A días del tarifazo, sin luz y a la deriva

Damián Solanas, economista y referente de Proyecto Sur CABA, analiza las causas de la crisis del sistema de provisión de energía eléctrica en el AMBA.

A días del tarifazo, sin luz y a la deriva

El sistema de provisión de energía eléctrica en Argentina hace agua desde hace más de dos décadas y no por factores externos extraordinarios, no ocurren tornados ni huracanes demoledores. Apenas con temperaturas que superen los 30 grados alcanza para demostrar que en la Argentina del siglo XXI contar con electricidad continúa siendo un privilegio.

En las últimas jornadas calurosas se registraron cortes en más de 300 mil hogares, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano. Sin embargo, lo más insólito de este escenario aún no ha llegado. Se dará cuando en los primeros días de marzo los mismos usuarios que hoy sufren la desventura de no contar con este servicio esencial reciban en su factura un aumento del 500%, anunciado con desfachatez por el flamante Secretario de Energía, el ex CEO de la petrolera Shell, Aranguren.

En ningún país de los catalogados "desarrollados" se otorga cheques en blanco a particulares a cambio de promesas de inversión, eso se hizo aquí con los contratos de concesión en general y en particular con las distribuidoras EDESUR Y EDENOR por el curioso lapso de 95 años, como tampoco se premia con subas tarifarias cuando en su haber figuran deficiencias insalvables.
En el país cuyos gobernantes rehusan hablar de planificación estratégica, la única política de estado prevaleciente desde 1989 hasta hoy ha sido la de mantener el andamiaje legal del sistema de concesiones. Desde la asunción de Menem, todos los gobiernos han continuado con la telaraña que protege al sector concesionario que hace pie en la Ley de Reforma del Estado 23.696 y la Ley de Emergencia Económica votada todos los años con cada presupuesto.

En la región del AMBA, Edesur y Edenor fundamentaron cada año el déficit de su prestación en la falta de un horizonte firme y reglas de libre mercado, pero omiten decir que el sistema de subsidios mantenido y profundizado durante el kirchnerismo ha redundado en el mantenimiento de tasas de ganancia sectoriales en detrimento de la descapitalización de la infraestructura concesionada, acelerada por la profunda falta de inversión. Todo aquello, bajo la connivencia de los organismos de control estatal.

La farsa de la eficiencia privada choca de frente contra la realidad. A precio de compra subsidiado en el Mercado Eléctrico Mayorista, las distribuidoras han mantenido la precariedad estructural todos los años y, como corolario del último calor estival, Edesur ha declarado en su balance anual 2015 una utilidad neta de $1.342 millones. Por ende, ¿con qué argumento se le quiere hacer pagar a la sociedad un aumento de 500% de luz cuando carece de toda calidad su prestación? ¿a quién protege el Estado vigente?

El actual marco regulatorio del sector eléctrico descansa en la Ley 24.065 promulgada en 1992. La misma establece, entre otras cuestiones, que tanto el transporte como la distribución de la electricidad "deberán prioritariamente ser realizados por personas jurídicas privadas", y crea el organismo de contralor del sector "ENRE", constituido por un directorio de 5 personas elegidas por el Poder Ejecutivo. En su art. 60, se establece que dichos miembros "no podrán ser propietarios ni tener interés alguno, directo ni indirecto en empresas reconocidas como actores del mercado eléctrico". Sin embargo, desde su creación hasta hoy se ha contravenido permanentemente esa normativa.

El presidente del ENRE, Ricardo Martinez Leone, ha sido miembro integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Distribuidores de la Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), organismo que nuclea y defiende los intereses de las distribuidoras eléctricas. Martinez Leone, ha integrado el directorio del ENRE desde 1996 y en el período 2003/2008 ha dirigido el ente desde su vicepresidencia. A partir de 2014 Cristina Kirchner lo nombró en la presidencia y mediante el Decreto 258 de este año Mauricio Macri lo ha ratificado en sus funciones. Este último Decreto también tuvo como fin nombrar como directores del ente que controla a las privadas a Juan Carlos Garade quien se desempeñó durante 12 años como director de planificación en EDESUR y EDENOR, como así también se nombró a Ricardo Sericano quien fue gerente de EDENOR durante 8 años.
Para ser aún más concluyente, la Auditoría General de la Nación elaboró un informe en 2014 donde caracterizó objetivamente el desempeño del ente de control.

En el documento de la AGN se constata que "el ENRE no interviene en la definición de los planes de inversión comprometidos por las distribuidoras", que "los controles realizados..., con relación al avance físico del plan de inversiones de las distribuidoras, no se ejecutan de modo oportuno", que "no puede verificarse...control sobre el cumplimiento del plan de inversiones", que "el ENRE no tiene conocimiento acerca de la calidad técnica de las obras realizadas por las distribuidoras", que "no exige a las distribuidoras la presentación de la información sobre inversiones de manera completa y uniforme" y, por último, que "no ha podido verificarse que el ENRE haya aplicado procedimientos de control sobre los activos críticos de las distribuidoras, ni iniciado proceso sancionatorio alguno".

La desmedida suba de tarifas no cambiará el paisaje, tan sólo facilitará la liquidez de las privadas eliminando los desfases en los procedimientos burocráticos de cobro.

Los entes de contralor fueron y son estructuras al servicio de las concesionarias. Mientras se siga con la estructura legal que cimienta y protege al sistema de concesiones de servicios públicos se seguirá padeciendo un país sin rumbo propio, sin luz y a la deriva.