Asambleístas de El Algarrobo colocan su bandera en el acampe frente a Tribunales.
Andalgalá no se toca aunque haya quita de retenciones y protocolo antipiquetes
Mientras en el acampe de Plaza Lavalle, frente a Tribunales, que se instaló el 1 de febrero, un cartel ordena “¡Andalgalá no se toca! En enero de 2010 se ha presentado un amparo ambiental para que se cumpla el derecho a vivir en un ambiente sano e incluye el acceso al agua como un derecho humano fundamental. ¡Sentencia ya!”, representantes de la Asamblea El Algarrobo, acompañados por Nora Cortiñas y Adolfo Perez Esquivel ascienden por las escaleras del palacio de justicia para entregar un petitorio que suplica a la Corte Suprema que resuelva el amparo presentado hace seis años.
Hasta que el expediente, iniciado en la ciudad catamarqueña de Andalgalá, no tenga sentencia a favor de la vida y la salud de los que residen allí, no va a haber paz social. “El proyecto Agua Rica comenzó en el año 2010. Cuando nos enteramos, ya con la experiencia de La Alumbrera, primera megaminera instalada en la zona, creímos que había que buscar una forma de frenarlo. Surgió la idea de hacer un bloqueo selectivo en el camino comunero. En seguida, el gobierno de la provincia lo categorizó como ruta provincial para que no podamos cortarlo. Gravísimo error, porque sabemos que una ruta no puede terminar en un punto muerto y esta nueva ruta termina en la entrada de la minera”, explica claramente Brian Chayle, de la Asamblea El Algarrobo. “De todos modos siempre aclaramos que hacíamos un bloqueo selectivo”, agrega.
En ese momento, los vecinos hacían guardias permanentes para bloquear la nueva minera y a sus proveedores. Esto generó una tensión que provocó fuertes incidentes el 15 de febrero de 2010. “Luego de la represión, no se imaginaron la reacción de la sociedad. Salió todo el pueblo a repudiar. Los mismos policías tuvieron que acuartelarse en la comisaría porque fue un estallido social”, recuerda Chayle. Fue tal el impacto, que la mañana siguiente el Juez de Minas de la provincia, dictaminó suspender el proyecto minero Agua Rica hasta que no regrese la paz social.
Pasaron seis años y la paz social aún no llega. Y se nota cada sábado, a partir de esa pueblada, cuando se pusieron de acuerdo para caminar en la Plaza 9 de Julio y “hacer entender al juez provincial, a la gobernadora, Lucía Corpacci, y a todo el que haga falta que hasta que no se cancele el proyecto minero no va a haber paz social”, dice el asambleísta.
El “andalgalazo”, como se recuerda, parece no importar al gobierno macrista porque durante este mes se puso la firma en el decreto 349/16, que reduce a cero las retenciones a las empresas mineras a nivel nacional. Fue en San Juan, que se anunció esplendorosamente la decisión de profundizar este método extractivista, donde hace 5 meses nada más, se produjo la ruptura de un caño de la empresa Barrick Gold, que contaminó el agua en las ciudades de Jáchal e Iglesia que condenó a esos pueblos a no poder tomar agua corriente. De hecho, Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Minera, el mismo que había asegurado que medio vaso de agua con solución cianurada en Jáchal no hace daño, declaró que esta quita tributaria “va a significar alrededor de 2,5 millones más de ingreso para los productores porque el 5% no se lo van a retener más”.
De nada sirve tampoco que se marche en Chilecito y Famatina, ciudades que han declarado que no admitirán que se instale en La Rioja ni una sola megaminera, aunque el ministro del Interior, Rogelio Frigerio haya declarado que la provincia es “inviable sin explotación minera”. Ahora estarán atrapados porque su único método de protesta va a ser coartado por el nuevo protocolo de seguridad.
Claramente este protocolo anuncia una profundización de la Ley Antiterrorista del kirchnerismo. Se presenta un problema adicional a los que ya tienen implantados las ciudades cordilleranas que explican de todas las formas posibles que “No es No” y que sin licencia social no hay extracción de megamineras cerca de ellos.
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