El “final feliz” de Kicillof

Explotó de un pozo de fracking en Allen (Río Negro) mientras en el Senado se aprobaba el acuerdo con Repsol.

Todavía resuenan los ecos de aquel acto en el que Cristina Fernández de Kirchner anunciara la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en abril de 2012. En esa ocasión la presidenta señaló que los objetivos a seguir eran la “recuperación de la soberanía energética y control de los hidrocarburos”. El siguiente paso en esta estrategia se dio en julio de 2013, con la concreción del acuerdo entre YPF y Chevrón, para la explotación de recursos no convencionales en la región de Vaca Muerta, provincia de Neuquén.

Estas decisiones del gobierno en materia energética, anunciadas pomposamente por la presidenta, y festejadas siempre por un ejército de aplaudidores, omiten una serie de peligros ambientales y de irregularidades en sus procedimientos, que resultan indispensables de aclarar. El acuerdo firmado con Repsol desdice en los hechos las palabras con las que el Ministro de Economía Axel Kicillof había anunciado la expropiación, quien señalaba que eran tarados los que pretendían pagarle a Repsol lo que la empresa reclamaba.

Independientemente de la insólita situación de que entre los anunciantes que festejaban la expropiación del 51% de YPF, se encontraban algunos personajes que participaron de la privatización de la empresa en 1992 y su posterior vaciamiento -como el actual secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini- lo trascendental del proyecto de ley que autoriza el pago a Repsol es, como señala el Senador Solanas, su ilegitimidad, su inconstitucionalidad y su ilegalidad. Por más de que Kicillof se esfuerce en argumentar a favor del pago, señalando que estamos llegando a un “final feliz” en esta negociación, la realidad muestra que el acuerdo no contiene un informe serio y consistente sobre los pasivos ambientales que deja la empresa y tampoco incorpora una auditoría de las reservas.

Desde Cristina Fernández de Kirchner, pasando por el Ministro de Planificación Julio De Vido hasta llegar al CEO de YPF, Miguel Galuccio, los funcionarios del gobierno han insistido incansablemente sobre las supuestas virtudes y ventajas e inversiones millonarias que iba a traer a nuestro país dicho acuerdo. Pero en realidad, detrás de un supuesto acto patriótico hay una profunda entrega de la soberanía y de los recursos. El agravante de esta situación es la profundización de la depredación y los altos riesgos de una catástrofe ambiental

En agosto de 2013, ya habíamos asistido a un accidente de un pozo de fracking en la localidad de Plottier, Provincia de Neuquén. Hace unos días, explotó otro pozo de extracción de gas no convencional, que también utiliza la técnica de fracking de la empresa Apache en la localidad de Allen, Provincia de Río Negro. Esta vez, la explosión sucedió a partir de una maniobra que derivó en una filtración de gas y terminó provocando un gran estallido cuya onda expansiva se extendió a 50 metros alrededor. Estos episodios preanuncian un desastre ambiental mucho más grave, como ya ha sucedido en Estados Unidos o Ecuador.

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