Ante la crisis de la deuda, la posición del Interbloque FAP-UNEN-CCARI

El Interbloque de senador FAP-UNEN-CCARI fijó su postura ante la crisis de la deuda.

Ante la crisis de la deuda, la posición del Interbloque FAP-UNEN-CCARI

En las últimas décadas, el Congreso fue sistemáticamente marginado de su atribución constitucional de intervenir en los asuntos de la deuda. La política de desendeudamiento iniciada por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna, y continuada por Amado Boudou y Axel Kicillof, se encuentra hoy en una situación crítica. Después de sucesivos errores y fracasos, el gobierno pretende que los legisladores de la oposición lo acompañen solidariamente, ante la posibilidad inminente que el país entre en default.

Durante el período de gobierno kirchnerista fueron omitidos los diversos proyectos presentados para conformar una Comisión Bicameral, con el objetivo de realizar una auditoría de la deuda. Asimismo se ignoró a la Justicia, en tanto el dictamen con sentencia firme -que no fue apelada- del Juez Jorge Ballestero, entregado al Congreso de la Nación en el 2001 establece la existencia de 477 hechos ilícitos y afirma que más de la mitad de la deuda es fraudulenta, solicitando que el Poder Legislativo la investigue.

Desde entonces, se siguió un camino inverso al de la decisión tomada por el presidente Rafael Correa de Ecuador, cuando una auditoria con expertos nacionales y extranjeros estableció la existencia de ilícitos similares. Ante los hechos, fueron los bancos quienes solicitaron negociar y aceptaron el pago de una tercera parte de la deuda total, a condición de que no se hicieran públicos tales ilícitos. Sin duda, las deudas legítimas siempre deben ser honradas; pero es preciso analizarlas para constatar su legitimidad.

Por el contrario, en vez de garantizar transparencia, en nuestro país se hizo un hábito del secretismo, tal como sucediera con el canje del 2010, el contrato con Chevron y el reciente acuerdo del Club de París: en estas oportunidades, el gobierno se negó a brindar la información requerida por los legisladores de ambas Cámaras del Congreso.

La deuda externa es una sola y creció exponencialmente durante la dictadura militar. El proceso de corrupción que se inicia entonces con su tratamiento -incluida la estatización de la deuda privada promovida en 1982 por Domingo Cavallo- se sustenta en un pacto de impunidad que reiteradamente ha impedido una investigación capaz de discriminar entre el endeudamiento legítimo y el fraudulento. Según cifras del Ministerio de Economía de la Nación, en los últimos treinta años se han pagado en concepto de amortizaciones, capital, intereses y punitorios, más de 400 mil millones de dólares, de los cuales 173 mil millones fueron pagados por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Esa millonaria suma se llevó el bienestar de los argentinos y dejó impaga la deuda interna con millones de jubilados que cobran un haber mínimo, de trabajadores sin cobertura social, de jóvenes que no trabajan ni estudian y el faltante de miles de escuelas, hospitales, transportes, obras de infraestructura, etc.

Un error adicional de la política de “desendeudamiento” ha sido la reiterada decisión de prorrogar la jurisdicción en tribunales extranjeros y, para colmo de males, incluir la aceptación de la prórroga de ejecución de sentencia en jueces extranjeros. La Fragata Libertad fue embargada por un juez de Ghana, país con el cual no tenemos relación alguna. Luego del fallo reciente de la corte de los EE.UU en el caso “discovery” los bienes del país en el extranjero corren serios riesgos de ser embargados.

Estas posibles consecuencias fueron advertidas previamente; no obstante, una vez más el oficialismo continuó con un mal manejo de las negociaciones, que nos han llevado a la crisis actual. Debe advertirse que en los útimos tres meses, el gobiero ha endeudado al país en más de 23.000 millones de dólares, con la indemnización a Repsol, la aceptacion de un aumento de 3.600 millones de dólares de la deuda con el Club de París y varios pagos por fallos del CIADI. El 90% de estos acuerdos, deberán ser afrontados por los próximos gobiernos.

La convicción de que estas desventajosas negociaciones nos sacarían del default y se lograría el desendeudamiento, se ha convertido en mito: el país continúa endeudado en más de 220.000 millones de dólares; en el presupuesto nacional para el 2014 figuran pagos previstos de la deuda por un total de 10.400 millones de dólares, mientras los vencimientos en el 2015 rondan los 20.100 millones y es previsible un incremento en las estimaciones reales del 2016 que podría llegar a 24.300 millones de dólares. La historia se repite: para afrontar estos pagos, el país estaría condenado a volver al círculo de hierro del endeudamiento.

Es nuestro deseo que el conflicto con los fondos buitres se resuelva de la manera más favorable a los intereses del país. El gobierno debe asumir su responsabilidad y evitar males mayores para el pueblo argentino. El Interbloque de Senadores Nacionales del Frente Amplio UNEN seguirá exigiendo el cumplimiento del art. 75 inciso 7 de la Constitución Nacional, que define como facultad del Congreso de la Nación el “arreglar el pago de la deuda”.

19/6/14
Interbloque de Senadores FAP-UNEN-CCARI
Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur-UNEN-Capital Federal)
Rubén Giustiniani (PS-Santa Fe)
Luis Juez (Frente Cívico de Córdoba)
Norma Morandini (Frente Cívico de Córdoba)
Magdalena Odarda (Frente Progresista-CC ARI-Río Negro)
Jaime Linares (GEN-Buenos Aires)