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Denuncia: Fernando "Pino" Solanas contra Axel Kicillof

Denuncia: Fernando "Pino" Solanas contra Axel Kicillof.

Denuncia: Fernando "Pino" Solanas contra Axel Kicillof.

 EFECTUA DENUNCIA PENAL.

 

Señor Juez Federal:

FERNANDO EZEQUIEL SOLANAS, Senador de la Nación, con domicilio en la calle Hipólito Irigoyen 1710, piso 5°, of. 510, y constituyéndolo legalmente en la Av. Rivadavia 1829, piso 6°, ante V.S. me presento y como mejor proceda en derecho respetuosamente digo:

I.- OBJETO.- Que vengo a efectuar formal denuncia penal, contra el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Axel Kicillof, por la posible comisión de los delitos previstos y penados por el art.248 del Código Penal de la Nación, en atención a las circunstancias de hecho y razones de derecho que a continuación se exponen. Mi obligación de denunciar surge de lo establecido por el artículo 177, inc.1 del Código Procesal Penal.

II.- HECHOS                                      

                                     El día 30 de mayo del corriente el Ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que se había llegado a un acuerdo con los países que integran el llamado Club de Paris, y resaltó los efectos altamente positivos del mismo. Sostuvo textualmente “Este acuerdo beneficia a todos los argentinos porque salimos de la condición de irregularidad con las 19 naciones más importantes del mundo, que representan el 55% del PBI mundial”,.
A su vez, Kicillof agregó que el acuerdo “es una especie de esfuerzo compartido. Es una forma de que los gobiernos insten a las empresas a que generen inversiones en el país”. “Una vez que empecemos a pagar los primeros vencimientos, van a volver a habilitar las ventanillas para que esos países le presten a las empresas que quieran invertir en Argentina”.

Respecto del monto del acuerdo el ministro aclaró que los 9700 millones de dólares que se deberán pagar, “surgen de la aplicación de los contratos convalidados por el Parlamento argentino”, terminando por aclarar que
No vamos a repudiar la deuda heredada, la vamos a pagar, pero no lo vamos a hacer en condiciones que dejen de rodillas a Argentina”,

A los efectos de una mejor ilustración de V.S. respecto a estas operaciones, resulta importante aclarar que la deuda con el Club de París, se arrastra desde el default del año 2001, y que el 2 de septiembre de 2008, la Presidenta de la Nación, decidió pagarla en su totalidad con las reservas del Banco Central, para lo cual emitió el Decreto 1394, que también fue firmado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Massa, norma que fue tácitamente suspendida, sin que se diera a conocer los motivos de la decisión, pero que sigue teniendo vigencia, y de la misma surgen las presuntas facultades del ministro para proceder a su cancelación, aunque en esa fecha no se hiciera constar monto alguno de la misma.

Debe recordarse que en mayo del año 2011, trascendió que el entonces Ministro de Economía, Amado Boudou habría arreglado finalmente el monto a negociar con el Club de Paris, habiéndose fijado en ese momento en la suma de 8470 millones de dólares la deuda a pagar. Se enfatizó el “éxito” de haber conseguido una rebaja importante al no reconocerse deudas consideradas ilegítimas. Según fuentes de la cartera económica en ese momento las “deudas que se incluyeron tienen como fundamento contratos acordados luego de diciembre de 1983. Esto llevó a rechazar varios reclamos de acreedores, que sumaban más de cien millones de dólares, que pretendían incluir presuntas deudas basadas en contratos efectuados durante la dictadura militar, no convalidadas por un gobierno democrático” (Diario Página 12, 15/5/2011).

Aunque todas las negociaciones que se efectuaron siempre fueron secretas, los pasivos incluidos también lo son; no se conoce el detalle de los créditos reclamados y el nombre de las empresas privadas involucradas, cuyas deudas asumiera el Estado Nacional. Cuando se difundió la noticia de esa quita de 100 millones de dólares, por ser deuda de la dictadura, nuevamente se falseó la realidad y se distribuyó información que no se ajustaba a la realidad,   pretendiendo mostrar una actitud independiente y soberana en el manejo de las negociaciones Además del hecho inédito de plantear la ilegitimidad de una parte del endeudamiento que se originara durante la dictadura militar, estableciendo así una supuesta porción ilegítima en forma totalmente discrecional, como si el resto correspondiera en su totalidad a operaciones legitimas y de indudable legalidad.

Pero como siempre la realidad viene a contradecir el discurso los hechos resultan sustancialmente distintos y las deudas reclamadas por los países que integran el Club de Paris, como provenientes de la dictadura cívico-militar no se reducen a esos exiguos 100 millones de dólares que supuestamente se habrían descontado, sino forma parte de una cifra sustancialmente mayor, que nunca ha sido informada en detalle debido al secretismo que impera en todas las negociaciones externas.

Para poner en evidencia cual es la realidad que el gobierno pretende ocultar con su acostumbrado palabrerío mediático pero insustancial, resulta necesario efectuar una serie de puntualizaciones que tienen que ver con esa deuda que se viene arrastrando desde 1983, y que fue objeto de diversas negociaciones para que la misma se siguiera incrementando a pesar de los pagos que se efectuaran, incorporándose posteriormente nuevas deudas.

Las obligaciones que se han reconocido, mediante el Acuerdo firmado, tienen en gran parte su origen durante la gestión del dictador Videla, y corresponden a compras de armamentos e importaciones no declaradas y fueron acrecentadas posteriormente con nuevas deudas contraídas durante la década del 90, después de realizada la V Ronda de negociaciones que culminara en el año 1992, durante la gestión del ministro Domingo Cavallo.

Para tener una idea exacta del significado de lo que se va a pagar, es necesario retroceder unas décadas, y llegar hasta el año 1985, cuando comenzaron las primeras negociaciones. En ese entonces el monto de la deuda a renegociar era de 5500 millones de dólares y se estableció como fecha de corte el 10 de diciembre de 1983. En esa fecha (Ronda I) se llegó a un acuerdo por la suma de 2250 millones de dólares, incluidos capital e intereses, siendo importante puntualizar, que todavía las estimaciones no eran definitivas, por lo cual el gobierno de Raúl Alfonsín siguió recibiendo reclamos de acreedores para la posterior conciliación.

En la segunda Ronda, se sumaron montos no refinanciados en la primera y la deuda se estimó en 4250 millones de dólares hasta 1986. Luego en el acuerdo firmado en 1987 se fijó en 5303 millones. Estos montos se fueron modificando con la inclusión de otras deudas, como las de Cogasco, que entraría posteriormente.

Al poco tiempo de asumir Carlos Menem y firmado el acuerdo con el FMI en noviembre de 1989, comenzó una nueva ronda de negociaciones donde se incluyeron 1200 millones de dólares de atrasos en los que había incurrido el gobierno radical. Se acordó capitalizar los intereses atrasados y postergar los vencimientos para los años siguientes, efectuando pagos poco relevantes.

El 19 de septiembre de 1991, se firmó el acta multilateral que puso término a la Ronda IV, consolidándose la deuda, incluidos los atrasos en 7592 millones de dólares.

El último acuerdo con el Club de Paris (Ronda V) se firmó en el marco de toda la reestructuración de la deuda externa efectuada en 1992 a través del Plan Brady, que contó con la participación del FMI, el Banco Mundial y el BID. La deuda a esa fecha quedó en 8900 millones de dólares, a través de distintas reprogramaciones que se hicieron, estableciéndose un nuevo cronograma de pagos, para llegar a cancelar la misma.

En el Boletín Fiscal de la Nación, se indica que al 30 de diciembre de 1996 la deuda era de 6.725 millones de dólares, haciéndose constar además la existencia de deudas con otros acreedores bilaterales, por la suma de 3.436 millones de dólares. La cifra disminuyó en 1997 a 5.144 millones, más 2959 por deudas bilaterales. En 1998 la deuda era de 4512 millones de dólares, más 2943 (bilaterales), en 1999 es de 3235, más 2682 (bilaterales) y cuando se produjo el default del 2001 la deuda era de 1879 millones de dólares, más 2579 millones en concepto de otros bilaterales. Estas deudas bilaterales son préstamos que se negociaron en el marco del Club de Paris, e integran las sumas que se reclamaron al país.

Producido el default y la interrupción de los pagos, y con una deuda total de 4.458 millones de dólares, comenzó nuevamente el crecimiento de la misma, capitalizándose los intereses, estimándose que hasta diciembre del año 2010 la deuda con el Club de París era de 6298 millones de dólares, según los informes del Ministerio de Economía, por lo que el acuerdo firmado por el Ministro, significa un incremento de 3.402 millones de la misma moneda, sin que se conozca cuales han sido los cálculos que se efectuaron, los intereses exigidos por los acreedores, y que fueran reconocidos por el ministro Kicillof, a los efectos de terminar la negociación.

Como lo indicara anteriormente, la deuda dejada por la dictadura era de 5500 millones de dólares al 10 de diciembre de 1983, no estando incluida la deuda de Cogasco que era de 918 millones de dólares, la que fue agregada en los acuerdos de 1987. Es decir que sumadas ambas obligaciones nos daba un stock de deuda proveniente de la dictadura de 6418 millones de dólares.

A pesar de los pagos que se efectuaron, la deuda siguió creciendo porque se sumaron las obligaciones contraídas con Alemania para la construcción de la Central Atómica Atucha II, por un monto cercano a los 1000 millones de dólares, que si bien fue licitada durante la dictadura, los primeros reembolsos fueron posteriores a diciembre del 1983. Es decir que este crédito recibido durante la gestión de Alfonsín sería el único no cuestionable, por haber sido empleado para los fines por los cuales fue solicitado y el carácter democrático del gobierno que intervino en su efectivización. Para no citar varios documentos que así lo determinan, solo haremos referencia a la nota enviada por el Ex ministro de Economía, Dr. Domingo Cavallo, al Presidente del Club de París, Jean Claude Trichet, con fecha 5 de junio de 1992, donde le expresaba la aceptación de la propuesta de la “reprogramación de los vencimientos de las obligaciones financieras contraídas antes del 10 de diciembre de 1983 por el sector público y aquellas del sector privado cubiertas por un contrato de seguro de cambio o con garantía pública, y cuyos vencimientos ocurrirán con posterioridad al 30 de junio”

Cabe hacer un paréntesis para referirme a la deuda contraída con la empresa Cogasco, reclamada por Holanda, y reconocida en este acuerdo, porque es una evidencia más de los manejos especulativos de los inversores privados con la anuencia de los funcionarios de la dictadura. Esa obligación fue materia de una pericia efectuada por los auditores del Banco Central de la República Argentina, y copia de la misma se encuentra agregada, en la causa N° 9147, caratulada “Olmos Alejandro s/ denuncia” en trámite ante el Juzgado de Primera Istancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del Dr. Sebastián Roberto Ramos, por la Secretaría N° 4

La empresa Cogasco S.A. fue estructurada con el objeto de construir el gasoducto centro-oeste que unía a las provincias de Neuquén y Santa Fe, cruzando por La Pampa, Mendoza, San Luis y Córdoba estando controlada la sociedad por la firma Nacap BV, de Holanda. Como en casos similares se recurrió al crédito externo, y fue así que se obtuvo un préstamo por 918 millones de dólares del Amro Bank, de los cuales entraron al país 292, siendo depositado el resto en el exterior, el que fue utilizado por la empresa para diversas operaciones de pases, obteniendo importantes diferencias de cambios. Además de ello se cancelaron importaciones temporarias, que no generaban movimiento de divisas, con el dinero de la empresa existente en el exterior. Los peritos que auditaron la deuda mostraron las irregularidades consignadas, la falta de entrada del dinero y una serie de irregularidades e ilícitos, que hacían pasible a la empresa de la aplicación del régimen penal cambiario, lo que significaba multas que iban de 1 a 10 veces el valor de las infracciones cometidas. Debido a que el grupo controlante de Nacap quebró, las acciones pasaron a ser manejadas por el Amro Bank de Holanda, que como integrante conspicuo del Club de París, impuso sus condiciones a los negociadores argentinos, para transformar deudas inexistentes en obligaciones de la República. Los auditores estimaron que las multas podían llegar hasta la suma de 2000 millones de dólares

En la investigación llevada a cabo, se individualizaron con claridad las maniobras llevadas a cabo por esta empresa, sus incumplimientos contractuales, las infracciones a la ley penal cambiaria, lo que llevó a los inspectores a determinar que debían darse de baja del registro de la deuda la suma de U$D 918.3 millones, debido a "fondos no ingresados al país el no-reconocimiento de cláusulas contractuales sobre tipo de pases" Sin embargo y a pesar de las evidencias incontrovertibles que surgían de toda la documentación analizada, el Jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, Dr. Carlos Melconian, elevó con fecha 24 de agosto de 1987 un informe a la Gerencia de Estudios y Estadísticas del Sector Externo, donde decía textualmente: "No obstante la baja comentada, debe señalarse que sobre la base de los lineamientos para un acuerdo final sobre el contrato del Gasoducto Centro Oeste (informe 480/160 (Expte. 105.322/86) serán refinanciados dentro del marco del Club de París los atrasos que Gas del Estado mantenía con Cogasco S.A. al 31 de diciembre de 1985 (...) Todo ello implica registrar como deuda de la República Argentina y de Gas del Estado las correspondientes obligaciones, por un monto estimado de UD$ 955 millones". El documento fue elevado por la Gerencia a la Comisión N° 2 del Directorio quien la aprobó con la firma de los Dres. Daniel Marx y Roberto Eilbaum, siendo ratificada luego por el Dr. Marcelo Kiguel, Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Banco Central con fecha 21 de septiembre del referido año.

A la deuda de la dictadura refinanciada en el año 1992, se sumaron otras obligaciones contraídas por el gobierno de Menem, lo que explicaría el incremento de la deuda, hasta la cifra que actualmente se conoce. En lo que hace a la originada entre 1976 y 1983 como lo consignara anteriormente, habría quedado en 1879 millones de dólares en el año 2001, por lo cual si se suman los intereses hasta la fecha, que pretende cobrar el Club de París, el resultado sería la deuda neta dejada por la dictadura que correspondería impugnar, dejando sujetas a revisión las otras obligaciones de la década del 90.

Quizás lo difícil para desentrañar la exactitud de las cifras, y mostrar las nuevas deudas, que se acordaron con el Club de París, lo constituye la inexistencia de documentación verificable en el Banco Central y en el Ministerio de Economía. Las cifras que he consignado en los párrafos anteriores son solo datos estadísticos tomados de la Subsecretaría de Financiamiento y del Boletín Fiscal de la Nación. Y digo esto porque en el año 2011, en mi carácter de Diputado de la Nación solicité al entonces Ministro, Lic. Amado Boudou datos sobre las deudas, e información sobre lo que se iba a pagar, sin merecer respuesta alguna. Volví a insistir, y el Director de Deuda Pública del Ministerio de Economía me contestó que se debía pedir la información al Banco Central de la República Argentina, ya que ellos no tenían documentación alguna sobre esa deuda. Enviada la nota correspondiente a la Lic. Marcó del Pont, presidenta del banco, se me informó, que ellos no tenían ninguna documentación y que había que pedirla en el Ministerio de Economía. Como en una verdadera comedia de enredos, cada una de esas instituciones le adjudicaba a la otra la posesión de documentos que aparentemente ninguna tenía. Finalmente a los pocos meses recibí una nota del Contador Amado, Director del Departamento de Deuda Externa del Ministerio, acompañando un listado de acreedores, con montos, indicando en forma expresa, que esos datos eran toda la documentación que tenían. Es decir simples anotaciones estadísticas sin valor contable. Tampoco tenían documentación sobre los préstamos, el origen de los mismos, el empleo del dinero, absolutamente nada. Esto no es nuevo y revela la manera de manejarse de los organismos del Estado, ya que en oportunidad en el que Juzgado en lo Criminal y Correccional federal N° 2, solicitara al Ministerio de Economía y al Banco Central, documentación sobre la deuda externa pública, también contestaron que no tenían ningún papel, solo anotaciones estadísticas sin valor contable, como si las mismas pudieran constituir fundamentos sólidos para cualquier negociación con los acreedores.

Esa falta de documentación respaldatoria de las obligaciones cuyo pago ha sido acordado con el Club de París, significa que el gobierno a negociado la deuda, sobre unos pocos e insuficientes datos, dejando nuevamente al arbitrio de los acreedores la fijación de los intereses, y los punitorios, como ya ocurriera en otro momento, y naturalmente las condiciones del acuerdo.

La Base Sigade del Ministerio de Economía, da los montos pormenorizados de los acreedores bilaterales, y no existe información discriminada sobre los montos correspondientes a las operaciones contraídas entre los años 1976 y 1983, y los posteriores acuerdos, pero como decimos son solo informaciones estadísticas, porque la documentación no se encuentra, según la información oficial en nuestro poder. Ello supone, como en otras épocas negociar sobre la base de la documentación en poder de los acreedores, lo que supone un verdadero despropósito.

La conclusión final es el acuerdo firmado por el Ministro Kicillof, el 29 de mayo, reconociendo una deuda de 9700 millones de dólares, pagaderos en julio, 650, en el 2015, 500 millones de dólares más y cinco cuotas, con intereses, como lo informaran distintos medios aunque excepto un escueto comunicado, no se conocen los detalles del cálculo sobre la deuda, y los intereses, más los punitorios reconocidos, ya que el acuerdo es secreto, al no haberse dado a publicidad el mismo.

Tal como lo establece el artículo 75, en sus incisos 4 y 7, el Congreso de la Nación es el único autorizado para contraer empréstitos y arreglar la deuda pública de la Nación, careciendo el Ministro de Economía de facultades especificas, para un acuerdo de este naturaleza. Además se desconoce cuáles han sido los términos del mismo y las obligaciones contraídas en nombre del país, como así también las exigencias de Club de París, reconocidas por el ministro para celebrar el acuerdo. Si bien el artículo 69, inciso e de la Ley 24.156, establece que la Oficina de Crédito Público del Ministerio de Economía tendrá competencia para normalizar los procedimientos de emisión colocación y rescate de empréstitos, así como lo de negociación, contratación y amortización de préstamos, en todo el ámbito del sector público nacional, ello en modo alguno significa tener facultades, para negociar deudas pasadas, y muy especialmente una deuda de la dictadura cívico-militar, que es materia de una investigación, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del Dr. Sebastián R. Ramos.

Resulta necesario puntualizar que no es cierto que el Parlamento argentino, haya convalidado la deuda con el Club de Paris, ya que en ningún caso, los acuerdos celebrados con los países que lo integran fueron materia de discusión en el parlamento, sino que se trató de simples informes del Poder Ejecutivo, sobre condiciones acordadas, para la refinanciación de estas deudas.

Además de lo consignado en los párrafos anteriores, era obligación de Ministro de Economía informar al Congreso de la Nación sobre lo negociado, ya que tratándose de un acuerdo celebrados con 19 países, es necesario que el Congreso de la Nación en uso de las competencias específicas que le señala la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22 tenga el debido conocimiento del mismo, a los efectos que correspondan, ya que sin la ratificación parlamentaria, el acuerdo carece de total validez. No obstante ello se ha soslayado una vez más al parlamento, se ha negociado secretamente, se ha violado la Constitución, al asumir competencias de negociación que el Congreso no ha delegado, y se ha violentado el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.

Desde hace décadas, ha sido costumbre inveterada del Poder Ejecutivo manejar a su antojo las cuentas públicas y todo lo relacionado con el sector externo, limitándose a informar en unas breves líneas al Congreso sobre las medidas adoptadas. La disciplina partidaria de los sectores mayoritarios fue la llave para que nunca se cuestionaran las cuentas presentadas en los diferentes presupuestos que fueran sometidos a su consideración.

Para manejar sin tropiezos la deuda externa y acordar con los acreedores, siempre se recurrió a la utilización de decretos eufemísticamente llamados de necesidad y urgencia, en los cuales se consignaba como muletilla, que las facultades por medio de las cuales se procedía a cualquier negociación provenían de la ley complementaria permanente del presupuesto (11.762), del art. 48 de la ley 16432, agregándose con posterioridad otra norma, como la ley de ministerios, en cuyo articulo 20 inciso 5 se faculta al Ministro de Economía “para entender en la conducción de la Tesorería, en el régimen de pagos y en la deuda pública”. El inciso 13 lo facultaba para “entender en la autorización de operaciones de crédito interno y externo del sector público nacional, incluyendo los organismos descentralizados y empresas del sector público, de los empréstitos públicos por cuenta del Gobierno de la Nación y de otras obligaciones con garantías especiales o sin ellas. El inciso 25 disponía que “podrá entender en las negociaciones internacionales de naturaleza económica, monetaria, comercial y financiera” y finalmente el inciso 26 le permitía “entender en las relaciones con los organismos económicos, monetarios comerciales y financieros internacionales”.

También se consideró que al consignarse en las sucesivas leyes de presupuesto, dictadas a partir de 1984 los montos en concepto de intereses que se pagaban con habitualidad, ello significaba la aprobación legislativa respecto de lo actuado por el Ministerio de Economía.

El manejo del endeudamiento por parte del Poder Ejecutivo debió haber sido una excepción, y quizás ante una grave emergencia podría hasta encontrársele alguna justificación, sin perjuicio de que todos esos actos fueran posteriormente revisados y aprobados por el Congreso. En las condiciones normales de la vida democrática no existe justificación alguna para que esa situación se haya hecho una costumbre que observaron todos los gobiernos constitucionales desde 1984, sin que jamás los legisladores hubieran efectuado algún planteo que pusiera en evidencia la inconstitucionalidad de tales procedimientos.

 

 

Indudablemente el ministro Kicillof, ha desconocido las competencias específicas del Congreso para arreglar las obligaciones de la deuda pública.

Al ordenar el funcionamiento de la estructura del Estado, nuestra Constitución establece con toda claridad la competencia de los poderes que lo constituyen. El Congreso de la Nación es el que tiene a su cargo arreglar la deuda exterior y contraer empréstitos, conforme al art. 75 en sus incisos 4 y 7 (anteriormente art. 67 inc. 3 y 6). De conformidad con tales normas, solo el Poder Legislativo está facultado para obligar a la Nación y celebrar pactos que afecten el patrimonio de la misma. Cuando el Ministerio de Economía asume esa tarea, como si fuera una facultad privativa de su poder administrativo, está usurpando una facultad y procede en contra de lo estatuido por la ley fundamental, es decir la viola. Y aquí no cabe hablar de delegación de facultades, ya que en esta materia, como en otras, tal delegación está prohibida por la Constitución.

González Calderón sostuvo que: “La delegación del Poder Legislativo en el Presidente está en absoluto prohibida por el texto expreso de nuestra Constitución... Semejante delegación importaría acordar a ese funcionario <facultades extraordinarias> y actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable -art. 29 de la Constitución Nacional- y sujetan a los que las formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de infames traidores a la patria” (Juan A. González Calderón, “Derecho Constitucional Argentino, J. Lajouane, Buenos Aires, 1931, Tomo II Pág. 377)

A su vez Giuliani Fonrouge es categórico en cuanto a considerar que una emisión de bonos “debe ser dispuesta por ley, es decir por un acto emanado del Poder Legislativo que reúna los caracteres de una ley. No se trata de una mera autorización al Poder Ejecutivo mediante una “ley formal”...sino del ejercicio de un poder originario del Congreso, indelegable por naturaleza y que se pone de manifiesto por una ley...Es inaceptable en nuestro régimen constitucional la idea de que esta materia no corresponde a la “competencia legislativa” como también la otra de que el papel del Parlamento se reduce periódicamente a una autorización de principio, expresa o implícita, previa o posterior a la celebración del contrato de empréstito” (Carlos M. Giuliani Fonrouge, “Derecho Financiero” Actualización de Susana C. Navarrine y Ruben Oscar Asorey, Depalma, Buenos Aires 1997, Tomo II Págs.1206/1207) ; y Bidart Campos coincide con tales posturas, diciendo que: “ Por serias que resulten esas opiniones (las que justifican la delegación) no las compartimos. A nuestro criterio...si el artículo 75 enfoca y atribuye por separado dos competencias del Congreso: (una arreglar el pago de la deuda y otra dictar la ley de presupuesto y aprobar y desechar la cuenta de inversión) resulta suficientemente claro que ambas no pueden identificarse, ni confundirse, ni fusionarse, ni subsumirse una en la otra, porque si estuvieran identificadas seria estéril la mención doble e independiente. Lo mismo cabe argüir si se pretende dar por cumplido el arreglo del pago cuando, acaso, el Congreso aprueba un acuerdo sobre el mismo...El derecho espontáneo -según dijimos- ha desfigurado mucho la competencia congresional de arreglar el pago de la deuda. Este desplazamiento de una facultad congresional al Poder Ejecutivo ha operado una mutación constitucional por interpretación que a nuestro entender discrepa con la Constitución formal” ( German J. Bidart Campos, “Manual de la Constitución Reformada”, Ediar, Buenos Aires 1997)

Para Bielsa, “ La delegación legislativa no ha sido prevista en la Constitución...Por principio es contraria al sistema jurídico-político de la Constitución” agregando que: “El empréstito o mas propiamente su ejecución en general implica (indirectamente al menos) nuevas cargas publicas, a veces más graves y onerosas que los impuestos. La atribución constitucional o competencia jurídica para emitirlo es del Poder Legislativo...Este poder del Congreso es exclusivo... Cuando el Congreso autoriza un empréstito realiza un acto que solo es ley en el sentido formal, porque lo dominante en la decisión legislativa es la autorización para hacer uso del crédito de la Nación. No se trata entonces de una ley financiera, como el presupuesto, cuyo régimen constitucional es el de las leyes ordinarias...En esta materia la competencia del Congreso es una de las mayores garantías establecidas en defensa del estatuto del contribuyente. Por otra parte como en general los empréstitos se resuelven en imposiciones fiscales concurre también a justificar la potestad establecida en el citado precepto por virtud del principio según el cual estas deben ser consentidas por el pueblo, esto es por sus representantes” (Rafael Bielsa, “Compendio de Derecho Publico Constitucional Administrativo y Fiscal”, Buenos Aires 1982, Tomo III, Págs. 264,379,380 y 381).

No puedo dejar de advertir que a través del uso de esas facultades delegadas, se legitima el exceso y la desviación del poder, ya que si el poder del Estado existe como capacidad y energía para cumplir el fin de la comunidad política, que es el bien común, el exceso de poder es una muestra de irrazonabilidad atentatoria a la consecución de ese fin. Como lo definiera Bidart Campos: “El exceso de poder se configura por la falta total de competencia en el órgano emisor del acto. La competencia en el derecho público equivale a la capacidad en el derecho privado. La competencia pertenece al órgano (órgano- institución) y no al individuo que es titular o portador del órgano. Asignada la competencia al órgano, y producida la actividad fuera de esa competencia, el acto es inválido por tener un vicio o defecto que apareja su nulidad. No hace falta norma expresa en tal sentido, porque la consecuencia surge del principio de que la competencia es expresa. El exceso de poder como vicio nulificante del acto se relaciona con la legitimidad del acto” (German J. Bidart Campos, “La Interpretación y el Control Constitucionales en la Jurisdicción Constitucional”. Ediar, 1987, pág. 95)

Finalmente cabe concluir, que el secretismo de la negociación, resulta incompatible con el ejercicio del poder que cabe en un sistema democrático, máxime, cuando se ha comprometido el pago de obligaciones que comprometen al futuro gobierno de la Nación, y que se pagará, con la contribución de todos los argentinos.

No se trata en este caso de simples irregularidades en la tramitación de un acuerdo, o el haber obviado ciertas cuestiones formales, sino de desconocer el texto constitucional, de reconocer obligaciones cuantiosas impugnadas por funcionarios del Estado, y no remitir al Congreso de la Nación el Acuerdo firmado, para su conocimiento, discusión y su ratificación o eventual rechazo.

III.- PRUEBA

Que sin perjuicio de las medidas, que V.S. estime procedentes a los efectos de verificar la procedencia de a presente denuncia, vengo a sugerir como prueba la siguiente: INFORMATIVA:

1.- Se libre oficio al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal, N° 2, por la Secretaría N° 4, a los efectos de que acompañe la causa, mencionada en el principal de este escrito, donde se encuentra la pericia efectuada por auditores del Banco Central, impugnando uno de los créditos que ha reconocido el ministro Kicillof en el Acuerdo que es materia de esta denuncia

2.- Al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a los efectos de que informe, cuáles han sido las causas determinantes, para que no exista documentación alguna relacionada con las obligaciones que se tienen con el Club de París.

3.- Al Banco Central de la República Argentina, a los efectos de que informe, cuáles han sido las causas determinantes de que no tengan documentación alguna sobre las obligaciones que se tienen con el Club de París.

En razón de lo anteriormente expuesto a V.S. solicito:

1.- Se me tenga por presentado, con el domicilio legal constituído y por formulada denuncia penal contra el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Axel Kicillof

2.- Se me cite a ratificar la misma, a los efectos procesales que correspondan

3.- Se tenga presente las medidas de prueba sugeridas para su oportunidad.

4.- Se forme la correspondiente causa a los efectos de establecer la posible comisión de delito denunciado.

Proveer de Conformidad

SERÁ JUSTICIA

 

 

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