El Movimiento Proyecto Sur se pronuncia sobre la crisis de nuestra provincia, Los habitantes bonaerenses rehenes y víctimas de un sistema.
Mario Mazzitelli, Vilma Ripoll y Mario Cafiero
La crisis de la provincia de Buenos Aires ha puesto al descubierto lo que veníamos denunciando desde hace tiempo: la inviabilidad financiera de la administración de la principal provincia argentina, evidenciada por un déficit y endeudamiento que ha crecido vertiginosamente. Con la contradicción de ser la provincia más rica del país, la que produce el 37% del PBI nacional, concentra el 38% de los habitantes y el 48% de las empresas.
La responsabilidad de esta situación y del ajuste en curso con los aguinaldos, le cabe tanto al gobierno de Scioli como al de Cristina Kirchner. Pero es el gobernador Scioli quien debe proponer y adoptar medidas que encaminen la solución de esta grave crisis. Mientras el gobierno de Cristina debe aportar inmediatamente los fondos para pagar los aguinaldos por lo que le deben a la provincia.
No hay más lugar para las soluciones coyunturales ni para parches financieros que estiren una agonía. Tampoco sirven más las conductas obsecuentes, ni los alineamientos incondicionales de Scioli. No es solución apelar a prorrogar las cuestionadas licencias del juego, ni mal vender los activos del Banco Provincia, ni a leyes de emergencia para descargar la crisis sobre el pueblo trabajador.
Es la hora de defender los intereses de 15 millones de bonaerenses que son rehenes de una disputa política, pero también víctimas de un saqueo económico. En realidad ha llegado la hora de defender a los 40 millones de provincianos que habitamos las 24 provincias argentinas. Porque el problema de la falta de recursos por la coparticipación de impuestos no es un problema entre las provincias, es fundamentalmente un problema entre todas las Provincias y la Nación.
Esta relación ha ido distorsionándose en los últimos 30 años. Por un lado, la Nación ha transferido la casi totalidad de sus funciones a las Provincias (salud, educación, etc.) y al mismo tiempo le ha ido retrayendo recursos de la coparticipación de impuestos, mediante los Pactos Fiscales I y II, con la creación de impuestos no coparticipables, etc.
Antes, por la coparticipación federal, los impuestos se repartían un 50% para la Nación y un 50% para las Provincias. Ahora, la ley establece un reparto del 65% y 35% respectivamente, pero en realidad el gobierno nacional se queda con entre el 73% y 76% de los ingresos, mientras destina a las provincias apenas entre un 27% a 24%.
Por eso la crisis no es sólo de Buenos Aires, también enfrentan graves problemas Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y otras provincias. O sea que, en este supuesto modelo de “crecimiento e inclusión”, las provincias, que son las que prestan los servicios básicos para la vida en comunidad (salud, educación, seguridad, justicia, asistencia social, etc.) no tienen “incluido” el financiamiento adecuado.
Este modelo -centralizado- de recaudación nacional y –descentralizado- en prestaciones provinciales deficientes, ha sido muy útil para el gobierno nacional. Desde el punto de vista financiero, porque con los recursos sustraídos a las provincias, se ha pagado parte de la deuda nacional; y desde el punto de vista político, porque le ha permitido disciplinar a los gobernadores. Pero todo tiene un final y estamos en el final de ciclo.
Prueba de ello es la recesión económica en ciernes, los problemas fiscales nacionales (a pesar de haber echado mano, además de las cajas de las provincias, también al Banco Central, al ANSES y a las obras sociales gremiales) y una altísima presión fiscal que asfixia al aparato productivo.
Ante todo ello, lo peor que podemos hacer es actuar pro cíclicamente, como por ejemplo, no pagar los aguinaldos y plantear leyes de emergencia y ajuste. O recurrir a renovar las licencias del juego y sin licitación. Ni mucho menos, quitarle al Banco Provincia parte de sus activos financieros como los bonos BOGAR. Este manotazo pondría en grave riesgo patrimonial a la entidad. Una entidad que todavía no se ha repuesto de la crisis del 2001, a punto tal que todavía contabiliza en su balance a los bonos BOGAR a un precio muy superior al real de mercado porque, de lo contrario, no tendría patrimonio neto.
Igualmente repudiamos cualquier intento de utilizar los justos reclamos de los trabajadores para las disputas institucionales y crisis internas del oficialismo gobernante.
Por eso venimos apoyando a los estatales en sus medidas de fuerza y reclamos; exigiendo que el gobierno nacional aporte inmediatamente los fondos para pagar los aguinaldos en una sola cuota.
No hay espacio para parches, hay que ir por las soluciones de fondo, para ello proponemos convocar a todas las fuerzas políticas y sociales bonaerenses a discutir una agenda común alrededor de estos cinco puntos:
1.La Provincia de Buenos Aires debe impulsar un reclamo multisectorial federal con todas las provincias para exigir a la Nación una coparticipación justa y automática de los impuestos; y derogar los Pactos Fiscales I y II.
2.Reclamar al gobierno provincial que promueva una acción judicial ante la Corte Suprema, denunciando el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional del piso mínimo fijado en la ley de de coparticipación vigente.
3.Hasta tanto se dirima esta cuestión: suspender el pago de intereses y capital de la deuda financiera provincial, y mantener intacto el pago de salarios y prestaciones.
4.Potenciar al Banco Provincia para mantener el nivel de actividad económica, aplicando si es necesario, la independencia que le brinda el Pacto de San José de Flores.
5.Rechazar todo aumento de endeudamiento o de impuestos, que no sea en el marco de una reforma impositiva integral y progresiva (donde paguen más los que más tienen y las ganancias empresariales), en el marco de una nueva coparticipación federal (que distribuya lo recaudado de manera justa y automática).
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