitadores, se blanquearía quedando todo como un hecho consumado.
“Hay adremas que aparecen inscriptas sobre territorios de dominio público provincial de la Reserva y Parque Provincial Iberá sin norma que lo autorice”, remarcó Ana Moulin de la Fundación Iberá Patrimonio de los Correntinos, como denunciante de Flinta.
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