El referente de Proyecto Sur analiza el debate sobre el reparto de las ganancias de las empresas.
¡Hay que cambiar el modelo, Hugo!, por Mario cafiero.
El titular de la CGT Hugo Moyano ha reactivado el reclamo para que se instrumente el proyecto de ley de participación de las ganancias. Todos sabemos que esta jugada se enmarca en una disputa de poder entre Cristina y Moyano, entre el proyecto kirchnerista de una y el proyecto -digamos neolaborista- del otro. Pero más allá de esta disputa, me parece que puede abrirse un debate sobre el tema específico en cuestión: los trabajadores y su participación en las ganancias de las empresas.
Es un punto clave del debate económico, donde la pregunta es: ¿este modelo es capaz de crecer y redistribuir riqueza? o ¿es solo crecimiento, explotación de recursos naturales y bajos salarios? Pero también es un punto clave del debate político: ¿tenemos solo una democracia formal o se podrá profundizar la débil democracia actual hacia una democracia participativa, que avance en la esfera económica y social?
Empecemos haciendo un poco de historia y recordando que los llamados “derechos a la cogestión” de los trabajadores fueron consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de 1957. Allí se estableció que los trabajadores tienen derecho a la: “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”.
O sea, fue una cláusula incorporada por la revolución gorila, la que paradójicamente -a sangre y fuego- interrumpió el movimiento de ascenso de los trabajadores de la primera época del peronismo. Esa cláusula fue un anzuelo para engañar a los giles y hacerles creer que la revolución era contra Perón y no contra los trabajadores. Pero allí quedó consagrada y por supuesto nunca fue reglamentada, porque lo que vivimos después fue una contrarrevolución conservadora, oligárquica y antiobrera.
Recordemos también que en ese momento, en la década del 50, los trabajadores participaban del 50% del ingreso nacional y el sector del capital del otro 50%, el famoso “fifty-fifty”. O sea no fue necesaria una cláusula constitucional para alcanzar una justa redistribución. Y como una ironía de la historia -justamente a partir de su consagración constitucional- comenzó un retroceso que con altibajos dura hasta estos días. Se estima que hoy -a pesar de la recuperación de los últimos años- la participación de los trabajadores solo alcanza al 30% del ingreso nacional.
Esto es importante porque la conclusión que debemos sacar es que lo determinante es el modelo político-económico y no solo la operatividad de una clausula constitucional. Y entonces cabe preguntarnos ¿Cuáles fueron los pilares de ese modelo contrarrevolucionario ? ¿Cuáles fueron las herramientas que le permitieron al sector del capital recapturar formidable renta frente a los trabajadores?
La principal herramienta fue el establecimiento del dogma de la libre movilidad de capitales. Bajo el engaño (¡nuevamente!) de que la libre movilidad nos iba permitir atraer capitales , inversión, crecimiento y distribución. Cuando en realidad ese mecanismo fue y es un formidable vehículo para la más persistente y monumental fuga de capitales que se tenga memoria. Y la fuga de capitales es mayoritariamente ¡fuga de ganancias! al exterior de sector del capital. La última cifra oficial del INDEC nos señala que afuera del país los argentinos tienen 175.000 millones de dólares. Sólo en el gobierno de Cristina se dejaron fugar unos 58.000 millones dólares. A ello hay que agregar la fuga “legal” de dólares que se permitió desde el 2003 a las petroleras y mineras, que suma por lo menos otros 45.000 millones de dólares.
Toda esa ganancia fugada afuera, es la que nos falta adentro. Se fuga la ganancia y ese ahorro nacional no se canaliza entonces hacia el financiamiento de la inversión productiva y del consumo popular. Es decir que además de esa sangría directa, los trabajadores sufren otra indirecta: la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios y de consumo a tasas razonables. A los bancos esto no les preocupa mucho, porque sus ganancias las obtienen principalmente de la deuda pública. En el Banco Central debería sentarse un representante de los trabajadores para velar por que esfuerzo de los mismos no se esfume, como siempre ha ocurrido.
Por otro lado, el sistema tributario -de forma absurda e injustamente- hace pagar impuesto a las ganancias a los trabajadores y grava con un IVA descomedido los productos de la canasta familiar, mientras mantiene desgravada las operaciones financieras y de compraventa de empresas. La presión fiscal es tan fuerte que una parte importante de la economía sigue en negro y por lo tanto el empleo no registrado se mantiene en cifras alarmantes del 35%. Tampoco funciona un sistema equitativo de coparticipación de impuestos a las provincias y los trabajadores por lo tanto pierden de recibir ese salario indirecto que representa el acceso a una buena salud, educación y transporte público.
Por último, debemos tener presente que la brutal extranjerización que sufrió la economía argentina determina que de las 500 empresas que más venden, más de 350 sean foráneas. Por ello es cada vez más importante el giro de utilidades y regalías al exterior: en el 2010 fue de 8.100 y 1.500 millones de dólares respectivamente. Esa es plata que no vuelve a la economía interna y por lo tanto a los trabajadores argentinos.
Como vemos no se han cambiado los fundamentos y pilares de ese modelo conservador que contrarrevolucionó la Argentina. Los kirchneristas podrán decir -con razón- que por lo menos ahora no es un modelo antiobrero. Pero si no cambiamos este modelo financiero e impositivo, es imposible que los trabajadores recuperen el terreno perdido. La CGT tiene que impulsar una política para todos los trabajadores –formales e informales- y no solo para un sector.
La ley de participación de las ganancias de los trabajadores debe empezar por reglamentar el derecho a la información de los trabajadores; debe discriminar a la empresa que reinvierte de la que retira ganancias (en particular cuando es extranjera) y debe tener en cuenta la situación de la pequeña y mediana empresa nacional.
Pero a la par que se discuten mecanismos, equitativos y tranparentes, de coparticipación en la gestión y en las ganancias, se debe repensar como cambiar este modelo financiero y tributario regresivo.
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