Los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires luchan por la reimplantación del sistema de "porcentualidad salarial”.
Judiciales de San Martín en lucha.
Los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires nucleados en la AJB (Asociación Judicial Bonaerense) encaramos una lucha que tiene por fin la reimplantación del sistema de “Porcentualidad Salarial” (ley que “ata” los sueldos de los empleados a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, es decir las categorías mas bajas del escalafón salarial deben ganar el 25% de lo que gana un juez de corte).
Dicha ley fue derogada por el menenismo como una de las primeras medidas del modelo neoliberal que destruyo las conquistas de los trabajadores.
Mientras los ministros de la Corte recibían 100% de aumento, a los empleados judiciales se les negaba el mismo con la excusa de la crisis económica.
A fines del 2011, el histórico reclamo de la porcentualidad salarial de la AJB recibió sentencia favorable y se tildaban de inconstitucionales los decretos que suspendían la ley de “enganche nacional” (otra de las banderas del sector judicial).
Esa sentencia dictada por una corte de conjueces permitiría en una instancia firme reclamar con retroactividad las diferencias salariales que se generaron desde la derogación de las leyes de porcentualidad y de enganche (aproximadamente 20 años en ambas). Motivado por esa posibilidad latente de que la provincia deba depositar sumas astronómicas para cubrir las diferencias no percibidas en estos 20 años, fue que el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia (Dr. Ricardo Casal) nos propuso entablar un dialogo que derivó en la creación de una mesa técnica que unificara los datos que poseía tanto el P.E como la AJB (en cuanto a cantidad de empleados, porcentajes a recuperar y cargos jerárquicos). Luego de tres reuniones con personal del Ministerio de Economía a cargo de Silvina Batakis se llegó a un acuerdo sobre las cuestiones técnicas que implicaba la ley de porcentualidad, pero en esa misma reunión manifestó el gobierno que “no existe decisión política para llevar adelante en estos términos la reimplantación del sistema”.
En marzo de este año fuimos convocados discutir la pauta salarial. El ofrecimiento del gobierno fue del 21% para todas las categorías del escalafón judicial (incluyendo a los ministros de la Suprema Corte) lo cual alejaría más aun los porcentajes que deberíamos recibir.
Luego de varios rechazos y nuevas propuestas el gobernador Scioli firmo un decreto que otorgaba un 21% en las categorías más altas, un 24% para las categorías intermedias y por ultimo un 26% para los empleados con cargos mas bajos.
La respuesta del gremio fue de rotundo no, ya que se desconocía el acuerdo de reimplantar un sistema de distribución que por derecho le corresponde al empleado judicial de la provincia. Las medidas de fuerza se profundizaron durante los meses de marzo y abril, movilizando miles de compañeros a la ciudad de La Plata (a la Corte Suprema de Justicia y a la gobernación). A mediados de abril el Juzgado en lo Correccional N°1 de la ciudad de La Plata, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el Colegio de Abogados (quienes se ven perjudicados con las medidas de fuerzas permanentes realizadas por toda la provincia). Dicha sentencia obligó al Ministerio de Justicia y Seguridad a “garantizar el debido servicio de justicia”. El ministerio acató dicha sentencia, y Casal desplegó un aparato represivo e intimidatorio de más de 1000 efectivos policiales en toda la provincia, para que los edificios de los tribunales no fueran tomados por los trabajadores.
El silencio del Ejecutivo y la Corte Suprema, mas el intento por amedrentar la lucha con presencia policial, tuvo una respuesta contundente: más de dos mil compañeros movilizados en la Ciudad de La Plata y en cada una de las departamentales. Fue precisamente en esa marcha que la Corte recibió al secretario general de la AJB Hugo Blasco y planteo la necesidad de volver a dialogar para darle un fin al conflicto.
A la fecha la propuesta de esta mesa compartida entre el poder ejecutivo, los representantes de la Asociación Judicial Bonaerense y la Corte Suprema fue que el gremio confeccionara un acta donde figurara el reclamo por el cual se estaba luchando. El acta modelo, confeccionada por representantes de las agrupaciones que conforman el gremio, fue aprobada el día de la fecha por votación en la mayoría de las asambleas que componen la AJB, y será presentada el día de mañana ante las autoridades que así lo solicitaran.
Es necesario comprender que los trabajadores judiciales NO LUCHAMOS POR UNA MERA PAUTA SALARIAL, nuestra lucha es por aspirar a otro servicio de justicia diferente al que hoy día estamos brindando y una justa remuneración.
A la gran mayoría de los trabajadores judiciales no se les respeta la jornada laboral de 6hs., llegando a casos cada vez más naturalizados de 10 u 11 horas de jornada por día para poder responder (y aun con un atraso considerable) a la exigencia laboral diaria. Las pésimas condiciones edilicias, los “acomodos” por parte de los jueces, la falta de apertura de nuevos juzgados, fiscalías, defensorías, tribunales, asesorías periciales, ante el crecimiento de la labor judicial, los sueldos que no cubren la canasta básica familiar en muchos casos, hacen al SISTEMA DE JUSTICIA QUE QUIERE LA PROVINCIA PARA SUS HABITANTES. Nos encontramos frente a un modelo que desconoce no solo al sector judicial, sino a todos los reclamos de justicia en la provincia.
Los judiciales queremos trabajar, pero es necesario para el normal desarrollo de nuestra (y cualquier) actividad que sea en condiciones dignas, con salarios que cubran las necesidades básicas y con una justa distribución del presupuesto destinado a la justicia. (Un juez de la corte suprema de la provincia gana, según antigüedad, un sueldo de de 70.000 a 90.000 pesos sin el aumento decretado y sin impuesto a la ganancia. Un ingresante recibe $2900 pesos. Un aumento del 21% para un juez de corte representa unos 15.000 pesos más, y para el ingresante unos $660)
El gobernador Scioli no da respuestas al sector judicial, y otorga cerca del 4% como presupuesto para la justicia bonaerense, cuando en la década de los 90´era del 7% con un poder judicial mucho menor en cantidad de empleados y dependencias.
Por todo eso exigimos al Gobernador que de respuesta a los reclamos no solo del poder judicial sino de toda una provincia que reclama por una justicia que sea eficaz y que garantice el derecho constitucional de acceso a la vía jurídica que poseen todos los que habitamos esta provincia.
Repudiamos la presencia policial en nuestros lugares de trabajo. Rechazamos las tareas de inteligencia que se nos efectúan en cada una de las marchas desde comienzo de este año. Y le recordamos que la justa distribución de la riqueza dentro del Poder Judicial tiene nombre y se llama “Ley de Porcentualidad Salarial”.
POR admin
