Por Agustina López Oribe (Los Pinitos - Proyecto Sur CABA). A partir del 1 de agosto entrará en vigencia un nuevo código que unifica los antiguos Civil y Comercial.
El nuevo Código Civil y Comercial privatizará una superficie equiparable a diez veces la ciudad de Buenos Aires
A partir del 1 de agosto entrará en vigencia un nuevo código que unifica los antiguos Civil y Comercial. Desde el punto de vista ambiental, la nueva legislación pone en peligro 208 mil hectáreas y además, restringe el acceso público a los ríos de nuestro país. Proyecto Sur presentó un proyecto de ley que plantea su urgente modificación.
El Código Civil que hasta el momento rige para toda la nación, en su artículo 2639, obliga a los propietarios que limitan con ríos o canales que sirven de comunicación por agua, a dejar 35 metros libres de calle o camino público hasta las orillas. En pocos días comenzará a aplicarse el artículo 1974 del nuevo Código Civil y Comercial en el que esa franja se reducirá a 15 metros. “No solo se suprimen 20 metros sino que es peor, porque suprime por completo, le saca el carácter de calle o camino público, que es lo que dice en el actual código y vuelve a la vieja concepción: el camino de sirga. Este tenía que ver con la navegación, con arrastrar buques contra la corriente, cosa totalmente fuera de uso, porque ahora se utilizan motores”, dice el abogado Enrique Viale, asesor en Medioambiente de Proyecto Sur.
“Otra función que tenía ese camino era la de protección de la biodiversidad, son verdaderos corredores biológicos esas franjas de terreno. En esos metros van a poder construir, es decir, producirán un daño ambiental enorme porque estamos hablando de miles de kilómetros cuadrados.”, agrega el abogado ambientalista. Roberto Chan, especialista en fracking y geólogo, para entender la magnitud de lo que se privatizará hizo un cálculo sobre los 35 metros de cada lado que se perderán por los 30 mil kilómetros, que se estima, cubren los ríos del país. “Estamos hablando de 200 mil hectáreas, más de diez veces la ciudad de Buenos Aires. Estos números puestos en el mercado inmobiliario son miles de millones de dólares con las propiedades más caras porque van a tener, ahora sí, sus playas propias”, afirma el asesor de Proyecto Sur.
“El proyecto de ley de Proyecto Sur no está siendo tratado y lamentablemente no va a llegar al 1 de agosto ni a ser vistos en comisión”, dice Viale y además explica que en esa fecha “los propietarios podrán correr los alambrados, realizar cualquier tipo de construcción porque van a poder resguardarse la nueva legislación e impedir, incluso, el ingreso público al lugar. Esto tiene que ver con una política privatizadora de la naturaleza que llega a los extremos más impensados”.
Damián Solanas, referente de Proyecto Sur, repudia este nuevo artículo del código Civil y Comercial con el que claramente se van a privatizar accesos que los argentinos utilizan: “Nosotros queremos avanzar hacia lo que fue la Constitución del ´49 en cuanto a derechos. Dar un paso hacia lo que fue la conquista de los derechos que se han perdido y que figuraban en la constitución de Arturo Sampay, en la que se habla taxativamente de la función social que posee la propiedad privada, la cual tiene obligaciones con fines de bien común”.
Efectivamente, los artículos 38 y 40 de esta Constitución sancionada durante la primer presidencia de Juan D. Perón, realizada dentro de la corriente jurídica del constitucionalismo social, que incorporó, entre otras cosas, los derechos laborales y sociales, y todo lo que se refiere a la función social de la propiedad.
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