Inseguridad y narcotráfico

De lo que en los próximos años hagamos para combatir el narcotráfico y el delito organizado depende en gran medida nuestro futuro como Nación.

Inseguridad y narcotráfico

El plan de “emergencia pública en seguridad” del gobernador Daniel Scioli, impulsado a destiempo y con serias falencias, es un manotazo de ahogado sobre una problemática que, a pesar de las bondades de la denominada “década ganada”, se le ha ido de las manos al gobierno nacional. El kirchnerismo ha vivido en la mentira: ha negado el crecimiento exponencial del delito y sobre todo del crimen organizado, adjudicando su existencia a una mera sensación construida por los medios los grupos concentrados. Mientras la desintegración social crece, la porosidad de nuestras fronteras, el abandono del espacio aéreo y de una estrategia de seguridad e inteligencia, han atraído como nunca antes todo tipo de negocios mafiosos a nuestro país, los que sin duda está en el fondo de la creciente inseguridad que padecemos.

La incapacidad para combatir el narcotráfico ha convertido al país en territorio fértil para las mafias. Pero la impunidad generalizada y la falta de idoneidad en las políticas públicas hacen imposible combatir la reformulación del esquema clásico del crimen: hoy somos un país donde se procesa y produce droga, aunque las contradicciones entre Berni, Capitanich y Rossi demuestren que el gobierno no sabe qué hacer ni siquiera a nivel de diagnóstico. Las nuevas modalidades del delito organizado, como es el narcotráfico entre otros, requieren de nuevas estrategias de avanzada que el gobierno siempre ha soslayado.

Hoy nadie puede negar el vínculo, por acción u omisión, entre el más alto nivel de la política nacional, sectores de las fuerzas de seguridad y la narco-corrupción. En la reunión organizada por la Conferencia Episcopal en diciembre de 2013, en la que el Senador “Pino” Solanas firmó un compromiso público junto a referentes de otras fuerzas, se explicitaba que “la droga es la esclavitud moderna”, siendo “funcional y cómplice quien, pudiendo hacer algo, se desentiende, se lava las manos y mira para otro lado”. Por eso el Frente Amplio/UNEN promueve, como hecho fundacional, la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción que afecten a funcionarios públicos.

Lo que falta en nuestro país son políticas de Estado que ataquen la problemática del delito y el crimen organizado de manera integral. Lo que sobra es información, pero los servicios de inteligencia, que están en permanente contacto con las inteligencias de otros países, carecen de hipótesis de conflicto porque el gobierno hace la vista gorda y no actúa al respecto. Hace tiempo que UNEN viene pidiendo la intervención del complejo de inteligencia del Estado para reorientar su estrategia hacia fenómenos de vital importancia para el bienestar y la seguridad de los ciudadanos.

Para combatir el narcotráfico hay que hacer como los países de la región, Brasil, Chile y Uruguay, que tienen casi la totalidad de su espacio aéreo radarizado. Nuestros radares no cubren la totalidad del territorio fronterizo, y operan pocas horas al día. También es clave establecer un protocolo de actuación aéreo, además de implementar políticas de fuerte control sobre los químicos insertos en la cadena de producción de cocaína y otros estupefacientes. Hay que actuar en todos los plazos, y con perspectiva preventiva, lo cual implica en primera instancia factores educativos, culturales, de formación y empleo que están muy lejos de realizarse. El combate contra el narcotráfico no puede esperar. De lo que en los próximos años hagamos al respecto depende en gran parte nuestro futuro como Nación.