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Politica

Malvinas: regresos sin gloria

01/04/2017

A la Batalla por Malvinas – digo batalla porque la guerra no ha terminado – caben idénticos juicios, necesitamos recuperar la memoria en función de la verdad, para encarar el futuro. Por Juan Massini (apoderado de Proyecto Sur).


 

Hace unos días hemos recordado el 24 de Marzo de 1976 como el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia,  y el 2 de Abril de 2017 se cumplen treinta y cinco años del inicio de la Batalla por las Malvinas. Ambas fechas están indudablemente relacionadas ya que aquélla marca el punto de partida del infame Proceso de Reorganización Nacional, y ésta el comienzo del fin de esa misma etapa oscura de nuestra historia. Ninguno de los dos ameritan un festejo, pero si una profunda reflexión,  y es por eso que debemos recordarlos.

 

Así, hablamos de: Memoria, que no significa simplemente revolver el pasado, sino comprender que ese pasado en que Argentina fue derrotada, y no me refiero solamente a Malvinas, es igualmente nuestro presente, es decir que tenemos sin resolver exactamente los mismos problemas sustanciales de que adolecíamos entonces y aún los hemos agravado. Verdad, porque sólo a partir de ella podremos sentarnos a una mesa, reconocernos en el otro y reconocer nuestra propia realidad, la de todos los que habitamos este bendito país. Y Justicia, que es tanto como dar a cada uno lo  que corresponde y, sobre esa base, recuperar nuestro proyecto de nación.

A la Batalla por Malvinas – digo batalla porque la guerra no ha terminado – caben idénticos juicios, necesitamos recuperar la memoria en función de la verdad, para encarar el futuro en base a lo que es justo, pero a su respecto debemos redoblar la apuesta, ya que la cuestión Malvinas desnuda la verdadera cara del macrismo y ha sido prolijamente ignorada por la prensa canalla que reina cómoda en nuestra castigada Argentina. Me permito hacer una breve crónica de ella.

 

El tratamiento de la “Cuestión Malvinas” por parte del macrismo, se hace público el martes 13 de Septiembre de 2016 con un encuentro entre el Vicecanciller de Argentina, Carlos Foradori, y el Ministro de Estado para Europa y las Américas Alan Duncan, del Reino Unido, oficialmente calificada como “reunión de trabajo…para impulsar una agenda omnicomprensiva, multidimensional y multisectorial…” de la que surgió una “Información para la prensa nª 304/16”, según consignó el texto entonces publicado en  la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.

Unos días después tuvo lugar una ruidosa reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados con la concurrencia de Foradori y la sobreactuada intervención de la Presidente Carrió, en su rol de “fiscal ad hoc de la república”. Importan en ella las fuertes críticas de la oposición al evidente retroceso en la relación con el Reino Unido y al nulo rol que se asignó al Congreso. Foradori fue desplazado, pero Malcorra, verdadera responsable del desaguisado, recibió insólitos elogios de Carrió y de la pseudo opositora Stolbizer.

Animada quizás por tan inesperados respaldos, Malcorra (o Macri, para ser más preciso) retrocedió aún más, e implementando lo acordado el 13 de Septiembre de 2016, autorizó vuelos del continente a Malvinas, excluyendo, claro está, a la línea de bandera argentina, y tolerando la participación estelar de los kelpers, primera vez que ocurre desde 1833.

Estos acuerdos, a los que, como he dicho, se ha dado nula relevancia mediática, configuran una informal capitulación ante el enemigo y deberían ser repudiados, por:

 

Inconstitucionales, porque la Disposición Transitoria Primera incorporada al texto de la ley suprema por la Reforma de 1994 reza así: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.”

Lamentablemente, este mandato constitucional se reduce a una hoja de papel y queda vaciado de contenido  como consecuencia del accionar del actual gobierno nacional.

Los que se presentan como “Información para la prensa” o a lo sumo como “Comunicado Conjunto”, son en verdad técnicamente un tratado porque sus enunciados – redactados claramente en forma contractual – obligan a la Argentina. En este sentido la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), oportunamente suscripta por nuestro país, es suficientemente explícita, define al tratado internacional en su artículo segundo como: “acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular

Para colmo, el documento en cuestión ratifica expresamente  los llamados Acuerdos de Madrid (también enmascarados bajo el nombre de“declaraciones”) negociados en 1989 y 1990 por Domingo Cavallo, como Ministro de Relaciones Exteriores de Carlos Menem, en los que Argentina congeló la disputa por la soberanía y habilitó en todos los órdenes la cooperación de nuestro país con la potencia colonial que ocupa materialmente parte de nuestro territorio. A continuación transcribo los párrafos pertinentes:

 En un espíritu positivo, ambas Partes acordaron establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco. Ambos Gobiernos acordaron que la fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989, se aplica a este Comunicado Conjunto y a todas sus consecuencias. En este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Ambas Partes enfatizaron los beneficios de la cooperación y de un compromiso positivo de todos los involucrados.

 De conformidad con los principios establecidos en la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999 y el Acuerdo por Canje de Notas, ambas Partes acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países. En este contexto acordaron el establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección. Los detalles específicos serán definidos.

 

Autoritarios, y nuevamente inconstitucionales, porque siendo tratados internacionales corresponde al Congreso de la Nación aprobarlos (o desecharlos), debate por medio, conforme lo establece el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Por el contrario, el gobierno que vino a “restablecer la república”, por si y ante si, convalida los vergonzosos “Acuerdos de Madrid” de 1989 y 1990, redobla la apuesta y ratifica la claudicante diplomacia de los “Winnie Pooh”.

 

Contrarios a los intereses nacionales,  ya que expresamente excluyen la cuestión de la soberanía, que implica la defensa de la integridad territorial de nuestro país y han sido la piedra angular de la política exterior argentina desde los tiempos de la usurpación británica en 1833; y se allana incondicionalmente a las aspiraciones británicas como adoptar las “medidas apropiadas para remover todos los obstáculos”, es decir el levantamiento de las medidas administrativas, legislativas y judiciales tomadas por Argentina para proteger sus recursos naturales ante la explotación unilateral de la potencia colonial.

A treinta y cinco años de la Batalla por Malvinas, es un imperativo moral armarse en defensa de la Patria, no con armas, si desde la militancia, con el compromiso efectivo que nos transforme en soldados de la causa nacional, ya que Malvinas no es  solamente una cuestión sentimental, que debemos sostener porque “se nos enseña desde la escuela”, como reza el lugar común. Se trata en verdad de un conflicto geopolítico cuya resolución es de alto interés estratégico y que nos define como país, proyectándonos al mar y al continente blanco o limitándonos irremediablemente a ser una republiqueta.