El agua es un bien común fundamental para el desarrollo y el equilibrio de la vida; la naturaleza, de la que somos parte, no podría existir sin ese líquido vital que alimenta y sostiene el ecosistema.
La disponibilidad del agua es sumamente escasa, y su cuidado debe ser una política prioritaria e impostergable para los Estados. De este modo, solo el 3 % del agua en la Tierra es dulce, menos del 1% es apta para consumo humano, alrededor de 6000 personas mueren diariamente por enfermedades vinculadas al recurso hídrico y, según la Organización Mundial de la Salud, un 25% de la población humana no tiene acceso al agua potable. En el futuro se espera una disminución del 30% de las reservas de agua dulce, de acuerdo a los datos aportados por la UNESCO. El desafío de nuestro país ante este panorama es inmenso, considerando que en Argentina se encuentra el acuífero Guaraní, uno de los más grandes del mundo.
Ante este contexto, el papel del Estado en cuanto a la protección, preservación y utilización de los recursos hídricos es imprescindible, así como una política adecuada de defensa nacional que tenga en cuenta el escenario geopolítico contemporáneo. Fernando Zarate, escritor de la revista Voces en el Fénix, expresa que “el agua debe verse como parte integral del ecosistema, y como un bien social y económico cuya cantidad y calidad determinan la naturaleza de su utilización”. Para asegurar nuestra soberanía hídrica, es necesario modificar urgentemente las normas neoliberales que legitiman la entrega de las riquezas nacionales, y promueven el desembarco de los agronegocios, el fracking y la megaminería , actividades depredadoras que ponen en peligro las napas subterráneas de agua.
En San Juan la situación del agua es grave. Hace pocos días el gobierno provincial ha pedido la declaración de emergencia hídrica, por que se espera una disminución de un 15% del agua que traerá el río San Juan respecto al año anterior, según los datos aportados por el Departamento de Hidráulica encabezado por Jorge Millon, un ex empleado de la Barrick. Actualmente ese afluente lleva un 50% menos de caudal hídrico en las épocas de mayor de cauce, en comparación a su caudal medio histórico. Al parecer la solución que propone el estado provincial sería solicitar fondos desde la nación, para financiar perforaciones y extraer el recurso hídrico. Sin embargo en ningún momento se menciona la necesidad de suspender las concesiones de agua a los proyectos mineros, que usan cientos de litros por segundo. La actitud irresponsable de los funcionarios, no hace más que agravar la problemática y dilatar la discusión sobre la regulación del agua en la provincia. En este aspecto, hay que destacar que la región de Cuyo es una de las zonas con más estrés hídrico del planeta y, además, será una de las más afectadas por el cambio climático.
Lamentablemente la reciente modificación al Código Civil no incluyó al agua como un derecho humano, y esto supone un enorme retraso en la materia. En nuestro país este recurso limitado no es tratado como un bien común sino que, contrariamente, el aumento del extractivismo demuestra que los negocios priman frente a la defensa del agua.
El agua es un derecho humano, una fuente de vida y, en consecuencia, su contaminación debe ser declarada delito de lesa humanidad. La gran tarea es impulsar el debate y actuar al respecto, para impedir la cesión desmedida del agua y el territorio a las multinacionales. Como dijo el General Juan Domingo Perón: “debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología donde rige la economía de mercado”.
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