En la sesión del miércoles el kirchnerismo dio sanción a la ley que permite elevar a la Corte causas federales caracterizadas de “gravedad institucional”.
Los antecedentes son muy poco promisorios, y tienen mucho que ver con el gobierno actual: durante la década menemista hubo cuatro casos en los que el Ejecutivo recurrió al per saltum, todos ellos inducidos por el propio gobierno de Menem. En ese entonces, una Corte Suprema adicta al poder político garantizaba fallos a su favor, esquivando a jueces independientes del Gobierno. Alguien con conocimiento de causa, Jorge Yoma, un exmenemista, exduhaldista y kirchnerista excéntrico, lo confesó: “el per saltum es la ortodoxia más pura del menemismo”.
Si bien la Corte Suprema actual nada tiene que ver con la de los 90, no deja de ser cierto que el proyecto aprobado solo tiene un objetivo: poner todos los focos sobre la Corte en aquellos casos en los que el Gobierno esté disconforme con los jueces que actúen en instancias inferiores. Pero el tema clave es, en estos días, el fallo de la justicia (y su interpretación) en torno al plazo de desinversión que dicta la ley de medios, que será el próximo 7 de diciembre. De otro modo, cuesta creer -bueno, quizá no tanto- que el Gobierno hubiera promovido el per saltum.
El conflicto con Clarín nada tiene que ver con democratizar los medios y promover la pluralidad de voces, sino con quedarse con todo el paquete. En todo caso, la épica del conflicto, la gesta contra la “corpo”, le sirve al Gobierno como cortina de humo mientras sus amigos Spolski, Vila-Manzano, Cristóbal López y la transnacional Telefónica, entre otros, siguen acumulando, de manera creciente, medios gráficos, audiovisuales, radiales y recursos comunicacionales cuya línea editorial es un calco muy bien pautado por la prédica oficial.
La intromisión en el desempeño de la justicia viene siendo una constante para el oficialismo. Lo grave del per saltum, lo que lo convierte en inconstitucional, es que al elevar causas a la Corte Suprema anula la posibilidad del recurso.
En este contexto, la designación de Cynthia Octaviano -periodista ultra K- al frente nada más y nada menos que de la “Defensoría del Público” es poco más que una broma de mal gusto. ¿Qué reclamos podrá canalizar con justicia una periodista muy requerida por 6-7-8, y para la cual quienes no están con el Gobierno son sus enemigos? Ningún mecanismo de control puede estar en manos de aquél que debe ser controlado. Pero esa es la filosofía voraz del kirchnerismo: ocupar toda instancia estatal que no le genere contradicciones y le permita multiplicar el discurso nacional y popular, eso sí, profundizando el modelo de saqueo neocolonial.
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