El uso y abuso de la televisión pública a más de 3 años de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Durante la cobertura sobre la reciente inundación en la Ciudad de La Plata del programa informativo del mediodía de Canal 7 “La TV Pública” del pasado viernes 5 de abril, el periodista Juan Miceli realizó una pregunta pertinente al Diputado Andrés Larroque como referente de la agrupación “La Cámpora”: “¿por qué trabajan con pecheras partidarias con estas donaciones anónimas que se han hecho?”.
El dirigente-sin contestar a la pregunta- lo increpó de manera amenazante “¿quién me está preguntando, cómo es tu nombre?” para luego agregar “si querés les sacamos las pecheras a todos si para vos ayuda”, finalmente terminó el reportaje con tono de mando“te espero hoy acá para cuando termine el noticiero”.
Luego del hecho, el periodista recibió comentarios calumniosos e injuriosos de parte de periodistas y de la producción de un informe producido por el programa “678”, de ese mismo medio.
Si bien no es la primera vez que desde “la TV Pública”, y en particular, desde “678” se realizan declaraciones difamatorias sobre una persona, es preocupante que esa práctica sistemática se emplee para con periodistas del mismo canal público, debido a la intencionalidad y significación correctiva que adquiere esa conducta para con el ejercicio de la comunicación y la libre expresión siempre que la misma se distancia de la interpretación oficial de la realidad.
Se juzga desde el lugar del poder a todas aquellas personas que piensen distinto y si bien en este caso no se está en presencia de censura, si se está en presencia de una sensible presión para conseguir el disciplinamiento de las miradas y opiniones a la visión del Gobierno Nacional.
Cabe aclarar que Canal 7 o “la TV Pública” no es un canal perteneciente al Poder Ejecutivo Nacional, es un canal del público y como tal le pertenece a todos. Allí deberían albergar todas las voces y miradas de la ciudadanía sobre la realidad sin recelo alguno, ni bajada de línea de nadie, y sin embargo, es una simple expresión de deseo.
El accionar del Gobierno Nacional en la utilización ilegítima de un medio público para su propio beneficio tiene claras semejanzas con las ideas goebbelianas de los medios de comunicación y dista en absoluto de la impronta de diversidad y pluralidad que la ciudadanía se merece a 30 años del retorno a la democracia y a más de 3 años de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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