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Algo para recordar

La respuesta de la diputada al documento publicado por un grupo de economistas de izquierda.

Alcira Argumedo, diputada nacional de Proyecto Sur.El documento publicado en Argenpress el 3 de julio del corriente por un grupo de economistas de izquierda -“Argentina. Elecciones 2013: construir otro camino”- nos evoca algunas historias políticas que compartimos con varios de ellos y en particular con Julio Gambina. El primer recuerdo significativo se remonta a 1994, cuando ambos participamos en la Mesa Programática del Frente Grande y ambos fuimos derrotados por la posición de Marta Maffei quien, como representante de CETERA y la CTA, afirmó muy convencida que el proyecto del Frente Grande no podía basarse en el que venía debatiendo la CTA desde dos años antes “porque vamos a llegar al gobierno y no al poder”. Seguramente recordará Gambina que ese fue el aval y el apoyo decisivo para el corrimiento posibilista neoliberal del grupo del Chacho Álvarez, culminando en el gobierno de la Alianza y la convocatoria a Cavallo como Ministro de Economía. Al respecto, es bueno evocar las propuestas programáticas que elaboramos conjuntamente y -según nos enteramos por infidencias ministeriales de entonces- el mencionado Cavallo habría comentado “esto me preocupa, porque es serio”: mejor no pensar qué hubiera significado construir durante varios años una fuerza política alrededor de ese programa, como una alternativa diferente ante la crisis del 2001-2002.

Pero no sería esa la única oportunidad en que los referentes que ahora integran la UP en el frente Camino Popular, eludieran pronunciarse ante el saqueo de las privatizaciones y la estafa de la deuda externa. En la consulta del FRENAPO convocada el 14 y 15 de diciembre del 2001, plantearon una propuesta que no mencionaba ni la necesidad de revertir las privatizaciones, ni una auditoría de la deuda, ni una crítica a la Convertibilidad: precisamente las causas principales del despojo del patrimonio público y del incremento exponencial de la pobreza, la desocupación y la precarización laboral. Asimismo el Partido Comunista apoyaba la Convertibilidad, cuando solamente faltaban cuatro días para que estallara la crisis: es tener poco olfato. Dos años más tarde, en el documento fundacional de una fuerza política promovida por los mismos referentes -que nunca se construyó- tampoco se mencionaban las privatizaciones, aunque sí se enfatizaba que debíamos pagar la deuda externa, porque por entonces estaba en manos de carpinteros, plomeros y otros trabajadores europeos. Sucede que la Socialdemocracia y el Socialcristianismo europeos respaldan a sus corporaciones, principales beneficiarias del saqueo de las privatizaciones y la deuda (Iberia, Repsol, Banco Santander, Telecom, Deutsche Bank, Total y otras) y los sindicatos europeos tienen acciones e intereses en esas corporaciones; por lo tanto, las defienden. A su vez, esos sindicatos progresistas con intereses en las corporaciones son el respaldo financiero principal de sindicalistas progresistas de la Argentina: muchos conocemos cómo funcionan las presiones de los financiamientos internacionales. Si se trata de reivindicaciones laborales, todo bien; pero promover un proyecto político que toque realmente tales intereses, es otro tema. Al respecto, lejos de alejarse del FAP, la UP en Camino Popular ha declarado que para el 2015 continuará respaldando a Hermes Binner como candidato a presidente: coincidimos con la caracterización que de Binner hacen los economistas y para ello basta leer el programa binnerista “20 propuestas para los próximos 20 años”.

Los autores del documento se lamentan que la izquierda partidaria carezca de estrategia y esté signada por el sectarismo; sectarismo que “se verifica en el balance de la década. Presentan al kirchnerismo como una continuidad del menemismo, sin registrar la limitada recuperación de conquistas perdidas que percibe el grueso de la población. Como todo da igual, les parece insignificante el apresamiento de los genocidas presos o la estatización parcial de YPF”. Llama la atención que economistas de izquierda, quienes obviamente conocen los temas económicos estructurales, se escandalicen ante el sectarismo de considerar al modelo K como una continuidad del menemismo: no debe mencionarse entonces la vigencia de la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz; ni la política energética, dado que la nacionalización de YPF bajo la figura de Sociedad Anónima, permite otorgar ahora a la petrolera norteamericana Chevron ese misérrimo 15% del total de lo entregado con la privatización de 1992, cuando el miembro informante en el Congreso fuera Oscar Parrilli. Lo adicional es que se otorga con el fin de explotar gas y petróleo shale mediante la depredadora técnica del fracking, mientras el 85% restante sigue en manos de Repsol, Pan American Energy, ExxonMobil, Shell, Apache o Total. Tampoco debe señalarse que en diez años no se han modificado ni el sistema impositivo de alta regresividad de Cavallo; ni la privatización del comercio exterior y los puertos; ni la privatización y destrucción de los ferrocarriles: paradójicamente, la reversión de estos problemas se incluyen en las propuestas de los economistas “como parte de un programa transformador”. Habrá que esperar algunas décadas más.

Al mismo tiempo, olvidan mencionar algunos otros temas: las prebendas escandalosas recibidas por La Barrick Gold o Minera Bajo La Alumbrera para la explotación irresponsable de minería a cielo abierto con cianuro y ácido sulfúrico, sin ningún control; la promoción de las semillas transgénicas de Monsanto y el apoyo a los Grobocopatel y otros pools de siembra, permitiéndoles la destrucción de glaciares y bosques nativos; la negativa a impulsar una auditoría de la deuda -como hiciera Rafael Correa en Ecuador- y la farsa del “desendeudamiento”, con el pasaje de la deuda externa privada a organismos públicos como Anses, Pami, el Banco Nación y el Banco Central: una nueva estatización al estilo Cavallo. Si economistas de izquierda ignoran estas continuidades -y hay otras- no es extraño que los jóvenes de Marea Popular manifiesten, al igual que el gobierno nacional, que la única corporación en la Argentina es Clarín. Ni hablar de la descalificación de las denuncias de corrupción, definidas como “el típico mensaje del moralismo superficial”: no opinan lo mismo los familiares de la tragedia de Once, cuando desde su dolor afirman lucidamente que la corrupción mata.

Por el contrario, para nuestros críticos “la corrupción que objetan no obedece a la perversión de ciertos individuos o gobiernos, sino a la codicia que alienta el propio capitalismo para enriquecer a las clases dominantes”. Estamos perdidos; porque el “capitalismo serio” promovido por los K a partir de la creación de una “mítica burguesía nacional”, presenta serios problemas: los marxistas saben que en sus comienzos toda burguesía, como las burguesías europeas o las más recientes rusas, atraviesan una etapa de acumulación primitiva con robos, sangre y lodo: éste es el caso de los empresarios amigos -y socios- del poder, como Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Cristóbal López, Sergio Schoklender, los hermanos Cirigliano, Eduardo Eurnekián, Enrique Eskenazi, Daniel Vila y José Luis Manzano, Eduardo Elzstain, entre otros; a lo cual se suman las comisiones otorgadas a los funcionarios corruptos por las grandes corporaciones, a cambio de beneficios descomunales e impunidad; junto a personajes como los hermanos Juliá, con sus facilidades para pasar sin problemas por los aeropuertos de Morón y Ezeiza con una tonelada de cocaína o el próspero Héctor Capaccioli y los aportes provenientes del tráfico de efedrina a campañas electorales. Pareciera que el problema son las malas juntas de los Kirchner, porque las denuncias los tocan de cerca: a modo de ejemplo, hace ya veinte años, Ricardo Jaime firmaba junto con Alicia Kirchner y Carlos Zannini el decreto 309/92 del gobernador Néstor Kirchner, por el cual en enero de 1992 se establece una rebaja del 15% de los sueldos, jubilaciones y pensiones provinciales: un precursor del Cavallo de la Alianza. Pero desde la mirada de los economistas de izquierda, los hechos de corrupción no pueden impedirse; denunciarlos es “moralismo superficial”: solamente queda rogar a los dioses para que la “codicia” no sea tan grande.

Nos negamos a aceptar que “el apresamiento de los genocidas presos” sea un mérito exclusivo del kirchnerismo, más allá de su habilidad para apropiarse de la lucha epopéyica de las Madres y los organismos de Derechos Humanos durante casi treinta años, de la cual sus líderes nunca participaron. En cuanto a “la limitada recuperación de conquistas perdidas” que reivindican, efectivamente es muy limitada; en especial teniendo en cuenta las altas tasas de crecimiento que favorecieron al gobierno durante varios años. Si no nos guiamos por las estadísticas del Indec -que hablan de un 5% de pobreza y 1% de indigencia- tal limitación se evidencia dramáticamente en algunos datos: el 75% de los trabajadores entre 18 y 29 años están precarizados, en negro o desocupados, cifra que ronda el 50% de la PEA; la mitad de los asalariados cobra menos de $ 3.700; casi el 80% de los jubilados reciben el haber mínimo, mientras la canasta básica del sector duplica esos montos y se patean hacia delante, esperando que se mueran, los 500.000 juicios iniciados por mala liquidación. La Asignación Universal por Hijo dista de ser universal y alimenta el trabajo en negro, para que no se los quiten; los planes “Argentina Trabaja” y otros subsidios sociales son misérrimos y, lejos de ser un paso para garantizar el reingreso al sistema laboral en condiciones dignas, sientan las bases de un clientelismo que arrasa con la dignidad de los más golpeados: la principal obligación es concurrir a los actos o marchas, bajo amenaza de dejar de percibirlos. Que los economistas piensen que esto no es “continuidad” solamente se explica por razones electorales, si la intención es captar votos desgranados del kirchnerismo. Preferimos no creer que -como ha ocurrido demasiadas veces- por detrás de Camino Popular pueda estar la mano de Oscar Parrilli y sus operadores, piloteando desde las sombras un filo-kirchnerismo orientado a desgastar “por izquierda” la figura de Solanas, que amenaza seriamente las posibilidades de Filmus.

Vayamos entonces al corazón de la crítica, ante la decisión de Solanas de conformar la Coalición Sur en la CABA -integrada por Proyecto Sur, CC-Ari, Partido Socialista, Partido Socialista Auténtico y el grupo La Alameda, junto a otras fuerzas menores- y establecer un acuerdo con los radicales a fin de disputar en las PASO para definir a través de ellas la representación proporcional de cada fuerza, en vez de morderse los talones en las elecciones generales favoreciendo al Pacto Pro-K, que ha sido denunciado por varios legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Las fuerzas que integran la Coalición Sur han firmado un compromiso programático que retoma las propuestas formuladas por el Congreso Partidario de Proyecto Sur a fines del 2012, publicadas bajo el título Bases para un Proyecto Emancipador: se los haremos llegar oportunamente, así los economistas podrán evaluar cuánto más avanzada es esta propuesta respecto de su propio “programa transformador”. Aunque nuestros críticos afirmen que “no es creíble que ha suscripto un acuerdo acotado hasta octubre”, con las tres vertientes radicales que integran el UNEN se acordó la mencionada táctica electoral, pero no se han debatido con ninguna de ellas -es sabido que en el radicalismo existen múltiples y bien diferenciadas corrientes internas- pautas programáticas: a partir de octubre quedan dos años por delante donde se establecerán o no eventuales acuerdos con algunas de sus vertientes. Por lo demás, Prat Gay no nos ha convencido de pagar la deuda (los referentes de UP tampoco pudieron hacerlo en su momento); tampoco nos hemos vendido a la CIA, ni al Pentágono o al Departamento de Estado.

Los antaño defensores de la Convertibilidad de Cavallo -banco Credicoop incluido- formulan una dura condena a esa decisión de Solanas, que para ellos “contradice su nacionalismo popular tan pregonado en los últimos años”. Pretenden además, mostrar que esta torsión venía de antes, en tanto “su adaptación a la derecha fue anticipada por conductas parlamentarias junto al Grupo A”: los desafiamos a que demuestren cuáles de los casi doscientos proyectos presentados por Solanas y el bloque Proyecto Sur o de las respectivas votaciones en estos cuatro años, da cuenta de estas “conductas parlamentarias” que serían de derecha. No obstante, debemos reconocer que en algo tienen razón: efectivamente votamos con el resto de la oposición la ley del 82% móvil que después vetó la presidenta y también votamos junto “al Grupo A” contra la Ley Antiterrorista, promovida por el gobierno y repudiada por todos los organismos de Derechos Humanos, así como la aberrante Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, que afectará duramente al grueso de los trabajadores, incluyendo los de la CTA.

Como parte de las estrategias electorales de Camino Popular y otras fuerzas de izquierda, claramente asentadas en un ventilador ante su carencia de credibilidad -y eufóricamente difundidas por el amigopolio de medios K- los economistas formulan una condena aterrorizante: “Esta capitulación no quedará enmendada si en el futuro Solanas es marginado de la coalición derechista. Ese previsible desplazamiento no corregirá el daño causado a su declamado proyecto nacional”. Sin descartar que en el futuro pueda haber algún problema en la Coalición Sur -como ha sucedido en tantas experiencias- es posible que la magnitud de esta condena se deba a la bronca de no haber podido tendernos la misma trampa que nos tendieron exitosamente en el 2011 con el FAP, cuando los artífices de la traición fueron nuevamente Víctor De Gennaro y Claudio Lozano, entre otros. Da tristeza y ganas de llorar -al igual que en su patético spot- contemplar cómo, en sus pasos iniciales por la política, lo primero que los jóvenes están aprendiendo de sus mentores es a jugar sucio: un llamado de atención a los integrantes de Marea Popular.

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