El investigador de Proyecto Sur, analiza el fallo del juez Griesa y la polìtica de desendeudamiento.
La presidenta Cristina Fernandez de Kirchner
A nadie, de la gran cantidad de opinadores se le ocurrió ir al origen del problema, conocer los pactos que celebró la Argentina durante el menemismo, las renuncias que efectuó, las condiciones a las que se sometió por parte de los acreedores, debido a lo cual hoy debe afrontar consecuencias que pueden afectar gravemente la economía del país.
Lo ocurrido con la Fragata Libertad, luego con el fallo de los Tribunales de Nueva York, y ahora con la decisión de Griesa son la clara evidencia del fracaso de la política de desendeudamiento, que ha llevado la deuda pública actual por encima de los 200.000 millones de dólares, y que significan una tributación permanente de recursos, una de cuyas pruebas, es la afectación contenida en el presupuesto 2012 para destinar 7960 millones de dólares para pagar a acreedores privados.
En estos momentos, habiéndose negociado el 93% de la deuda, por intermedio de un conjunto de bancos, algunos de ellos históricos acreedores de la Argentina como el Citibank, quedó fuera de los canjes del 2005 y 2010, apenas un 9%, de esa deuda, que entre capital e intereses suman alrededor de 11.000 millones de dólares, adquiridos por capitales especulativos marginales a los grandes sectores financieros. Es por eso que el Banco de la Reserva Federal, solicitó, que no se ponga en peligro el cobro de los que negociaron con el gobierno, porque ello pondría en peligro todo el esquema financiero acordado con los bancos transnacionales.
Para Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc. y Barclays Capital Inc., UBS Limited y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, quienes participaron en los dos canjes de deuda, resulta inadmisible que sus ganancias, se vean comprometidas por la acción de NML y Aurelius que pidieran al Juez Griesa, que aplique la clausula pari passu inserta en los bonos ejecutados, y de esa manera pretender cobrar en un pie de igualdad con aquellos que si aceptaron negociar con el gobierno. Los “grandes” especuladores, no toleran que los buitres más chicos puedan entorpecer el gran negocio de los bonos, que desde hace más de treinta años significa una formidable transferencia de recursos del país hacia los grandes centros del poder real.
Aunque el Banco de la Reserva Federal, controlado por los grandes buitres, le exigiera una solución al problema, que evitara un perjuicio para los bonistas negociadores, el Juez Thomas Griesa, decidió anteayer, que la Argentina cumpla estrictamente con lo que pactó en todos los bonos emitidos durante la década de 90, ya que en ningún caso, podría realizar negociaciones o arribar a acuerdos que privilegiaran a unos acreedores sobre otros, debido a que la cláusula pari passu inserta en un contrato financiero determina que los créditos deberán de guardar las mismas igualdades de derechos y obligaciones en relación con otras deudas similares de un mismo emisor. Esa resolución ajustada estrictamente al derecho norteamericano, no puede ser desconocida con frases efectistas o invocaciones políticas que no son susceptibles de afectar contratos que la Argentina firmara, y que fueran avalados en todos los casos por el Procurador del Tesoro de la Nación, y por los mismos abogados que hoy asisten a la Argentina en los tribunales de Nueva York, resultando un grosero error enfocar estas cuestiones sobre la base de criterios de soberanía que fueron renunciados hasta en el último canje del 2010.
El único recurso que tiene el gobierno, es utilizar la enorme documentación que existe en las cuatro causas penales sobre la deuda que tramitan en la justicia federal, donde en uno de ellas la Fiscalía Federal dictaminó sobre la nulidad de numerosas operaciones, impugnar los créditos de los fondos buitres sobre la base de su manifiesta ilegalidad y adoptar de una vez y para siempre decisiones en las que se defienda la soberanía nacional y no se abdique de ella como se hizo hasta ahora, en todo lo que se firmó.
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