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9-Abr-2010 |
El proceso inflacionario que atraviesa el país y que el Gobierno intenta negar, está desde hace varias semanas, cobrando mayor relevancia. La pelota la pateó el titular de la CGT Hugo Moyano, cuando aseguró que en la Argentina hay inflación y que sólo es necesario “ir al supermercado” para darse cuenta.

Fue en respuesta al ministro de Economía Amado Boudou que aseguró en el Congreso que no hay inflación, sino “reacomodamientos de precios”. El cruce fue fuerte, sobre todo tratándose de un tema sensible para la población que sufre la escalada de precios.
Pero la cuestión, además de la discusión solapada entre el Gobierno y oposición, tiene un trasfondo que puede ocasionar problemas graves en la economía.

Si bien al poner la cuestión en perspectiva resulta imposible comparar este proceso inflacionario con el ocurrido al final del mandato de Alfonsín, es necesario destacar el impacto que tiene el aumento de precios en las clases media y baja.

Tanto es así que al desconocer la inflación, las actualizaciones de los planes sociales quedan relegadas. Una buena medida, como lo es la asignación universal por hijo, comienza a verse jaqueada por los aumentos. Nadie puede afirmar que con $180 es posible alimentar un niño durante un mes. Artemio López, titular de la consultora Equis –cercana al kirchnerismo, anunció que se perderían $54 de la asignación por la presión que ejerce la suba de precios en los alimentos de consumo masivo.

El Gobierno mantiene oculto el tema por varias cuestiones. Desde intereses de la deuda que están atados a la inflación, hasta el no reconocimiento de ajuste vía coparticipación. Aún con perspectivas de crecimiento económico y estabilidad fiscal, la inflación y la normalización de las cuentas del Indec son temas molestos para el kirchnerismo, que se niega a debatir sobre el tema.

La reciente arenga presidencial acerca de que el gasto va a continuar expandiéndose, sería una buena noticia si se complementara con medidas anti inflacionarias. Las proyecciones privadas son poco alentadoras. Si bien no son todas confiables (¿acaso el Indec lo es?), algunas hablan de una inflación superior al 30%, lo cual carcomería cualquier aumento salarial y, mucho peor aún, cualquier intento de actualizar los ingresos de las clases más postergadas.

Con esta información, es posible conjeturar que el Gobierno mantiene un gasto público elevado que genera más inflación, y que piensa recuperar ese dinero a partir de los impuestos al consumo.

Esta cuestión impacta en los indicadores sociales y se refleja con solo mirar el mapa distributivo. En la Argentina, sólo el 1,15% de los trabajadores gana más de 2000 dólares. Para mantener el nivel de vida llegan a gastar hasta el 50% de lo que ganan. Una canasta básica para una familia tipo dentro de este segmento está entre los 4000 y 4500 pesos. Es este sector el que menos sufre la inflación, puesto que a pesar de ella pueden comprar en cuotas o financiarse a partir de créditos bancarios.
La brecha entre este sector y las clases bajas es enorme. Aunque jamás lo van a admitir en público, en el Gobierno son conscientes que la inflación se “comió” buena parte del poder adquisitivo de los trabajadores y también de los beneficiarios del plan.

Desde enero hasta hoy, la inflación no oficial, la que miden los consultores privados, pero también los sindicatos de la CGT, alcanzó el 7%. Según las mismas fuentes, el aumento de precios, sobre todo en los alimentos, rebajó en un 16% el poder de compra de los padres desocupados que reciben subsidios por sus hijos.