El PRO y el desprecio al estado de derecho

Por Alejandro Olmos Gaona (Asesor Proyecto Sur). Algunos datos puntuales, del desprecio del PRO y de CAMBIEMOS por el Estado de Derecho, como desconocen un fallo de la Corte, y la habitual complicidad de los grandes medios.

Como sostengo habitualmente, una cosa es el discurso para enfervorizar a los militantes, convencer a los desprevenidos de siempre, e informar a la opinión pública mostrando supuestamente lo que se hace,y otra muy distinta la realidad que se oculta celosamente y nada tiene que ver con lo que se dice. Esto no solo es privilegio de este gobierno, sino del anterior y de otros, pero como el PRO y CAMBIEMOS, han sostenido jactanciosamente que vienen a restaurar la legalidad, no hay nada mejor que poner en evidencia la falsedad de tal enunciado, y mostrar el desprecio al estado de derecho con el que se manejan habitualmente. En lo que hace al actual gobierno, también los grandes medios son cómplices de ese oscurecimiento de la realidad, que solo muestran en algunos casos muy acotadamente y cuando se hace imposible disimularla por haber tomado estado público.
Se disculpa la habitual modificación de leyes por Decreto, se falsean descaradamente en los titulares las decisiones de los tribunales, como ocurriera en el caso de las tarifas, pero existe un hecho singularmente grave, que silencian habitualmente, y es la muestra más acabada de lo que significa para el macrismo y su troupe de comerciantes encaramados en la función pública el respeto a la legalidad.

Hace 168 días la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordenó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales que exhibieran el contrato celebrado con Chevron International, para la explotación de los recursos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. Se fijó en 10 días el cumplimiento de la sentencia de la Corte, no obstante lo cual YPF, no solo no cumplió, sino que acompañó al juzgado en sobre cerrado un contrato testado en casi un 80%, con un acta de escribano, donde se transcribían algunas cláusulas, alegando sobre supuestos perjuicios que ocasionaría a la empresa el conocimiento público del documento. La Jueza interviniente, Dra. Carrión de Lorenzo, rechazó la presentación, debido a que no se cumplía la orden del Tribunal, e YPF apeló a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde solicitó una audiencia con el peticionante del amparo, audiencia a la que asistí junto al amparista, el ex senador Rubén Giustiniani y los senadores Pino Solanas y Jaime Linares, pudiendo escuchar las improcedentes explicaciones del Dr. Bullrich, abogado de YPF, quien indicó que habían pedido la audiencia para “ ofrecer” mostrar el contrato únicamente al amparista con la condición que no fuera divulgado. La Dra. Do Pico, presidenta del Tribunal rechazó esas expresiones, diciendo que solo cabía cumplir la orden de la Corte, y ordenó traer el sobre cerrado con el contrato, cuando iba a abrirlo, Bullrich se opuso, y dijo que ellos además de la audiencia habían planteado unas cuestiones previas que debía resolver el Tribunal.

La Cámara, a los 10 días, resolvió intimar YPF a exhibir el contrato, bajo apercibimiento de iniciar acciones penales por desobediencia, haciéndole saber que de no hacerlo se procedería al secuestro de la documentación. Que hizo YPF? Volvió a interponer un nuevo recurso extraordinario, para bloquear el acceso a esa información.

No existen antecedentes jurisprudenciales, de que un juicio de amparo, que es similar a una acción sumarísima, con plazos muy acotados y un fallo de la Corte Suprema, haciendo lugar al mismo sea objeto de multitud de chicanas judiciales y deba volver a la Corte para una nueva resolución. Se daría el absurdo que la Corte tenga que volver a ratificar una sentencia que ya pronunció, lo que por supuesto no puede ocurrir, porque cualquier recurso que interpongan será rechazado, pero mientras sigue pasando el tiempo, y el gobierno confía en que la ley de acceso a la información pública que propone, le de facultades de excepción, para negar definitivamente el acceso al documento, y seguir embarullando el proceso con nuevos obstáculos.

También es improcedente que el Poder Ejecutivo cite al Presidente de la Corte Suprema, “para conversar” sobre cuestiones que se sustancian en el Tribunal, y que este concurra a dar alguna explicación. Es que acaso, eso ocurrió en algún otro momento? No significa una intromisión en la independencia de los poderes?

Un dato no menor es que YPF, aunque es una sociedad anónima, está mayoritariamente controlada por el Estado quien designa a sus autoridades, y quien es el organismo que controla: el Ministerio de Energía y Minería, a cuyo frente está el ex Presidente de Shell, Juan José Aranguren, y cuya plana mayor está integrada exclusivamente por ex funcionarios de petroleras extranjeras, lo que tampoco tiene antecedentes en la historia nacional. Sabemos de sobra como han jugado las petroleras en contra del país, y habría que recordar lo que escribiera el general Mosconi sobre la StandartOil, para darse cuenta que siempre trabajan en su propio beneficio, perjudicando ostensiblemente a los países donde operan. Hoy un hombre que sirvió a una de ellas durante 27 años, es ministro de la Nación y el que supuestamente debería controlarlas.

Está claro que muchos imbéciles, encontrarán como explicar estas violaciones, buscando algún artilugio para justificarlas, y los escribas de los grandes medios no se harán eco de los incumplimientos del gobierno, mientras siguen indagando en bolsones y sobreprecios. Es más fácil perseguir a esos torpes ladrones, que enfrentar a las grandes empresas transnacionales, que como en el caso de Chevron, o Shell han depredado los recursos naturales y degradado el medio ambiente, siendo la amazonia ecuatoriana un ejemplo de la destrucción irreversible causada por estos saqueadores de los bienes públicos.