Por Jorge Luis Portero (Asesor Proyecto Sur). La práctica corrupta política del macrismo se naturaliza día a día.
Caso Niembro: la política corrupta naturalizada
“Todo legal” dice Macri, y repiten Maria Eugenia Vidal y Laura Alonso. En todo caso, si se violó la ley…eso lo resolverá LA JUSTICIA. Otros, como Paula Bertol, quieren justificar lo injustificable. Dicen que las contraprestaciones a cargo de la co-contratista LA USINA se realizaron ,a través de subcontratistas. Pero no aclaran lo fundamental: Para qué intermediaba la empresa de Niembro? Cuál era el servicio? Porqué se quedaba con una parte del pago, y repartía la otra a las empresas que verdaderamente hacían el trabajo? Esa comisión –en el mejor de los casos- era el precio que debían pagar las empresas para ser contratadas por el Gobierno de la Ciudad. Todo legal, no hay coima –cohecho-, por lo menos en los papeles, y encima, Niembro nos financia el alquiler de locales, o pone plata para la campaña, porque la política es muy cara, diría un puntero-militante del PRO
Recuerdo ahora, por ejemplo, la exigencia del Gobierno Nacional para que las empresas que exportaran a Venezuela, hicieran sus trámites aduaneros y de exportación a través de una consultora que se especializaba en ese tipo de trámites, y que cobraba un 10 o 15% por ello. Esto, en épocas de Uberti, y de la “embajada paralela” hace como una década, si no me equivoco.
Son intermediaciones que se imponen desde el Estado para contratar “con los particulares” que efectivamente hacen la tarea. El dinero –que sería como una legalización de la venta de influencia, de la “coima”- queda absolutamente blanqueado.
La naturalización de estas prácticas –y su impunidad- lleva a excesos patéticos: Estas intermediaciones se contrataron entre dos Estados, el Nacional y la Provincia de Formosa, para renegociar una deuda, y la empresa intermediaria se creó al efecto, emitiendo la primer factura válida de su historia comercial, como recibo de honorarios por esa gestión. La suma de $7.600.000 para que Boudou e Insfran resolvieran una deuda existente entre sus respectivos gobiernos.
También vienen a la memoria las intermediaciones –o gerenciamientos- de un tal Lugones, en el negocio de la salud, que dicen que respondía al tándem Nosiglia-Barrionuevo, y que oficiaba de nexo entre algunas Obras o Direcciones de Ayuda Sociales, y sus prestadores efectivos.
En mi Lomas de Zamora natal noventista fue donde tuve mi primera sospecha de estas prácticas, cuando algunos entonces jóvenes viejos conocidos, funcionarios municipales, me comentaban que ahora habían armado “una consultora” y que tenían mucho trabajo, hacían encuestas, que se las encargaba el propio gobierno municipal.
Antes todavía, recuerdo la ochentista Circular 830 de Anibal Reinaldo (Presidente del Banco Hipotecario y militante de la Coordinadora) que le permitía otorgar créditos hipotecarios discrecionalmente a gente que no calificaba según los requisitos legales, entre los que figuraron numerosos militantes y hasta legisladores de su corriente interna.
Leyendo El aparato de María O´Donnel, u otros de sus antecedentes y consecuentes, nos damos cuenta de algo: Estas prácticas se han vuelto moneda corriente, y la sociedad las ha naturalizado. En la corporación política se las justifica con el argumento de que la política es cara, que hay que mantener “el aparato”, que sirve a los Partidos no comprometidos con los grandes intereses para poder enfrentarlos, etc.
No se trata entonces sólo de castigar ejemplarizadoramente a los que dejaron sus huellas. Se trata de condenar y sancionar políticamente esas prácticas corruptas, que –además terminan no limitándose al “diego”. Concluyen en pagos por trabajos innecesarios, en priorizar realizaciones inútiles y postergar obras imprescindibles que hubieran evitado catástrofes, en tapar con prácticas patoteriles o mafiosas la posibilidad de que las mismas salgan a la luz. La corrupción también mata.
Y la primera medida es ser inflexible en la condena a la justificación de ellas. El Estado no es un botín para financiar la actividad política, ni con contratos trabajos de empresas proveedoras amigas, ni con contratos de empleo de militantes.
Por ahí se empieza, y después no se tiene autoridad moral para condenar social y políticamente a los que violan el Código Penal y las normas –escritas o no- de ética pública.
Eliminemos de nuestro vocabulario –y de nuestro pensamiento justificador- la naturalización de las “cajas políticas”, la idea del Estado como “botín” para financiar -desviando fondos que son del pueblo todo- nuestra actividad política, y prediquemos por el financiamiento estatal de la misma, tal como lo predica nuestro artículo 38 de la Constitución Nacional.
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