57 buques argentinos pescan en el Atlántico Sur. Junto a ellos, los buques extranjeros llevan 50 años invadiendo el mar argentino y el gobierno haciendo la vista gorda.
Un pequeño homenaje al recientemente fallecido Embajador Vicente Berasategui, al citar un artículo suyo donde nos recordaba que “las comunicaciones con las Islas acordadas en 1971 y las políticas de seducción del gobierno de Menem, que concluyeron en acuerdos bilaterales sobre pesca, hidrocarburos y otros, en nada atenuaron la voluntad británica de adoptar medidas unilaterales en la región en disputa”. Esto no parece entenderlo el actual ministro Jorge Faurie que persiste -ratificando el comunicado conjunto de 2016- en la aplicación de esas mismas políticas, contrarias a lo prescripto en la Constitución Nacional.
Hay quienes atribuyen al lobby ante el Parlamento inglés y el Foreign and Commonwealth Office de unos pocos isleños la lamentable situación Argentina en el Atlántico Sur y, ciertamente, si fuese así, sería una demostración de la incapacidad de todo un país para llevar adelante una estrategia que atienda nuestros intereses, contrastando con el éxito de un puñado de implantados. Pero no, no es así, son las políticas erróneas de nuestros gobiernos y sus incapacidades. Tal es el caso, de la ausencia de una política pesquera y exterior en esta materia, para “administrar” el recurso en el Atlántico Sur, que les ha permitido a los británicos en Malvinas subsistir en estos últimos 42 años y, a los buques extranjeros, expoliar nuestros recursos y poner en riesgo su equilibrio biológico, en evidente perjuicio a la explotación e industria nacional.
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