Declaraciones de Alcira Argumedo sobre la situación político y social de América Latina.
La desaceleración económica es un hecho en Brasil, aquí y prácticamente en toda la región. Pero en Ecuador y en Venezuela el gasto público no merma. Mucho más si, como en Caracas, las luces electorales están encendidas aguardando el 7 de octubre, cuando Hugo Chávez intentará una nueva reelección, a pesar de la enfermedad que lo aqueja.
En Venezuela, el petróleo a 106 dólares el barril permite todavía seguir gastando. En Ecuador, Correa ocupó uno de sus ratos libres cuando no pelea con la prensa en pedir un crédito de 515 millones de dólares al Fondo Latinoamericano de Reservas, para asegurar la liquidez con la que hacer frente al gasto público, un gasto que fue definido por Luis Luna, subsecretario de Comercio, como "un gasto excesivo".
Con el 41 por ciento de sus ingresos que llegan por la exportación de petróleo, Ecuador prevé que el gasto público crecerá este año un 9 por ciento, algo así como 29.600 millones de dólares, lo que representa un 36% del PBI.
Según Luis Poppa, ninguno de los países de la región está debidamente preparado para enfrentar los rebotes de la crisis financiera internacional, "que aún no han llegado".
Problemas de solidez, tanto financiera como institucional, falta de desarrollo de sus respectivas capacidades industriales, entro otros pendientes, "son tan graves que quedamos muy lejos tecnológicamente de otros países", señala Alcira Argumedo.
Nunca faltará el que a cualquier gobierno que ostente un perfil progresista se lo acuse de "marxista". Son aquellos que lo simplifican todo y que hasta podría asistirles algo de razón siempre que revisarán, no ya la teoría política del célebre filósofo alemán Karl Marx, sino alguna de las tantas sentencias que supo acuñar Groucho Marx, el genial humorista estadounidense. Al menos a la hora de revisar cuán progresistas pueden ser los gobiernos que en América del Sur, ya sea por sus discursos o por algunas estrategias políticas, se arrogan la condición de "progres".
El caso argentino puede llegar a ser el más exponencial de esa suerte de "nuevo marxismo". Al menos se ajusta a otra máxima del humorista cuando aseguraba que "la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados".
la socióloga Alcira Argumedo, resalta que "hubo hasta aquí una etapa de bonanza económica desperdiciada" y prefiere centrarse justamente en "la fascinación" tanto para el gobierno argentino como para otros en la región de la "minería a cielo abierto", a la hora de restarles méritos a los gobiernos que llegaron para plasmar una postergada agenda distributiva y de inclusión social. "Estos gobiernos se ven deslumbrados por la promesa de los capitales que para las empresas mineras y para los valores que se manejan en el mercado terminan siendo una propina", aclara la también investigadora del Conicet.
Desde Perú, Carlos Tapia, politólogo y ex asesor del presidente Ollanta Humala, le da la razón a Argumedo. "Durante la campaña, el presidente Humala habló siempre de poner límites a las empresas mineras. De imponer exámenes medioambientales, pero a medida que se fueron agigantando sus posibilidades presidenciales eso fue quedando de lado y comenzó a ver la posibilidad de financiar programas sociales con el excedente minero".
A Humala el proyecto minero de Conga, departamento de Cajamarca, a cargo de la empresa transnacional Yanacocha, le costó la caída de dos gabinetes en menos de un año. El primero, que encabezaba Salomón Lerner, dimitió en diciembre pasado cuando se encontraba a punto de alcanzar un acuerdo con las organizaciones sociales levantadas contra el proyecto en Cajamarca. Y ahora el del ex premier Oscar Valdés, la semana pasada, antes del primer cumpleaños de la administración Humala en el poder, por la represión de esa misma protesta, que se cobró 15 vidas.
"El tema minero es el más visible, pero a lo largo del primer año de gobierno se observaron varios errores políticos que llevaron a que el presidente pasara en tan sólo meses del 58% de aprobación por parte de la opinión pública al 36%", explica Tapia, para quien "la ilusión de un cambio" que el actual presidente había despertado en vastos sectores sociales "se quedó en la campaña". Un giro ratificado luego en los primeros meses de gestión, cuando el hoy mandatario le dio rienda suelta al militar que lleva adentro antes que a la versión 2011 de su candidatura, más cercana al Partido de los Trabajadores de Brasil que al modelo chavista con "Asamblea Constituyente" que proponía en 2006.
Y es justamente su formación militar la que lleva a Humala a renegar en las reuniones de gabinete. Algunos de sus ex y actuales ministros coinciden en que "no está acostumbrado al juego democrático: no termina de asimilar la idea de ministros discutiendo alrededor de una mesa, y prefiere las charlas y las decisiones directas", confían.
Cuando observa la era presidencial del matrimonio Kirchner, también aborrecedor de los cónclaves ministeriales, Lozano recuerda que "siempre se privilegiaron las decisiones verticales a las del conjunto, y sólo entienden la democracia delegativa para que los acompañen, y eso no es progresista", a pesar de algunas leyes y políticas que van en ese sentido, como el matrimonio igualitario, o la del derecho a una muerte digna, sin olvidar la política de derechos humanos.
Cuando se los observa a través de sus alianzas o por el tipo de ajustes económicos que encaran, la politóloga boliviana Ximena Costa sostiene que "todos los gobiernos [de la región] se asemejan bastante", y aclara que por lo menos en la Bolivia multicultural de Evo Morales, "la banca nunca había ganado tanto dinero como estos años, y las petroleras nunca tuvieron más beneficios que desde el anuncio de nacionalización de los hidrocarburos", en 2006.
Desde el anunciado "gasolinazo", en diciembre de 2010, año en que comenzaron las protestas sociales que hasta hoy no se han detenido, el gobierno de Evo Morales no hizo más que apagar incendios, mediante la represión, en el caso de los indígenas de Caranavi o el Tipnis, o la negociación, con los trabajadores de la salud y con la policía, con los mineros de Potosí o los transportistas de La Paz.
"No se puede llamar progresista a un gobierno que se basa en la desigualdad. Entre blancos e indígenas, entre pobres y ricos o entre departamentos y el poder central", aclara Costa, para quien, como para Tapia en Perú, "las esperadas mejoras sociales siguen aguardando", como aguardan en la Argentina "el descenso de los índices de pobreza y el desempleo, a pesar de años de bonanza económica", al decir de Argumedo.
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