El gobierno nacional tiene en carpeta un proyecto para reestatizar la principal empresa petrolera del país. El costo de compra superaría los 11 mil millones de dólares y se planea una suerte de cogobierno con las provincias.
Aunque quedó sólo en una anécdota, la primera señal la dio el asesor del Ministerio de Planificación de la Nación, Roberto Dromi. El otrora ministro menemista dijo estar arrepentido de la privatización de YPF y pidió, irónicamente, que se convierta en una cooperativa. La otra señal la dio La Cámpora, que publicó carteles a favor a de la recuperación de la empresa estatal. La semana pasada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió de su convalecencia con una dura embestida contra las petroleras por la falta de inversión, lo que definitivamente creó un clima. El domingo, el matutino oficialista Página 12 publicó en su tapa la noticia de que el gobierno nacional estudia una reestatización de la firma. El lunes, la empresa acusó el golpe de los rumores y las acciones de YPF S.A. se derrumbaron un 10%.
Una fuente cercana al Ministerio de Economía de la Nación aseguró a E&E que el proyecto existe y que les fue comunicado a los gobernadores de las provincias petroleras. Se les prometió, aseguran, una suerte de cogobierno en el directorio, donde los subestados tengan voz y voto. De todas formas, durante toda la semana reinó el silencio oficial, algo que, lejos de despejar los rumores, los alimentó.
El cierre de la semana largó otra señal: el gobierno dio de baja los programas plus, en una medida que afecta directamente a YPF. La trinchera comienza a abrirse.
Barreras y beneficios
Más allá de las apreciaciones, el camino de una eventual reestatización tendrá varias barreras. La primera es la económica. Especialistas consultados por E&E aseguran que el valor de mercado de la empresa oscila ente los 11 y los 20 mil millones de dólares. El gran margen obedece a las reservas que se toman como legítimas y a la forma en que se evalúan los recursos aún no certificados. Algunos, más osados, se atreven a aventurar que podría aplicarse el capítulo de la ley de hidrocarburos que anula las concesiones ante la falta de inversiones. Como referencia, las reservas del Banco Central apenas superan los 45 mil millones de dólares. Una vez comprada la empresa, el Estado debería hacer una inyección de fondos anual de alrededor de 3 mil millones de dólares para explorar y explotar recursos en todo el país.
La otra barrera sería netamente política. Argentina posee un vasto vínculo comercial con España, que podría resentirse en caso de quitarle a Repsol uno de sus huevos de oro. Al cierre de esta edición se esperaba que el propio presidente del holding, Antonio Brufau, arribara al país para mantener una reunión con la Presidenta. El impacto sería menor para la familia Esquenazi, accionista local de la firma, que compró el 25% del paquete accionario a través de una financiación que se cubrió con las propias ganancias de la empresa. YPF es una de las pocas firmas en el país que reparte el 90% de sus utilidades, algo que también causó malestar en el gobierno nacional.
Una eventual reestatización traería, haciendo trazo grueso, dos ventajas centrales para el Estado nacional y las provincias productoras. El primero es la posibilidad de controlar un recurso estratégico en medio de un décifit energético que encendió la luz roja en la Casa Rosada. El crecimiento a tasas chinas disparó el consumo eléctrico y las inversiones en el sector no logran acompañar esa demanda. La lógica rentística del mercado le ganó a la estrategia de desarrollo. Los esfuerzos estatales para encauzar la situación tampoco fueron los deseados: la madeja de subsidios que se tejió para el sector obliga ahora a complejas ingenierías para dar marcha atrás con el menor costo posible para el consumidor. Tampoco es alentadora la importación de gas licuado de Qatar, sensiblemente más caro del que podría producirse en Neuquén si se hicieran las inversiones necesarias.
El otro, de corte más fiscal, es la captura de la renta que hoy queda en manos de las empresas. Según Diego Mansilla, autor del libro “Hidrocarburos y política energética”, entre 1996 y 2005 las operadoras y las refinerías se quedaron con el 60% de la renta petrolera. Un 30% fue para Nación vía retenciones y el 10 restante a las provincias en concepto de regalías (ver cuadro).
Impacto local
Una eventual reestatización de YPF tendría un fuerte impacto en la provincia. Se trata de le empresa más grande que opera en Neuquén y por consiguiente la que más aportes impositivos hace.
Ante las versiones, desde el Gobierno reinó la prudencia. Consultado sobre el tema en una ronda de prensa, el gobernador Jorge Sapag dijo que lo importante es debatir las inversiones y no “paquetes accionarios”.
El que sí se refirió de forma más expresa al rumor fue el ministro de Energía, Guillermo Coco. En diálogo con LU5, aseguró que “no será fácil”, un proyecto de este tipo, no sólo por el alto valor de mercado de YPF sino por las inversiones a realizar, que serán de 2 mil millones de dólares en 2012.
“Si quisieran acelerarse las inversiones, por ejemplo, en el juego no convencional, tendríamos que estar hablando de inversiones de entre 3 mil y 4 mil millones de dólares al año, mínimo”, señaló el ministro.
“Comprar una compañía de este tipo, estatizarla, no es sencillo, y hay que ver el día después qué es lo que uno hace”, remarcó.
Desde el lado gremial, directamente se desacreditaron las versiones. El secretario general del sindicato del Petróleo, Guillermo Pereyra, dijo a E&E que una reestatización es “imposible” por el precio que vale YPF. “Desde el gobierno no hay nada”, indicó el sindicalista, de llegada a la Casa Rosada.
“Yo opino que debe haber mayor control en las empresas, meterse adentro incluso, que las provincias tengan representación en el directorio. Pero que sigan en manos privadas”, enfatizó.
“No creo que el Gobierno tenga interés en sumarse al tema”, concluyó.
Petrolera nacional
La prudencia que tienen los actores locales se reproduce en el ámbito académico. De todas formas, especialistas consultados por E&E se mostraron entusiasmados con la idea de una eventual vuelta al Estado.
“Tenemos que desmalezar el tema”, desafió el economista del Grupo Moreno, Félix Herrero. Crítico del gobierno nacional, aseguró que lo más importante de los rumores es que instalan el tema en la agenda pública.
“En octubre del año pasado, The Economist sacó una lista de las 20 principales empresas del sector. De ellas, 16 son estatales, una mixta y tres privadas (Exxon, Shell y BP, que están entre los últimos lugares). Esto es todo una señal”, sostuvo el especialista.
“Necesitamos una empresa federal, que las rentas lleguen a la provincia. El dominio nacional debe ser coparticipado con las provincias”, detalló.
Con el mismo foco, el especialista de la Fundación Bariloche, Víctor Bravo, sostuvo que “YPF no debió haberse regalado nunca”.
“Una empresa estatal no tiene que distribuir beneficios. El año pasado, la distribución de beneficios de YPF fue mayor a lo que destinó a la exploración. Esto lo hizo para reponer el préstamo que le hizo a la familia Esquenazi para la compra de acciones”, explicó.
“Si existiera una empresa petrolera estatal, podría planificarse. Significa que aún con un margen de error, se pueda hacer lo que se tenga que hacer para que no falte petróleo o haya capacidad de refinación”, remarcó.
Consultado sobre qué modelo de empresa encarar, si una mixta o una netamente pública, señaló que “no hay nada que pensar: un modelo como el de la vieja YPF”. “Habría que hacer una empresa donde las provincias con su potestad de manejo se unieran junto a Nación, en un directorio compuesto, y esa empresa federal fuera la que explotará el petróleo”, concluyó 2
(*) La Mañana de Neuquén
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