Compartimos la nota de opinión sobre política petrolera de la diputada nacional de Proyecto Sur, Alcira Argumedo.
La decisión de imponer un cepo a la compra de dólares es consecuencia directa de la aberrante y entreguista política petrolera iniciada en los años 90, cuando el miembro informante de la privatización de YPF en el Congreso era el actual secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, histórico miembro del riñón kirchnerista. La irracional explotación de los pozos y la carencia total de inversiones en exploración, mientras las corporaciones informaban al fisco su producción a mera declaración jurada –jurando con sus dedos en cruz sobre los labios–, desembocaron en la actual crisis energética y en la necesidad de destinar más de 12 mil millones de dólares a la importación de petróleo, gas y sus derivados.
A ello se suma el pago de una deuda pública fraudulenta, en tanto nunca se aceptó hacer una auditoría como en Ecuador, a pesar del dictamen del juez Ballestero sobre la denuncia de Alejandro Olmos, en la que se estableció la existencia de múltiples desfalcos. Al conjugarse ambos compromisos, el Gobierno se ve obligado a sacar dólares de donde sea y, junto a otras acciones, impone el cepo.
Esta medida ha generado numerosos problemas: entre otros, en los insumos de diversas empresas, en la compra y la venta de inmuebles, en los viajes al exterior, en los envíos de inmigrantes a sus familias, en la posibilidad de preservar grandes o pequeños ahorros ante la inflación, en la provisión de algunos medicamentos o en los repuestos de productos importados. Sin desconocer la importancia de estos problemas, el caso que más me conmovió fue el del abuelo a quien le negaron la compra de diez dólares, para regalarle cinco a cada nieto. Tal vez porque además fue humillado públicamente por haber dado a conocer su frustrado intento: la máxima autoridad del país se burló de él llamándolo “abuelito amarrete”.
Desconozco la situación económica de ese abuelo; pero si fuera un integrante del 80 por ciento de los jubilados que cobran el haber mínimo, la burla sería una crueldad. Alguien con un depósito en plazo fijo de 3,2 millones de dólares considera que diez dólares son despreciables incluso como propina; no es lo mismo si se percibe por mes una suma de $ 1.879: la mitad de lo requerido para cubrir sus necesidades, según las denuncias del Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino. A ello se agrega que –como los datos del Indec indican que la canasta básica de un jubilado es de $ 500 mientras la Defensoría la calcula en $ 4 mil– el Gobierno ha decidido dejar de pagarles un subsidio de $ 45 otorgado por el PAMI, en tanto considera que quienes cobran ese haber mínimo duplican el monto de la canasta básica de pobreza de una pareja de jubilados, siempre según el Indec. De más está decir que, en tales condiciones, ahorrar diez dólares significa un esfuerzo gigantesco y heroico.
El tema remite a las políticas de la Anses. Además de vetar la ley que aprueban ambas Cámaras en octubre del 2010 –mediante la cual se otorga el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil a los jubilados– con el argumento de que la norma significaba “la quiebra del Estado” y una “estafa” a la clase pasiva, el oficialismo hace gala de su sensibilidad hacia los abuelitos amarretes destinando los fondos de la seguridad social a diversos fines: préstamo a tasas negativas a General Motors, compra de bonos de deuda pública con el fin de pagar a los acreedores externos privados y a los organismos internacionales, financiamiento de planes sociales –como la Asignación Universal por Hijo o los recientes créditos para vivienda, también a tasas negativas– que debería ser aportado por otras áreas del Gobierno nacional, sin contar la decisión sistemática de no reimplantar el total de los aportes patronales de las grandes corporaciones, que en 1993 el ministro Cavallo redujo a la mitad: en este caso la Anses deja de percibir más de tres mil millones de dólares cada año, que quedan en manos de esas empresas. A su vez, existen 500 mil juicios por reajuste de haberes mal liquidados, y en el Presupuesto del 2013 recientemente presentado se estima que van a pagarse sólo 25 mil de esos reclamos: exactamente el 5 por ciento.
Bajo toda evidencia, la estrategia es extender los tiempos, de modo tal que los jubilados se vayan muriendo y sus demandas dejen de perturbar una más eficiente utilización de la caja previsional: pareciera que la burla cruel no se limita al “abuelito amarrete” de los diez dólares.
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