El convenio se realizó sin intervención previa del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) y el dictamen no contempla una auditoria de activos.
El acuerdo entre el gobierno nacional y Repsol sobre el monto a pagar por la expropiación del 51% de las acciones de YPF es inconstitucional porque viola el art. 17 de la Constitución Nacional. El convenio se realizó sin intervención pertinente del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) y el dictamen no contempla una auditoria de reservas y bienes, no realiza ningún análisis profundo de los pasivos ambientales que deja Repsol, ni el daño ocasionado a las comunidades.
Basta leer el informe del propio tribunal para constatar que el valor de la compensación (USD 5000 millones) fue establecido a la par del convenio, y no a la inversa: “Esta Sala considera que el valor a acordarse es justo y razonable a todos los efectos del avenimiento y solución amigable previstos en el convenio y resulta consistente con los principios y bases de valoración aplicados por este Tribunal.” Es inadmisible que nuestra Carta Magna sea reemplazada por una estimación inconsistente que no realiza una tasación rigurosa, con idoneidad técnica y ecuanimidad política. Recordemos que el TTN es una mera dependencia del Ministerio de Planificación, y está bajo la órbita del Ministro Julio De Vido.
El daño en las pasturas y la contaminación del agua en las zonas aledañas a los yacimientos son incontrastables.
En la zona de Loma la Lata, los restos de metales pesados superan 700 veces lo permitido, provocando la disminución de la productividad del campo y calculándose en 20 años la remediación, con daños que rondan los u$s 5.000 millones. En junio de 2012, el Laboratorio de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación confirmó que el lago Los Barreales (Neuquén) contenía hidrocarburos 50 veces por encima del máximo permitido para realizar actividades acuáticas y que las aguas no eran aptas para consumo por la presencia de kerosén, gasoil, aceites y metales pesados. Detectó hasta 15 miligramos de hidrocarburos por litro, cuando el máximo autorizado para realizar actividades acuáticas es de 0,3 miligramos por litro. El Lago los Barreales provee de agua a Cutral Co y Plaza Huincul, y está unido al Lago Mari Menuko, que provee de agua a la ciudad de Neuquén.
Los cuestionamientos de las comunidades originarias sobre el accionar de Repsol han sido permanentes desde 1995. La Confederación Mapuche presentó un Amparo ante la Defensora del Niño, y en mayo de 2006 la Justicia neuquina dictó un fallo que condena a la Provincia “a la inmediata provisión de agua potable en cantidades suficientes a la comunidad que integran sus representados”. Pero el servicio nunca fue cumplido como correspondía.
Ante la realidad del estrago ambiental, el convenio otorga a Repsol indemnidad ante futuros juicios o reclamos. Es decir, el Estado renuncia al legítimo derecho a reclamar, cuando el daño y las consecuencias de la actividad petrolera se verificaran en el futuro.
La participación de las provincias en el convenio también es otra incógnita: ¿cómo pagarán lo que van a deber? Ni los Senadores oficialistas lo saben. La paradoja de la privatización de YPF y GDE es que las provincias productoras de hidrocarburos siguen pobres: tienen déficit fiscal permanente y dependen del gobierno federal para subsistir. La OFEPHI acordó la siguiente participación: Neuquén (41,8%), Santa Cruz (20.9%), Mendoza (20,6%), Chubut (8.4%), Río Negro (3,2%), Tierra del Fuego (2,5%), Salta (2,0%), La Pampa (0,5%), Formosa (0,2%) y Jujuy (0,1%).
Otro hecho escandaloso tuvo lugar en la sesión conjunta de comisiones, cuando el Secretario Zannini “derramó lágrimas” recordando a los exobreros de YPF, que lo calificaron de “cínico e impostado”. Se trató de otro fraude: el gobierno sigue olvidando a los trabajadores estafados, que nunca recibieron el 10% de las acciones ni los dividendos, ni tampoco fueron incorporados al directorio de la empresa.
Ante tantos hechos lesivos a los intereses nacionales, desde UNEN emprendimos acciones legales. La denuncia penal iniciada por la diputada Elisa Carrió -a la cual adherimos- está dirigida contra Galdino Cattáneo, presidente del propio TTN y Daniel Martín, presidente de la Sala Adhoc. Las irregularidades del acuerdo firmado con Repsol son continuidad de la irresponsable política petrolera del kirchnerismo, que llevó al vaciamiento de YPF y a la pérdida del autoabastecimiento. Por todas estas razones rechazamos este convenio ilegítimo, ilegal e inconstitucional.
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