El periodista rosarino y referente de Proyecto Sur desenmascara el modelo extractivo oficial.
El modelo y el genocidio, por Carlos del Frade.
La Argentina del tercer milenio tiene su desarrollo basado en un modelo extractivo que presenta varias máscaras según las particularidades geográficas de las provincias donde se lleva adelante.
En la provincia de Misiones, por ejemplo, la careta adquiere fisonomía de explotación forestal vinculada a las grandes pasteras que están ubicadas en la tierra roja desde los últimos treinta años.
La selva original fue desplazada por los pinos importados y la yerba mate ya no reúne a cientos de trabajadores que, de esta manera, tienen que migrar hacia otras regiones de la Argentina.
El resultado es la extranjerización de las riquezas y la explotación industrial de los recursos naturales.
Una lógica que se repite, por ejemplo, en las provincias de San Juan y Catamarca, donde las mineras a cielo abierto consumen millones de litros de agua que comienzan a escasear para los agricultores familiares y, por otra parte, empiezan a temer los efectos de tanto cianuro que se utiliza en el proceso de la extracción de los minerales.
A pesar de que seis provincias tienen leyes que prohíben esta práctica minera, de a poco, distintos gobernadores comienzan a promulgar otros decretos que sirven de atajos legales para impulsar el negocio multinacional.
Poca gente ocupada, mucho miedo a las policías privadas y grandes cantidades de dinero que se van para no volver.
El reelecto gobernador de San Juan, José Luis Gioja, por ejemplo, es un firme defensor de la minería a cielo abierto y lo justifica diciendo que no hace mal a la salud de nadie.
En la provincia de Santa Fe, en tanto, el modelo extractivo se apoya en el avance furibundo de la frontera sojera hasta límites de realismo mágico: hay que inventar la pampa para las vacas y para eso se usan las islas que, por otra parte, deben ser quemadas.
Desde hace veinte años, el segundo estado de la República Argentina, ya no tiene el mismo ecosistema de hace cuatro décadas atrás. La soja barre con los ambientes regionales y los agroquímicos se usan en cercanías de los pueblos.
Un juez de la ciudad de San Jorge, Tristán Martínez, sostuvo la necesidad de no fumigar a menos de 800 metros del casco urbano, por tierra, y mil quinientos metros por vía aérea. Cuando hizo este pronunciamiento apoyado en el principio de precaución, el primero que salió a responderle fue el gobernador Hermes Binner que sostuvo que no estaba demostrado el carácter nocivo de los agroquímicos. Era la misma lógica que la sostenida por Gioja.
Ni el cianuro ni el glifosato son sustancias nocivas para los gobernadores de San Juan y Santa Fe. Ellos defienden los intereses del modelo extractivo que en Cuyo es la minería a cielo y abierto y en la provincia atravesada por las aguas marrones del Paraná, es el exacerbado sojalismo.
Pero siempre hay voces que se las ingenian para hacerse escuchar.
La abogada ambientalista de Santa Fe, Graciela Gómez, criticó al gobierno provincial y a los productores agropecuarios por las fumigaciones con agrotóxicos, a las que calificó como un “genocidio encubierto”. La profesional denunció “la connivencia del poder político” y de la justicia de la provincia. En relación a la muerte del trabajador rural Néstor Vargas, en el norte santafesino como consecuencia de la manipulación del veneno conocido como 2,4, D, apuntó que “el hecho de que desde la Corte Suprema de Santa Fe digan que no hay insumos para hacerle una autopsia después de un mes, te da la pauta de la connivencia del poder político del ministerio de Salud”.
Al modelo extractivo y sus distintas máscaras poco le importan estas voces. Pero serán estas palabras la que alumbrarán un futuro distinto no solamente para las provincias sino también para el país.
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