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La OMC, los subsidios a la captura y la industria pesquera

César Lerena (Asesor Proyecto Sur). Sobre los subsidios internacionales a la pesca a distancia en Alta Mar.

Que la Administración del recurso pesquero en la Argentina es sencillamente mala, ya todos lo sabemos. No podría ser de otra manera, cuando se alinean en esta actividad cuatro factores negativos: primero, no hay política pesquera y se delegó la fijación de las políticas a los concesionarios a partir de la cuotificación de las capturas; segundo, no se acuerda la explotación del recurso entre la Nación y las provincias; tercero, el Consejo Federal Pesquero (CFP) se excede en las atribuciones de la ley 24.922, ya que mientras el Art. 7º indica que es función del subsecretario de pesca: «a) Conducir y ejecutar la política pesquera nacional, regulando la explotación…»el Art. 9º refiere que el CFP «a) Establece la política pesquera nacional». Y esta última misión, es o debiera ser, como lo indica el texto: «establecer la política general» y, dejar en el Subsecretario la «administración», pero, el CFP, no por casualidad, gerencia, como sí en una Sociedad, los socios, ocuparan el rol del Gerente y, a esta errónea (¿?) situación, se agrega, el particular interés de alguno de sus miembros que representan el interés directo de alguna empresa. La consecuencia, es un “toma y daca” permanente, que hace inviable una administración planificada y sustentable y, finalmente, el cuarto factor: los sucesivos Subsecretarios carentes de idoneidad suficiente, ineptos para mirar más allá de la coyuntura e, inhábiles para manejar las cuestiones operativas, económicas, impositivas e intervenir ante los demás poderes competentes para neutralizar los costos negativos de los subsidios internacionales a la pesca.
Ésta falta de política le quita competitividad a la actividad en su conjunto y, en especial, a quienes procesan en industrias en tierra las materias primas, quienes generan mayor valor agregado y empleo.
Los subsidios internacionales a la pesca a distancia en Alta Mar
En el mundo, en 132 millones de Km2, se pescan unos 10 millones de horas/año, de ellas un 57% en Alta Mar, recursos de Argentina, Perú, Japón y en el Atlántico Norte, Atlántico Central y en el Pacífico.
Según la Revista “Science Aduances”, el 77% de los buques que pescan en Alta Mar provienen de China, Taiwán, Japón, Indonesia, España, Rusia y Corea del Sur. A ellos, los Estados respectivos les otorgan subsidios por 35 mil millones de dólares/año, lo que representa un monto equivalente al 25% del mercado mundial anual y, el 84% de estos subsidios, van dirigidos a las grandes compañías pesqueras, que son los que disponen de buques congeladores capaces de trasladarse a grandes distancias.
Según el Investigador Eric Sala de la National Geographic, en 2014 se relevaron 3.620 buques pesqueros en actividad, analizando sus costos en la actividad pesquera a distancia en Alta Mar, estimados entre 6.200 y 8.000 M de dólares. Con ingresos del orden de los 1.400 M de dólares, señala Sala, este tipo de pesca, daría una pérdida significativa, aunque, nosotros entendemos que los ingresos ilegales son mucho mayores y, solo en el Atlantico Sur, superan los 2.000 millones de dólares, ¿Cuál sería el negocio, entonces? Los subsidios que otorga el Estado, que pueden ser la eximición de impuestos, entrega de combustibles sin costo, aceptación de un régimen laboral esclavo; comercialización de capturas no declaradas que, en su gran mayoría ilegales (Pesca INDNR) y, que las empresas y sus embarcaciones, en muchos de los casos, pertenecen al Estado y no son privadas. Es decir, esta actividad, supera a la voluntad del armador y es una política de Estado del país de origen.
El subsidio de los Estados a la pesca opera como la “Patente de Corso” del siglo XVIII y XIX. Van en búsqueda de los recursos-proteína para atender sus hábitos alimentarios, aunque, según la FAO, cerca del 90% de las poblaciones de peces están explotadas a pleno (58%) o sobreexplotadas (31%).
¿Y la Argentina, qué hace al respecto? Tiene a poco más de 200 millas un recurso disponible, similar al que captura en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y, no pone a toda su flota congeladora y potera a capturar en Alta Mar. Tampoco, genera Acuerdos para desalentar a la flota que captura ilegalmente o con permisos ilegales del Reino Unido (R.U.) en Malvinas. El Subsecretario de Pesca y el CFP dejan extraer un millón anual de recursos pesqueros migratorios y asociados de Argentina con total inacción e ignominia, mientras que la Prefectura, limita su accionar a la milla 200, cuando la ley 24.922 la habilita a hacerlo sobre la plataforma continental y los recursos migratorios y asociados.
¿Estuvo el Subsecretario de Pesca en la reunión de diciembre de 2018 de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires discutiendo la eliminación de los subsidios? ¿Lo acompañó algún empresario calificado para defender la posición? No. Solo estuvo la ex Canciller Malcorra, la que apoyó el pacto Foradori-Duncan de investigación pesquera en el Atlántico Sur, la misma que, junto al Canciller Jorge Faurie contribuyó durante el G20 a los Acuerdos con China y Rusia, ambos Estados que subsidian los buques pesqueros que depredan el Atlántico Sur, provocando un desequilibrio en el ecosistema.
Es muy probable que, hechos los números, a esos países les convendría adquirir las materias primas que capturen los buques argentinos, pero, no hay capacidad negociadora en los funcionarios nacionales ni, voluntad de aquellos países de contribuir al desarrollo de los Estados Ribereños, ya que sus buques se comportan como depredadores. Es probable, entonces, que resulten difíciles las negociaciones con los países asiáticos y Rusia, pero, es inadmisible, que no se hayan producido avances con España, con quien la Argentina mantiene fuertes lazos de amistad y, a pesar de ser el primer licenciatario en Malvinas.
Más allá de las declamaciones de los diplomáticos intervinientes en la OMC, las propuestas de Argentina en esta Organización son insuficientes y el mensaje contradictorio. Por un lado, se intenta mostrar un gobierno que promueve la baja de subsidios y, por otro, en el G20 firma acuerdos pesqueros con China y Rusia, que operan con buques subsidiados y capturan especies altamente migratorias de origen argentino. La realidad, es que, en el intento de asegurar “la inserción del país en el mundo” la pesca sigue siendo “una moneda de cambio”, aunque sigan sin llegar las inversiones productivas a la Argentina.
Hay diversas propuestas en la OMC relativas a prohibir los subsidios a la pesca, pero, las de Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay (TN/RL/GEN/187) son insuficientes, porque están referidas solo a la pesca ilegal y, a la prohibición de las subvenciones a la sobrepesca o sobrecapacidad.
Sobre los buques extranjeros que pescan en Alta Mar del Atlántico Sur no importa si están habilitados o no por la legislación de origen; lo que debiera interesar a la Argentina, es que no capturen los recursos migratorios facilitados con subsidios, no solo depredándolos, sino compitiendo con los buques nacionales que deben enfrentar costos operativos, laborales e impuestos, que esas embarcaciones no pagan.
Con relación a la eliminación de los subsidios a la pesca que provoca sobreexplotación, parece muy poco realista la propuesta argentina, porque no define quién y con qué información se determinará la sobrepesca en Alta Mar y quién será el Estado que tenga la palabra final al respecto. No se puede esperar que Buques de Bandera, ilegales o no, integren o no una organización regional, que capturan especies que interactúen con otras del Estado Ribereño o migran desde éste, sean quién se autolimiten ante eventuales casos de sobreexplotación. Los Estados Ribereños debieran aplicar el “criterio de prevención”, por el solo hecho, de que Buques de Bandera están capturando sin control los recursos migratorios o transzonales y, sobre todo, debe llegar a Acuerdos empresa-empresa regulados por el Estado, con garantizados beneficiosos para el país, las empresas, los trabajadores, que sean sustentables y desalienten la pesca ilegal y, también, la toma de licencias ilegales de Gran Bretaña en Malvinas.
En lo referido al tiempo de pesca en la Alta Mar que propone Argentina en la OMC, no es una cuestión que se pueda regular desde lo comercial, sino, desde el cumplimiento de normas básicas laborales que respeten los derechos humanos de los trabajadores. No se puede imponer el regreso a la base de origen de los buques que pescan en la Alta Mar, y sí, debe exigirse la rotación del personal, su trato digno, las normas de seguridad de los buques y, en cualquier caso, no se debería subsidiar la actividad.
Respecto, a no otorgar subsidios a lo que denominan “sobrecapacidad” en la propuesta argentina y, prohibir los subsidios que «permitan mantener la capacidad de la pesca marítima o ayuden a la adquisición de equipos que aumenten la capacidad pesquera o la localización de peces o la construcción de buques pesqueros» es sencillamente una propuesta teórica y absurda, que atenta contra el desarrollo de los países, que precisamente, deben modernizar su tecnología y eficiencia para reducir el esfuerzo pesquero, hacer más selectiva la pesca y mejorar sus costos operativos. El Estado argentino debiera otorgar subsidios a la construcción de la flota y la incorporación de tecnología; subsidios que los propios impuestos de una mayor actividad le devolverán al Estado, a la par de generar desarrollo y empleo.
Por la forma y el alcance de los temas tratados en la OMC, no parece, que quienes representaron a la Argentina conocieran esta actividad, ya que sus propuestas son irrelevantes, inaplicables, ineficientes y extemporáneas. La próxima reunión será recién en diciembre de 2019 y creemos, que pasarán muchos años antes de resolver la cuestión y, no tenemos seguridad alguna, que sea en forma eficiente. Para ese entonces, la cuestión caerá en abstracto, porque el recurso estará agotado, como ocurrió con casi todos los caladeros del mundo y, el daño para la Argentina, económico y biológico, será gravísimo e irreversible.
No eliminar los subsidios perjudiciales, provoca una gran distorsión del mercado y graves dificultades al sector pesquero nacional, razón por la cual, mientras no se resuelva esta cuestión, el gobierno no puede quedarse a la espera y, debiendo implementar la salida a Alta Mar de los buques congeladores y poteros nacionales, forzar Acuerdos para hacernos del millón de toneladas anuales que se extraen de recursos e, implementar una política de subsidios transitorios a la explotación e industria nacional. Todo, duplicará las capturas, aumentará el consumo interno y las exportaciones y, triplicará la mano de obra del sector.
Los subsidios a la pesca industrial nacional
Para comprender la necesidad de otorgar subsidios a la actividad pesquera, deberíamos reiterar el contexto: En el Atlántico Sur los buques extranjeros con o sin licencia ilegal del Reino Unido pescan subsidiados un millón de toneladas anuales. En la Argentina, un 50% de las 800 mil toneladas anuales desembarcadas son capturadas por buques congeladores que generan bajo valor agregado y, otro 50%, por buques fresqueros y costeros que agregan y, podrían agregar aún más valor agregado y empleo, a la pesca. En las capturas en Alta Mar y en la ZEEA se descartan pescados considerados no comerciales o de capturas incidentales. Se estima que los buques nacionales descartan unas 300 mil toneladas anuales y, gran parte de las empresas argentinas utilizan buques de entre 30 y 45 años de antigüedad.
En atención a ello, el Estado debería subsidiar la renovación de la flota pesquera en Astilleros nacionales, mediante su financiación con créditos a tasa blanda, hipotecarios sobre la unidad y, un seguro, con relación al índice de siniestralidad de la actividad, que accesoriamente opere, como control del mantenimiento en buen estado y la seguridad del buque.
Las empresas propietarias de los buques de bandera nacional que realicen toda su actividad pesquera en Alta Mar y desembarquen en sus puertos de asiento las materias primas enteras, las reprocesen en un 50% en tierra y exporten estos productos terminados con alto valor agregado, se les proveerá sin cargo el gasoil y, aquellos productos terminados con alto valor agregado recibirán un reintegro del 12% del valor FOB de exportación y, a los que estén preparados para su venta directa en góndola en los países de destino, se les sumará otro reintegro del 5%. Cuando se trate de buques extranjeros habilitados por la Autoridad de Aplicación, que tengan acuerdos con empresas nacionales regulados por el Estado Argentino, se establecerá el canon pertinente a la captura.
Las empresas propietarias de los buques poteros que pesquen en la ZEEA y, desembarquen en sus puertos de asiento, se proveerá el gasoil a precio “Bunker”, es decir libre de todo impuesto. Si estos buques desembarcan las materias primas enteras, las reprocesan un 100% en tierra y exportan los productos terminados con alto valor agregado, recibirán un reintegro del 12% del valor FOB de exportación y, los que estén preparados para su venta directa en góndola en los países de destino, se les sumará otro reintegro del 5%.
Las empresas propietarias de los buques fresqueros o embarcaciones costeras, que desembarquen en sus puertos de asiento, se proveerá el gasoil a precio “Bunker”, es decir, libre de todo impuesto, siempre que estos buques desembarquen todas las materias primas enteras, las reprocesen un 100% en tierra y exporten los productos terminados con alto valor agregado, en que recibirán un reintegro según la especie de entre 7% y 12% del valor FOB de exportación y, si estos productos finales están preparados para su venta directa en góndola en los países de destino se les sumará otro reintegro del 5%. Iguales reintegros recibirán los productos destinados al consumo interno. A estos beneficios se les agregará la provisión sin cargo del combustible cuando los buques sean fabricados en Astilleros nacionales.
Las empresas propietarias de los buques congeladores que pesquen en la ZEEA no recibirán subsidio alguno y, por el contrario, estarán gravados con una retención del 10% del valor FOB de las exportaciones, salvo, que desembarquen en sus puertos de asiento las materias primas enteras, las reprocesen un 100% en tierra y exporten los productos terminados con alto valor agregado, en que recibirán un reintegro según la especie de entre 7% y 12% del valor FOB de exportación y, a los que estén preparados para la venta directa en góndola en los países de destino se les sumará otro reintegro del 5%. Iguales reintegros recibirán los productos destinados al consumo interno.
Las empresas extranjeras radicadas en la Argentina propietarias de buques congeladores o fresqueros, que estén exentas o tengan reducidos sus aranceles o impuestos a las importaciones en sus países o comunidades de origen, se les dará el tratamiento según el tipo de operatoria y, a los porcentuales de retención o reintegro que pudieran corresponderle se les deducirá en más o en menos la referida exención de impuestos de importación en sus países o comunidades de origen.
Accesoriamente el Estado compensará a la empresa nacional exportadora con un porcentual diferencial entre los reintegros otorgados por la exportación de productos de alto valor agregado y los aranceles que deban abonar en los países de destino. Al respecto, hace pocos días, la Unión Europea dictó un nuevo “Reglamento de Contingentes Arancelarios Autónomos”, donde, a la Merluza, el Langostino y otros commodities argentinos los “beneficia” con un arancel “0”, en tanto y en cuanto, todas las transformaciones se realicen en la Unión Europea. ¡Esto se llama política alimentaria y pesquera para la U.E.! La Argentina debería desalentar esas exportaciones subsidiando las exportaciones con alto valor agregado y colocando retenciones a los bloques sin valor agregado.
Todos los pescados declarados oficialmente no exportables, desembarcados, se venderán en subasta pública y, el Estado, los subsidiará hasta un valor equivalente a la merluza entera, a efectos de reducir los descartes a bordo; produciendo con estas materias primas la elaboración de productos empanados, etc.
Los subsidios, reintegros y retenciones citadas, estarán relacionados a la mayor ocupación de mano de obra nacional y, accesoriamente a las cuestiones tratadas, debería devolverse en no más de treinta días el IVA; financiar a noventa días la adquisición de combustible para su uso en los buques y, eliminar cualquier tasa de “seguridad e higiene” o “veterinaria” a las empresas habilitadas por SENASA.
Por supuesto que, ante depredación; sustitución de especies; descartes, entre otras, de las capturas incidentales, falsedad en las informaciones, entorpecimiento de los controles, etc. debiera sancionarse severamente a las empresas, con multas y/o pérdidas de permisos, cuotas y/o reintegros.   
Para asegurar el destino de los subsidios deberían ejercerse férreos controles, tanto en la captura, los desembarcos, la industria en tierra, la exportación y consumo interno. No es un tema menor, porque ya hemos visto, cómo se distorsionaron apoyos recibidos por el sector. Los subsidios deben ser una palanca de desarrollo y, su implementación y resultado, debe monitorearse, para asegurar que se produzcan los efectos de desarrollo, generación de empleo, sustentabilidad y máximo aprovechamiento del recurso buscado.

El propietario del recurso es el Estado y, en consecuencia, debe promover su explotación racional, poniendo reglas y condiciones claras a los concesionarios. La política pesquera se establece a través de la distribución de los permisos de pesca y cuotas y, también, por la aprobación y promoción de determinado tipo de pesca.

POR Prensa


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