La posición de Proyecto Sur, publicada en el diario Perfil, sobre el anunció el Gobierno sobre el pago de la ùltima cuota del Boden 2012. Mentiras verdaderas.
Escuchando a la Presidenta, el ciudadano puede creer que con el pago de los 2.300 millones de dólares de la última cuota del Boden 2012 el país se desendeuda. Es la última cuota de una estafa que comenzó en 2002, cuando los bancos expropiaron los depósitos de los ahorristas: en total se pagaron 19.300 millones de dólares, que en un 78% fueron a parar a los mismos bancos y a fondos de inversión extranjeros.
El Boden 2012 fue la respuesta genuflexa del gobierno Duhalde y su ministro de Economia, Roberto Lavagna: hicieron pagar a los 40 millones de argentinos una deuda de los bancos, en vez de exigirles reponer los depósitos según la doctrina de los conjuntos económicos –expuesta por Salvador M. Lozada y ratificada por la Corte Suprema– por la cual las casas matrices siempre son responsables de los quebrantos de sus sucursales. En lugar de intervenir los bancos y eventualmente solicitar su quiebra, impulsaron una modificación exprés de la Ley de Quiebras para salvar a los gerentes bancarios de la cárcel. También hay que mencionar que la desmemoria de la Presidenta pretende ignorar que Néstor Kirchner emitió Boden 2012 por 5.219 millones de dólares, comprados en su mayor parte por el gobierno de Venezuela.
El pago de la última cuota es por demás ignominiosa, ya que se está pagando, entre otros, a los cinco grandes grupos de inversión, Franklin Resources Inc, Capital International Fund, MFS Investment, Blackrock Group, Capital World Investment y Fidelity, copropietarios de las petroleras británicas que se llevan nuestro petróleo en Malvinas y fueran denunciadas por el ministro Timerman. Blackrock Group –uno de los fondos de inversión más grandes del mundo– es del Bank of América, histórico acreedor de la Argentina y participante del fraude de la deuda desde 1976. Tampoco se piensa en aplicar la Ley 26.659/10, votada por unanimidad por el Congreso, que pone en cuestión las transacciones de nuestro país con accionistas de esas petroleras.
Respecto al supuesto desendeudamiento, se incurre una vez más en el doble discurso y las propias cifras oficiales lo desmienten: el Ministerio de Economía informa que al 30 de diciembre de 2011 la deuda ascendía a 178.963 millones de dólares, sin considerar los 11.500 millones de dólares en bonos no presentados al canje, y se hace constar que la deuda había aumentado el año pasado en 14.632 millones de dólares. A esto debería sumarse la deuda cuasi-fiscal del Banco Central, que excede los 23.000 millones de dólares; las deudas de las provincias; y los intereses del Club de París no computados. El cuadro no es el de la falaz retórica presidencial. Se dice que la relación deuda/PBI era del 160% en 2001 y ahora es del 41%, pero se omite que el PBI del 2001 era de 90.000 millones de dólares y ahora es de 430.000 millones.
En 2010 Proyecto Sur presentó un proyecto de ley, bloqueado por el oficialismo, para crear una comisión que investigue la deuda pública. Los diputados del bloque pidieron a la Justicia la nulidad de la deuda –considerada ilegal por el juez Jorge Ballestero en el 2000–, porque los actos ilícitos son nulos de nulidad absoluta. La Fiscalía Ferderal de Federico Delgado coincidió con la presentación.
La deuda actual nace durante la dictadura de Videla y, desde entonces, el país ha pagado 270.000 millones de dólares: pese a ello, se sigue considerando a la Argentina un país moroso. El gobierno Kirchner bajó el retrato de Videla; pero continuó pagando sus deudas que según la teoría americana es deuda odiosa y no debe pagarse. Para esto hoy se utilizan los fondos de la Anses y del Pami, el de los ahorristas del Banco de Nación y las reservas del Banco Central, transformando el fraude en una deuda de toda la comunidad. La prioridad del país es investigar y anular la deuda ilegitima, para pagar la deuda interna con el pueblo argentino.
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