Los graves problemas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia educativa.
La catástrofe educativa llegó a la Ciudad
En la ciudad con mayor presupuesto propio y con la más larga historia de cobertura en todos los niveles educativos, la noticia de que 17.000 alumnos no tienen vacantes provocó el descontento generalizado de padres de alumnos y gremios docentes, dando intervención a la justicia ante los numerosos recursos de amparo y movilizando al poder legislativo porteño.
La solución inmediata que ofreció el gobierno de la ciudad fue la licitación para la compra de 35 equipamientos modulares (aulas-contenedores) y seis módulos para sanitarios por un monto total de 26.650.000 millones de pesos. Los pliegos de licitación establecen que “la entrega, instalación y puesta en funcionamiento deberá estar finalizada dentro de los 20 días corridos contados desde la notificación de la Orden de Compra”. Las aulas-contenedores tendrán una superficie mínima de 30 metros cuadrados y estarán equipadas con dos aires acondicionados frío calor. El revestimiento exterior será de chapa galvanizada, recubiertas de PVC, el interior de madera aglomerada con aislamiento de lana mineral y el techo de chapa o de lámina metálica. Pero como dice el refrán: aunque la mona se vista de seda. La compra de las aulas contenedores son la cara visible del deterioro de la educación pública; no es la primera vez que el gobierno de la ciudad recurre a este tipo de infraestructura (en julio de 2006 el juez porteño, Fernando Juan Lima, le ordenó al Gobierno de la Ciudad “cesar el obrar ilegítimo de dictar clases en las llamadas aulas modulares”), pero esta vez, en lugar de alquilarlas las compra evidenciando que la precariedad será política pública.
Por otro lado, la distribución geográfica de dichas aulas contenedores (ocho se ubicarán en el Playón de Piedra Buena, en la intersección de calles Zuviría y Piedra Buena -Villa Lugano-; tres en Palos y Villafañe -La Boca-; siete en Av. Coronel Roca s/n 4200 -Villa Soldati-; ocho en el predio localizado en Cnel. Martiniano Chilavert y Varela -Villa Soldati-; tres en Bermejo 6672 y Piedra Buena -Villa Lugano-; y en Av. Libertador 4953 –Palermo- y Pico 2689 -Saavedra-, un aula en cada lugar) muestran que la política en materia de educación del gobierno de Macri consolida las desigualdades educativas entre el Norte y Sur de la ciudad.
El Informe de la Asociación Civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) de Marzo de 2013, analiza la situación educativa que atraviesa el Nivel Inicial. Señala que en febrero del 2011 el Gobierno de la CABA reconoció la legitimidad del reclamo judicial iniciado por la Asociación a fin de que cese la exclusión escolar de miles de niños/as de 45 días a 5 años debido a la falta de vacantes en escuelas estatales; y asumió obligaciones y compromisos concretos a fin de dar una solución definitiva al problema. El GCBA realizó algunas obras pactadas, la gran mayoría se encuentra con más de dos años de atraso o directamente sin comenzar.
Antes del 31 de marzo de 2011, el Gobierno debía presentar un detalle de las obras nuevas adicionales que se llevarían a cabo en los Distritos escolares N° 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14 y 18, cuyas demanda de vacantes insatisfecha no podía ser resuelta con las obras individualizadas en el plan. La fecha de finalización de las obras comprometidas en dicho plan adicional, no debía exceder finales del 2012. Sin embargo, en febrero de 2011 no se había presentado un plan de obras adicional para esos distritos escolares y tampoco se había establecido la realización de obras adicionales para ningún otro distrito; en ese momento la cantidad de niños/as en lista de espera fue de 5518.
A su vez, al mes de Febrero de 2013, la cantidad total de niños/as en lista de espera en escuelas de nivel inicial era de 6767 niños y de acuerdo a datos sobre listas de espera correspondientes al año 2013, de realizarse las obras previstas para el nivel educativo inicial (muchas de las cuales ni siquiera han comenzado), aún así habría más de 4500 niños/as fuera de ese nivel educativo
La situación es alarmante ya que de acuerdo a los datos oficiales, al evaluar la cuenta de inversión correspondiente al año 2011, se constata que durante ese año el Ministerio de Educación no ha utilizado 171 millones de pesos asignados al área de Infraestructura Escolar. Si se evalúa, a su vez, el tercer Informe de Ejecución Trimestral correspondiente al año 2012, se advierte que al tercer trimestre aún restaba la ejecución de más de 200 millones de pesos. Mientras tanto el gobierno destina cuantiosos recursos a subsidiar a quienes asisten a escuelas privadas en las zonas más ricas de la ciudad.
Sumado a este cuadro de situación, algunas escuelas que funcionan en sitios alternativos a falta de lugar propio en condiciones altamente deterioradas; un ejemplo paradigmático es la situación del Jardín de Infantes Nucleado A del Distrito Escolar 21 que una de sus sedes funciona en un Centro Comunitario Parroquial de Caritas en Villa 20. Entre otras graves observaciones, se pudo constatar que durante el horario de funcionamiento de la actividad escolar adultos ajenos al ámbito educativo hacen uso de las instalaciones, personas en situación de calle utilizan los baños linderos a las aulas y se realizan ferias de ropa en el patio con gran concurrencia del barrio, impidiendo su uso por parte de los alumnos/as.
La situación que atraviesa en materia educativa la Ciudad de Buenos aires se puede constatar en cualquier otro distrito escolar del País. No hay que ir muy lejos –solo cruzar la Gral Paz- para verificar que el problema de infraestructura escolar es acuciante o que los salarios docentes son paupérrimos. Para atender la demanda de vacantes del nivel secundario la Provincia de Buenos Aires utiliza edificios de las escuelas primarias, sobrecargando y deteriorando la infraestructura existente.
Por último quisiera reflexionar sobre que no es arbitrario que uno de los nivele educativos con mayor atraso sea el inicial; si bien con la nueva Ley de Educación este nivel de la escolaridad pasa a ser obligatorio, ninguna jurisdicción del país ha logrado en los ocho años que median desde su sanción una cobertura acorde a las necesidades.
El Nivel Inicial junto al Nivel secundario constituyen no solo el comienzo y el final de la escolaridad obligatoria si no los dos niveles más deteriorados. Ambos adolecen de falta de estructura edilicia, de materiales adecuados, de bibliotecas especializadas, de laboratorios acordes; en inicial quedan alumnos afuera por falta de vacantes y en secundario por el alto desgranamiento. El Estado ha podido garantizar la cobertura total solo en el nivel primario, pero se debe entender que si gran parte de la población ingresa a este nivel sin haber podido cursar adecuadamente el inicial, entrará con desventajas respecto de quienes pueden acceder a una educación privada inicial. Al extender- a partir de la Ley de Educación- hacia Inicial y Secundario la obligatoriedad escolar no garantizando las condiciones mínimas indispensables para su cobertura, el Estado propicia la desigualdad educativa condenando a quienes menos tienen al no acceso de uno de sus derechos inalienables: la educación.
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