Independientemente del signo político, en las últimas décadas la política en energía ha sido la misma. Menem, los Kirchner y Marcri han otorgado beneficios extraordinarios a las empresas concesionarias de servicios públicos.
Cambian los gobiernos y las formas discursivas con que se presentan, pero hay políticas de entrega que se mantienen. Independientemente del signo político, en las últimas décadas la política en energía ha sido la misma. Menem, los Kirchner y Marcri han otorgado beneficios extraordinarios a las empresas concesionarias, que se les condona deudas, que no reinvierten utilidades, y a las que se las permite violar los contratos y los compromisos asumidos. Basta repasar la historia de la empresa proveedora de energía Edenor, desde principios de los noventa.
En agosto de 1992, el gobierno de Menem le otorgó a Edenor una concesión exclusiva por 15 años por resolución de la Secretaría de Energía Eléctrica, prorrogable por 10 años, para distribuir y comercializar energía eléctrica a los usuarios del norte de la Ciudad de Buenos Aires y veinte distritos del conurbano bonaerense, totalizando casi tres millones de clientes. El lapso de la concesión tenía una duración de 15 años (hasta el año 2007) siendo prorrogable por 10 años.
Asimismo, al vencimiento de cada período de gestión el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) debiera llamar a concurso público internacional para la venta del paquete mayoritario de Edenor, estableciéndose el régimen y cuadro tarifario para los siguientes cinco años.
Sin embargo, por decreto Néstor Kirchner y Julio De Vido en el 2007 extendieron la concesión por 5 años luego de finalizada la implementación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que se terminó recién en enero de 2017, llevando la fecha de final de concesión a 2021. Por lo tanto, recién para el año 2022 se estaría llamando a concurso público internacional para la venta del paquete mayoritario de Edenor tal como estaba previsto en el pliego original de licitación.
El decreto de Néstor Kirchner que extendía arbitrariamente la concesión fue solicitado expresamente por Edenor (por entonces ya controlada por Mindlin) argumentando que la pesificación de las tarifas de servicios públicos había comprometido la viabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad. Además, Mindlin sostenía que se encontraban en un período de transición contractual hasta tanto se implementara la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Finalmente, la RTI fue instrumentada por Macri y Aranguren con una serie de aumentos tarifarios escalonados a partir de enero de 2017 y hasta diciembre del 2021
El gobierno de Macri incluyó en el Presupuesto Nacional 2017 la condonación de la deuda de $1.229 millones que Edenor mantenía con CAMMESA por compras de energía eléctrica. El Estado debió llamar a concurso público internacional hace años. Menem, los Kirchner y ahora Macri han mantenido la misma política energética de sumisión a los concesionarios privados. Es mentira que no sea viable económicamente la distribución de energía. No respetaron los plazos del contrato, les condonaron una deuda millonaria, y les extendieron hasta 2021 la concesión. Otra estafa al pueblo argentino.
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