Mientras el gobierno de Macri recorta subsidios a las tarifas eléctricas por US$2.000 millones los consumidores subsidian con US$5.000 millones a las empresas petroleras. Por Fabián Lugarini.
El gobierno de Macri dispuso una fuerte quita de subsidios al consumo eléctrico de pequeños y medianos usuarios, la cual comenzará a aplicarse el 1ro. de febrero, aumentando (a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral que se ajustará de manera semestral en base a la inflación) en un 345% los precios de la energía que las distribuidoras pagan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a las empresas generadoras.
Sin embargo, la quita de subsidios resuelta por la administración macrista al implementar tarifas uniformes para usuarios residenciales y comerciales, sin tomar en cuenta las categorías tarifarias por consumo utilizadas por las empresas distribuidoras de electricidad, significará que los usuarios que consuman más de 300 kWh por bimestre (el 70% de los hogares del país) sufrirían un aumento del 600% en tanto que los que consuman más de 1.000 kWh por bimestre tendrían un aumento del 200% (y que en el caso de medianas industrias y grandes comercios como bingos, shoppings e hipermercados el aumento sería de solo el 100%), haciendo caer de esta forma el mayor peso del ajuste nuevamente sobre sectores asalariados medios (los cuales además padecerán aumentos en la canasta familiar y escolar cuando los comercios trasladen estos mayores costos a precios).
Si bien el marcado retraso en el precio de la electricidad (el cual era menor al costo de generarla) sostenido por los subsidios implementados por el gobierno kirchnerista resultaba inviable en el largo plazo, el abrupto y desigual aumento tarifario no se condice con la "política gradualista" anunciada durante la campaña presidencial por Mauricio Macri y su Ministro de Energía Aranguren. Asimismo, de acuerdo a la ley 24.065 no puede implementarse por decreto un nuevo esquema tarifario sin haber convocado previamente a una Audiencia Pública en la cual estén representados los usuarios.
El gobierno fundamentó el fuerte aumento de tarifas argumentando en la Resolución 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería que: "la aplicación de subsidios en la forma descripta no favorece la correcta orientación de loscomportamientos de las distribuidoras, resultando ello en la ausencia de inversiones suficientes, unida a una deficiente planificación en el ámbito de la distribución de energía eléctrica, que profundizó los inconvenientes derivados de una falta de renovación de redes e insuficiente expansión de las mismas para acompañar el incremento de la demanda propio del crecimiento vegetativo y de los cambios de hábitos de consumo de la sociedad, debido al uso de equipamientos eléctricos de confort domiciliario". Sin embargo, el conceder significativos aumentos a las concesionarias de servicios eléctricos no garantiza que estas cumplan con las inversiones necesarias para la expansión y mantenimiento de la red tal como pudo comprobrarse en febrero de 1999 en la Ciudad de Buenos Aires cuando 150 mil hogares se quedaron sin sumistro eléctrico durante ONCE DÍAS a causa de la falta de inversión en mantenimiento por parte de Edesur, a pesar de tener las empresas distribuidoras de electricidad, por ese entonces, tarifas en dólares y mecanismos de ajustes de precios e indexación por inflación. Por lo tanto, DEBEN DEMOCRATIZARSE LOS ORGANISMOS DE CONTROL (actualmente cooptados por las empresas concesionarias) incluyendo en los mismos a las asociaciones de usuarios.
Finalmente, cabe señalar, que el Estado Nacional tendrá un ahorro neto de US$2.000 millones por esta quita de subsidios, pero por otro lado, en el 2015 las empresas petroleras fueron "subsidiadas" en US$5.000 millones por los consumidores de combustibles como resultado de la implementación por parte del gobierno kirchnerista del "precio sostén" de US$77 por barril de petróleo (cuando el precio internacional del crudo se derrumbaba por debajo de los US$40) y que la actual administración HA DECIDIDO PRORROGAR durante el 2016 a US$67 el barril (a lo cual habría que añadir una compensación de US$500 millones que otorgaría el Estado Nacional a los exportadores de petróleo por pérdida de rentabilidad).
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