La crisis de los subtes ha demostrado que los K y Macri siguen haciendo política con el pueblo como rehén.
El prolongado conflicto por los subtes volvió a poner de manifiesto que los gobiernos nacional y porteño están más preocupados por confrontar entre sí y sacar tajada que por solucionar los problemas de los ciudadanos. De un tiempo a esta parte ha quedado claro que ambos ejecutivos se han elegido como idílicos antagonistas del escenario político nacional con el propósito de manipular voluntades en la falsa dictotomía amigo/enemigo, como si el destino de la Nación y el Pueblo tuviera que hacerse cargo de tan rastreras rencillas partidarias.
Teniendo en cuenta los antecedentes del caso (el “intocable” contrato de concesión entre Nación y Metrovías, los oscuros subsidios otorgados a la empresa, el famoso “acta-acuerdo” de enero pasado, el aumento de la tarifa en un 125%) es preciso señalar la responsabilidad directa del Jefe porteño, Mauricio Macri, en el asunto; sobre todo, la absurda desinteligencia política, que cometió al firmar un acta que solo pudo asumir para subir la tarifa. Pero esto, como nos quieren hacer creer desde el kirchnerismo, de ningún modo agota la dimensión en torno al conflicto ni la responsabilidad que tiene el Gobierno de la Nación en materia de subterráneos; responsabilidad que le da potestades para intervenir dicho servicio en casos de extrema gravedad o negligencia, como es el caso de Metrovías, engordada hasta la médula por el propio oficialismo y ahora incapaz de hacerse cargo de los aumentos a los trabajadores de AGTSyP -multados por Macri en un acto de soberbia inútil- y de mejorar la calidad del servicio.
Decimos esto pues la mediocridad superlativa de Macri, que dilapida recursos y no invierte donde debe hacerlo, en absoluto puede poner en riesgo el trabajo los nuestro pueblo. Porque, si el gobierno porteño no se hace cargo, el Ejecutivo Nacional no puede sentarse a esperar que un milagro resuelva una cuestión vital como el transporte, sino que debe actuar. Primero, rompiendo el contrato con Metrovías (vigente desde 1993 y hasta 2017; por ley, la Ciudad está impedida de hacerlo); luego, traspasando a la Ciudad una nueva empresa, una Empresa Pública de Propiedad del Estado con rigurosa participación de usuarios y trabajadores en la gestión. Y si no lo hace, la legislatura de la CABA, como propone Proyecto Sur, debe declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los derechos y acciones de Roggio en Metrovías (el 90 %) y tomar el control de la empresa.
Sin embargo, durante los diez días de paro, la Presidenta no hizo nada por destrabar el conflicto, sino que lo atizó, poniendo su investidura a la altura de Macri... Paupérrima utilización de la investidura presidencial, convertida en una mera usina del peor tacticismo electoralero. Claro, el kirchnerismo desconoce que el transporte y la movilidad de los habitantes de nuestro país hacen a los derechos constitucionales, a la mismísima seguridad nacional y a la cohesión social y territorial. Tengamos en cuenta que Metrovías, al igual que TBA, es una de las cloacas máximas de los subsidios al transporte público: la masacre de Once, y los casos del inefable Ricardo Jaime, de Schiavi o la administración de la UGOFE son malos antecedentes para que el oficialismo declare su inocencia en cualquier conflicto relacionado con trenes o subtes. Así, en estos días se hizo patente la crisis estructural del sistema de transporte del área metropolitana (AMBA), la región más importante y poblada del país. Bastó la desactivación del subte para que la Ciudad y el acceso a los ferrocarriles suburbanos (en Once, Constitución, Retiro, etc.) fueran un caos.
¿Qué pasará en el futuro? No lo sabemos. Pero todo indica que la crisis de los subterráneos solo es el principio de una nueva escalada mediática entre los gobiernos de la Nación y la Ciudad, pues así es como saben hacer política, sin escrúpulos y con la calculadora en la mano. A medida que se acerque el horizonte electoral 2013/2015, kirchnerismo y macrismo seguirán llevándose puesto a cualquiera, la ciudadanía incluida, con tal de especular, arañar unos puntos de intención de voto y posicionarse favorablemente de cara a los comicios. El objetivo final, acrecentar su poder a toda costa y seguir haciendo saqueando el país, haciendo negocios privados con el patrimonio público. Esperemos que en un futuro próximo la Patria reaccione y de una vez por todas se lo demande.
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