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La verdad sobre las negociaciones entre Argentina e Inglaterra sobre el Atlántico Sur

Por eldr. Cesar Lerena (Asesor de Proyecto Sur).

En 2016 la Cancillería a cargo de la Ing. Susana Malcorra, junto a la británica, efectuó una “declaración conjunta” que indicaba: «...adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos» manteniendo la “fórmula del paraguas”. Aquellas declaraciones han sido revitalizadas el pasado 15 de marzo por el actual Ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie y el Embajador británico Mark Kent. Estas declaraciones tienen la misma matriz de las declaraciones, mal llamadas “Acuerdos de Madrid” firmados por Cavallo en 1989/90. Estas últimas se fundaron en levantar las sanciones comerciales de Europa, y las presentes, bajo el pretexto de mejorar las relaciones de Argentina con el mundo de los negocios, no alcanza a entenderse cuál es la contraparte en favor de la Argentina.

En ambas se violentan aspectos legales claramente marcados en las Resoluciones de las Naciones Unidas Nros. 31/49; 2065/65; 41/11; 3171/73; 3175/73 y 3336/74; la Constitución Nacional «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino» y de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; la Ley 24.543 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las leyes nacionales 17.319, 23.775; 24.922; 26.386; 26.659 y 26.915; y se desprecian los derechos soberanos argentinos sobre sus espacios territoriales, sus derechos sobre sus recursos naturales, los efectos económicos sobre los trabajadores argentinos, las empresas y los pueblos que viven de la explotación pesquera y, muy especialmente, los esfuerzos de los combatientes de Malvinas, sus muertos y heridos.

La posibilidad de vuelos a terceros países desde y hacia las Islas, y la carga de insumos y alimentos para las poblaciones de estas y de los buques extranjeros y, el recambio de tripulaciones para los más de 500 buques pesqueros de otros países que operan en el Atlántico Sur, transformarían a Malvinas en el centro logístico pesquero más importante del cono sur, lo que junto a los anuncios de la construcción de una zona franca en Uruguay por parte de China, no solo llevaría a la quiebra de la actividad pesquera argentina, sino acrecentaría aún más la ocupación extranjera en el Atlántico sudoccidental, consolidando la posición británica en Malvinas y la Antártida.

El «Control de la pesca con las fuerzas de Seguridad de Argentina y la Royal Marine Británica» habrá de favorecer claramente al gobierno inglés en las Islas, ya que su principal recurso es el otorgamiento de licencias pesqueras y, por otra parte la «Cooperación Científica en la latitud de 45o Sur y 60o Sur y, la Convocatoria al Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS)” resulta inadmisible porque se trataría de aportarle información científica al Reino Unido sobre el ecosistema argentino; una información que a la luz de la dependencia económica que tienen las islas a la captura del calamar, resulta confidencial y estratégica para nuestro país.

En la cooperación debe haber dos partes que en forma equivalente aportan a un fin común. El Atlántico Sur es argentino, las Malvinas son argentinas, los recursos pesqueros son argentinos, no se entiende que aportarán los ingleses.

POR Prensa


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