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Discursos sobre el Presupuesto 2013 del Bloque Proyecto Sur

Participaciones de los diputados Fernando "Pino" Solanas y Alcira Argumedo sobre el Presupuesto 2013. Ver videos.

Fernando Solanas y Alcira Argumedo, diputados de Proyecto Sur.

Fernando Solanas y Alcira Argumedo, diputados de Proyecto Sur.

Fernando Solanas y Alcira Argumedo, diputados de Proyecto Sur.

Fernando "Pino" Solanas: El análisis del presupuesto para 2013 continúa la tendencia de estos años. Esta vez hay tres aspectos notorios a criticar. Ante todo, no se han adjuntado todos los fascículos de los organismos de la Administración Nacional que fijan las metas y gastos para el año 2013. Entonces, resulta difícil hacer una evaluación seria de lo que estamos discutiendo.

En segundo lugar, se pretende que votemos a libro cerrado un proyecto de presupuesto muy dibujado, que insiste en burlarse de los 40 millones de argentinos al comenzar fijando pautas de crecimiento y de inflación falsas.

Cuando la presidenta avala la falsificación de la estadística pública del INDEC y envía esta burla que fija el 10,8 por ciento de inflación para el año próximo y una meta de crecimiento del 4,4 por ciento, invalida la credibilidad de toda la estadística del gobierno nacional.

La inflación real, común denominador de todos los organismos universitarios, provinciales o consultoras, no baja del piso del 25 por ciento. En estos años la tendencia fue subestimar los recursos y gastos y manejar fuera del presupuesto, sin asignación presupuestaria, 60, 70 u 80 mil millones de pesos. No se puede gobernar con el dibujo y la mentira porque se daña al conjunto de la Nación. El país no es creíble, el ciudadano deserta de la moneda nacional y busca dónde refugiarse.

El otro gran daño que declara este proyecto es que, a pesar del tan declarado desendeudamiento de la Argentina, fija metas de endeudamiento real sorprendentes, que paso a enumerar.

El artículo 32 de este proyecto de ley de presupuesto autoriza operaciones de crédito público, es decir, deuda, por la suma de 182.160 millones de pesos, equivalentes a 35.700 millones de dólares.

El artículo 36 autoriza operaciones de crédito público adicionales por 34.340 millones de dólares.

Lo hasta aquí mencionado supone un endeudamiento de 70.000 millones de dólares, pero en el dibujo del presupuesto se omite este importe y sólo se consignan nuevas deudas por 48.600 millones.

El artículo 34 autoriza la emisión de letras del Tesoro por 4.500 millones de dólares.

El artículo 33 autoriza el pago de deuda externa a los acreedores privados por 7.967 millones de dólares.

El artículo 38 autoriza otras operaciones adicionales para futuros ejercicios: 12.800 en 2014, 10.800 en 2015 y 8.600 en 2016, totalizando otros 32.200, con lo cual, señora presidenta, ya se han superado los 100.000 millones de dólares de endeudamiento que autoriza este presupuesto.

El artículo 41 autoriza además al gobierno a negociar la deuda del Club de París, que comenzó con el dictador Rafael Videla.

El artículo 43 agrega avales y garantías de cualquier especie hasta 33.600 millones de dólares.

Quiero agregar un dato que marca la falta de sensibilidad y de defensa del interés de la Nación: el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

El presupuesto contiene muchísimas cosas como las que voy a leer a continuación. Con una inflación real del 22 por ciento, el fondo se valorizó respecto del año anterior solamente en un 12,1 por ciento.

En los primeros seis meses de este año se valorizó en un 7 por ciento, siendo la inflación del 15. Es decir que el fondo de la Anses le presta dinero al Estado para pagar deuda pública, que nunca fue investigada por la Cámara, y el Estado le entrega letras intransferibles, sin capacidad de repago, lo que viola el inciso 6) de la ley 24.241, que establece que la suma de inversiones en títulos públicos de la Anses no podrá exceder el 50 por ciento.

Es decir que el manejo que el gobierno hace del presupuesto, en cuanto al dinero de los jubilados, implica que les mete la mano en el bolsillo, que no les dolariza la deuda y que se la devuelve en pesos. La pérdida real por la utilización de estos fondos es del 50 o 60 por ciento.

Otro de los temas que sorprende del presupuesto no sólo es la baja intervención frente a la demanda social ?a partir de 4.600.000 jubilados que cobran 1.800 pesos, 1.100.000 desocupados totales y 1.300.000 subocupados?, sino también la baja inversión en infraestructura.

Sólo el 3,5 por ciento del producto bruto interno se destina a infraestructura. El 85 por ciento de la inversión en infraestructura es privada. Este proyecto, que dice nacer de un gobierno peronista, se olvida de la inversión en la reconstrucción de las industrias públicas y pasa a comprar trenes construidos en China, lo que continúa ahondando la conversión de este país en una colonia, pero ahora de China: el 90 por ciento de lo que le vendemos es materia prima, mientras que el 90 por ciento de lo que importamos son bienes manufacturados.

La inversión en la reconstrucción de la industria ferroviaria o naval es nula. La Argentina gasta 5.000 millones de dólares anuales para pagar los fletes marítimos de nuestras importaciones y exportaciones, y acá no construimos un solo barco.

Ahora también sale el proyecto del “Hollywood del Riachuelo”, que pretende liquidar la Isla Demarchi, que es estratégica porque está ubicada en la división de vías navegables y es la encargada de dragar el puerto y realizar su balizamiento. En lugar de reconvertirla en una zona de multiplicación de nuestros astilleros hay un negocio inmobiliario disfrazado de un presunto polo audiovisual.

Lo más sorprendente es la mentira de la política ambiental, porque no hay un peso destinado a la ley de protección de los glaciares o de los bosques.

Con la mentira no se puede gobernar. ¡No se sorprendan si se repite el 13 de septiembre o si todas las semanas tienen un estallido social, porque la inflación es del 25 por ciento y se está estafando al pueblo argentino con las mentiras de este presupuesto!

Alcira Argumedo: Señora presidenta: observo que acá hay muchos méritos, pero yo me referiré a un aspecto especialmente sensible del presupuesto, cual es el capítulo V, referido a la cancelación de deudas de origen previsional a los jubilados. Se establece como límite máximo la suma de 4 mil millones de pesos para el pago de esas deudas previsionales que son reconocidas como consecuencia de una mala liquidación de haberes.

Quiero señalar que este monto indica que se va a reconocer aproximadamente el 5 por ciento de los 500 mil juicios que hay entablados por jubilados y pensionados como consecuencia de la mala liquidación de sus haberes.

Según el orden de prelación que se establece, figuran en primer lugar los mayores de 90 años, por supuesto los que cobran el haber mínimo, pues si alguno de ellos percibe 300 pesos más que el mínimo pasa al final de la cola para seguir esperando.

El mensaje que se está dando es que si cada año se va a pagar el 5 por ciento, si no se incrementan nuevamente los juicios a causa de la mala liquidación de haberes, habría un plan de 20 años, y cabe tener en cuenta que el más joven de los jubilados ronda los 70 años. Me parece que esto ya no es del orden político sino de la truculencia, la crueldad, el humor negro.

Si comparamos los fondos que se destinan al reconocimiento de este derecho de los jubilados, que ha sido conculcado a lo largo de estos años, podemos tener una evidencia de que hasta noviembre de 2011 fue reconocido por el gobierno que ya desde fines de 2005 se pagaba la misma suma que ahora se otorgará a este 5 por ciento de jubilados como subsidios que recibían cada año los casinos, los bingos, los hipódromos, los aeropuertos, las oficinas de petroleras o mineras, los bancos, es decir, muchos de los sectores que precisamente no son indigentes, incluyendo los habitantes de Puerto Madero.

Otro elemento que nos permite comparar la cifra es que de alguna manera, tal como lo señaló mi compañero de bloque, se están utilizando los fondos de sustentabilidad como una forma de trasladar la deuda externa hacia la deuda inter-pública. De ese modo ese fondo de sustentabilidad va corriendo un creciente peligro como para garantizar que en el mediano o largo plazo se puedan pagar los haberes de los jubilados.

También debemos tener en cuenta que no se ha revertido la medida adoptada por Cavallo en 1993 por la cual se disminuía casi al 50 por ciento el aporte de las grandes corporaciones. Esto significa que se está regalando a esas corporaciones montos del orden de los 12 mil millones de pesos anuales en concepto del no pago de los aportes patronales que debieran realizar. Estamos hablando de corporaciones como la Barrick Gold, Minera La Alumbrera, Shell, British Petroleum, General Motors, Ford y varias otras de las mismas características, recordando que las corporaciones no son solamente mediáticas.

Quiero llamar la atención respecto de que si el gobierno es nacional y popular, lo popular deja bastante que desear cuando se da este tipo de facilidades a las grandes corporaciones, mientras de alguna manera la estrategia con referencia a los jubilados sería extender tiempos, de manera tal de que vayan muriendo y no molesten con sus demandas de una correcta inversión de los fondos.

Como ustedes saben, entre otras orientaciones de esos fondos de los jubilados, se han otorgado préstamos a tasas de interés negativas, ni más ni menos, al quiosquito de la General Motors. También se utilizan los fondos de jubilaciones y pensiones para planes sociales, sin duda, loables, pero que deberían ser financiados por otras áreas del gobierno; se trata de la asignación Universal por Hijo o el crédito para viviendas a tasas de interés negativa.

En este sentido, llamo la atención acerca de que se está llevando adelante una política de extrema crueldad con los compatriotas de las edades más altas. También se continúa favoreciendo a las grandes corporaciones por la falta de pago de lo que corresponde en términos de aportes patronales.

La última frutilla del postre es que quienes reciban el haber mínimo de 1.870 pesos van a dejar de cobrar un subsidio del PAMI por 45 pesos, porque según los cálculos del INDEC –que todo el mundo sabe que “no miente”- la canasta básica de pobreza para un matrimonio de jubilados es de 900 pesos. Como el haber mínimo duplica esa canasta básica de pobreza, se considera que se deben retirar los 45 pesos.

El Defensor del Pueblo, por el contrario, considera que la canasta básica de una pareja de jubilados alcanza los cuatro mil pesos, por lo que hablamos de la mitad de lo que necesitan para vivir nuestros compatriotas de la tercera edad.

Finalmente, quiero señalar que habría que recordar que alguna vez en este país se habló de los derechos de la ancianidad, y ahora se está concretando una gran burla hacia los jubilados y pensionados.

Todavía se mantiene vigente la ley de entidades financieras de la dictadura del señor Martínez de Hoz, que supone que no hay un impuesto a la renta. Aquí podemos hacer las cuentas. Si tengo un plazo fijo de 3.200.000 dólares, podría ganar más de 100.000 pesos por mes y no tengo que pagar ni diez centavos por esa cuantía. Llamo la atención acerca de esta crueldad.

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