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Fuerzas policiales y política de seguridad

Un intenso debate sobre las políticas de seguridad y su implementación a través de las fuerzas policiales.

Un intenso debate sobre las políticas de seguridad y su implementación a través de las fuerzas policiales.

El sábado 18 de septiembre se llevó a cabo el  2º Foro por un Proyecto Emancipador realizado por el Movimiento Proyecto Sur y dedicado al tema de la seguridad en la Facultad de Cs. Económicas de la UBA.

Una de las mesas de debate fue la de  “Fuerzas policiales y política de seguridad”  coordinada por Luis Brunati. Participaron del panel Marcelo Saín (Ex jefe de la Policía Aeroportuaria, Prof. de la Universida de Quilmes y especialista en seguridad); Rafael Gentili (Legislador de la Ciudad por Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur); Adrián Martín (Fiscal de la Ciudad en lo penal y contravencional); Juan Manuel Combi (Docente Teoría del Estado, UBA, Abogado APDH, La Matanza) y Julio Raffo (Legislador de la Ciudad por Proyecto Sur).

Antes de abrir el debate, Luis Brunati recordó el cuarto aniversario de la desaparición de Julio López y le brindó un pequeño homenaje.

Juan Manuel Combi, destacó la importancia de establecer una distinción entre la criminología clásica y la criminología crítica para entender las implicancias de la política de la cultura de izquierda en materia de seguridad. Según Combi, la izquierda aborda el problema como un a política contra la autoridad estatal dejando de lado la cuestión del crimen común. Esto tiene su explicación en que en Europa hasta la década del ’60 el sujeto del delito, o sujeto peligroso tenía las características asignadas por Lombroso al delincuente común. A partir de la década del ’80, el problema cambia. Inspirada en Foucault, la teoría crítica instaura un nuevo sujeto de peligro: la autoridad del Estado que amenaza la seguridad de los individuos. Esta teoría denunciaba (y denuncia) el fenómeno de la represión del Estado, y al hacerlo, descuidad el delito común. Para Combi, “la izquierda subestimó la delincuencia común, en una suerte de forma de protesta social al estilo “Robin Hood”. Esta teoría asociada al llamado “Galantismo”, si bien fue importante, no toma en sus manos la delincuencia común y es tildada de “amiga de los chorros”. La mejor política de seguridad es la de reducción del daño y la prevención, ya que el estereotipo clásico de “chorro” es una consecuencia de las políticas de este país.”

A continuación le siguió el fiscal de la ciudad Adrián Martín, quien analizó la Ley contravencional 23.950 del año 1991 elaborada tras la muerte de Walter Bulacio. Si bien se hicieron reformas en cuanto a la cantidad de horas de detención/incomunicación –se pasó de 24 a 10 horas-, no hubo cambios sustanciales, había 150.000 detenciones anuales. Según afirma Martín, “la agencia policial tiene el discurso de amigo/enemigo, donde hay personas de primera y personas de segunda categoría.” La institución policial, sostiene Martín, “tiene el discurso del positivismo criminológico de Lombroso, donde los sujetos son la clientela de la agencia policial”. Entre las leyes en las que se sostiene la agencia policial se destacan la de averiguación de antecedentes y las leyes contravencionales, las cuales no solo son inconstitucionales y contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos, sino que implica la prevención del delito con la táctica de la sospecha, por lo tanto, no hay prevención de ningún delito. Sostuvo Martín, “hay que unir la 23.950 con lo que  implica como condición de posibilidad, es decir, el gatillo fácil o procedimiento policial ‘fraguado’, que se hace muchas veces con el objetivo de ascender de escalafón. Esto es, la objetividad policial es igual a cantidad de detenciones.” El último punto destacado fue que “las detenciones por averiguación de antecedentes no tienen voz pública.”

Le llegó el turno a Marcelo Saín, quien hizo hincapié en la reforma del plexo normativo de la Policía Federal Argentina. Sostuvo Saín: “habría que plantearse por qué la cultura política democrática argentina nunca estimó oportuno reformar la ley orgánica de la PFA que data del año 1958”. La PFA, es la única policía del país que tiene un régimen secreto de informaciones y que establece un conjunto de personas con doble empleo. Está bien criticar las políticas de derecha respecto al tema seguridad, pero hay que empezar por casa, es decir por la centroizquierda. En este sentido, dijo que “la salida de la dictadura hizo surgir una cuestión antiestatal. Pero la centroizquierda quiere llegar al gobierno, y en el medio de la llegada al gobierno y la sociedad hay muchas cosas…” El conjunto de problemáticas con que hay que enfrentarse tiene que ver con delitos de cuello blanco, pibes chorros, relaciones personales o conflictos domésticos, etc. “El gobernante de izquierda tiene que gestionar, no puede “extinguir” a la policía, ni pretender que los aparatos represivos que uno tiene que gestionar, desaparezcan como tales en cuanto la izquierda llega al gobierno.” Resaltó que las consecuencias de decir “no quiero saber nada con los aparatos de represión”, es que terminan autogobernándose y gestionando por derecha, como es el caso de Santa Fe y Tierra del Fuego.

En primer lugar, destacó que cuando se dice que la evolución criminal en las grandes urbes crece al amparo del alza de la marginalidad, es una afirmación que no es del todo cierta, porque sino, pasaría que todos los pobres son delincuentes. Si bien se da este fenómeno, se da en transformaciones urbanas, en otros, el crecimiento de la pobreza no genera delito. Hay nuevas formas de marginalidad a través del mantenimiento del núcleo duro de la indigencia que se expande y se consolida. Entre el 2003 y el 2007 en Gran Buenos Aires, aumentó el número de villas, la cantidad de hectáreas, y la población. Pero en términos relativos, disminuyó la pobreza y la indigencia. Disminuye la pobreza/indigencia en términos relativos, pero queda un núcleo duro de indigencia.

En segundo lugar, la transformación del mercado. Drogas, trata de personas y autopartes, donde el grueso del consumo de estos productos son sectores medios y altos. Esta criminalidad tiene fuerte protección policial. Dado este cuadro Saín fue contundente: “desde los espacios de centroizquierda tenemos que tener lecturas de los fenómenos delictuales complejos, los gobiernos de izquierda deberán gestionar conflictividad, deberán desarrollar políticas de seguridad”.

En tercer lugar, se refirió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comparó las escuchas con la muerte del joven detrás del estadio de Vélez y reflexionó: “entre cien escuchas que no matan a nadie, y un pibe muerto al costado de Vélez, esto es más letal, está permitida la crítica a esto y esto se oculta”.

Según Saín: “No son problemas de la derecha, son problemas de toda la sociedad”, por ello, para el ex Aeronáutico, es imprescindible formar cuadros, invertir en investigar los matices de la estructura policial, detectar los núcleos de riesgo, la prevención de adicciones y tener todo preparado para poder gestionar, de lo contrario, se cae en la buena voluntad de un comisario piola. Por lo tanto, cuando no hay estructura de gestión, vienen todos los problemas juntos.

El sistema de seguridad actual excluye a los que molestan en la sociedad, es un mecanismo de gestión del conflicto, para mantenerlos a raya. El último desaparecido no es Julio López, es Luciano Arruga que se negaba a “chorear para la yuta” y fue torturado.

Otro punto al que se refirió el ex comisario, fue que la policía controla el delito, y lo regula muy bien, tiene la capacidad de establecer reglas de juego y hacerlas cumplir. Además, las instituciones policiales se autofinancian, el 87% del presupuesto de las fuerzas de seguridad se destina a salarios, el 13% restante es para equipamiento, con lo cual, la plata no alcanza. Aquí se abre otro eje importante, el financiamiento y la manera de conseguirlo.

Para Saín “nosotros en la izquierda sabemos explicar muy bien por qué los pibes chorros son pibes chorros, porque somos sociólogos, pero cuando tenemos que explicar por qué los policías son chorros, es un problema moral, es una mala persona”. Hay que tener en cuenta, según Saín que el policía abusivo se construye institucionalmente. El policía es un trabajador estatal, tiene un doble empleo para llegar a sueldos indigentes. El policía en seis meses tiene un arma en la mano, nadie los defiende, no tienen policía, no tienen sindicatos, y los comisarios son los primeros en construir esto.

Para resumir, lo que debería hacerse es construir militante y cuadros de gestión, realizar la reforma policial seriamente, y la gestión social de estas cuestiones.

Cierra el panel Rafael Gentili, quien se pregunta, “cómo tener una política de izquierda en materia de seguridad, y evitar al mismo tiempo que todo esto es una inmensidad en la cual no estamos capacitados para hacerle frente. Excepto esos meses de Cámpora, la izquierda no ha gobernado nunca. Hay que sacarnos este estigma. Creo que hay que aprovechar que no estamos preparados, porque los que sí, están coptados por el sistema, tenemos que superar esos infantilismos discursivos, nos toca vivir la puesta en funcionamiento, lo que nos dijo Marcelo, nos excede, claramente. Con vocación, capacidad para formarse, la mejor contribución es querer realmente ganar.

Nos interesa el “pibe”, pero no como a Crónica, en un robo se ponen en funcionamiento muchos mercados, el mercado de armas, el del seguro del auto, el de autopartes, el del i-pod, etc. Finalmente, el que va preso no es el del desarmadero que tiene arreglos con la policía, sino que es el “pibe”, que ingresa al sistema carcelario a los 16 años y no sale, y si sale es para seguir delinquiendo dentro del sistema. Ante este panorama, nos preguntamos ¿qué hacer?, hay que poner en discusión qué policía federal queremos.

Desde Proyecto Sur, en la Legislatura, Gentili y Raffo presentaron un proyecto para la sindicalización de la policía Metropolitana. Hay que echar al 99.9% de los 854 agentes que vienen de otra fuerza de seguridad. Los seleccionaron Palacios y Chamorro, todos los jefes son retirados de la federal y vinculados a las empresas de seguridad privada. Todos se tienen que ir porque además, disputan con la Federal los delitos y su formación es militar.

Hay que regular las empresas de seguridad privada, cuyos dueños son ex comisarios especializados en narcotráfico, autopartes, prostitución; y detectar las interrelaciones entre empresas y política.

Por último, Gentili destacó que “el poder político es socio de estos comisarios, tanto las empresas de seguridad y políticos se prenden en estas líneas de restablecimiento del orden”

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