La diputada nacional por Proyecto Sur-UNEN fija su postura sobre el acuerdo de disolver el IEM.
En este momento de la historia, Estados Unidos se encuentra en los primeros estadios de un desafío mayor a nuestro sistema político, concretado en la penetración de nuestro hemisferio. No están usando necesariamente medios militares tradicionales. Por el contrario, están comprometidos en esfuerzos no convencionales, que son difíciles de enfrentar para nuestro país, sobre todo cuando se entra en la zona de los derechos humanos, que ha sido el bastión de los intentos de la izquierda para abortar todos los esfuerzos tendientes a proteger la libertad del individuo en esta parte del mundo.
Este problema se ha convertido en el tema central de la izquierda frente a nuestros intentos por enfrentar los problemas de droga en Colombia, Perú, Bolivia, etcétera. Los esfuerzos de los comunistas por pintar las “guerras sucias” de Chile y Argentina como solo otro intento de la “derecha perversa” por reprimir a la población civil, es un caso evidente de dejá vu. (Estados Unidos: Documento de Santa Fe IV)
La publicación en el año 2001 del Documento de Santa Fe IV, da cuenta de los problemas que el establishment de Estados Unidos percibe como los más importantes a enfrentar en la primera década del siglo XXI: a partir de estos diagnósticos, traza sus estrategias para Nuestra América. Tales estrategias constituyen políticas de Estado, cuya persistencia debe garantizarse al margen de la orientación del gobierno -Demócrata o Republicano- que circunstancialmente gane las elecciones presidenciales. En este marco debe interpretarse la disolución del Instituto Espacio para la Memoria, institución autónoma y autárquica de la Ciudad de Buenos Aires, que ha impulsado, con la perspectiva de militantes históricos de Derechos Humanos y una visión pluralista, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
El acuerdo firmado por el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich con Mauricio Macri, a instancias del Secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli y el sector de La Cámpora que controla la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, no es inocente. El objetivo de disolver el IEM para pasar los centros clandestinos y los edificios de la ex ESMA que están bajo su custodia legal, al ámbito de la Nación, constituye un paso más en la decisión de someterse a la estrategia trazada por Santa Fe IV. Ahora se intenta banalizar la experiencia del terrorismo de Estado, siguiendo los pasos iniciados con la aprobación de la Ley Antiterrorista; la base norteamericana de “ayuda humanitaria” en Resistencia, respaldada por el gobernador Jorge Capitanich; el Proyecto X; y la designación del Teniente General César Milani como Jefe del Estado Mayor General del Ejército. En este último caso, se desestimaron las denuncias del Centro de Estudios Legales y Sociales y el Nunca Más de la provincia de La Rioja, por su complicidad con el genocidio de la dictadura. La designación se complementa con la del General de División Luís María Carena como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de Generales adictos, garantizando que la conducción militar quede en manos del Área de Inteligencia. Si se admite la participación de Inteligencia del Ejército en temas de seguridad interna, las decisiones se asemejan demasiado a la Doctrina de Seguridad Nacional de los años setenta.
Los intentos de la Fundación Ford de apropiarse de los edificios de la ESMA gestionados por el IEM, a fin de promover las propuestas de “reconciliación” entre víctimas y genocidas, pudieron ser derrotados gracias a la cohesión de una mayoría de los integrantes del Instituto. No obstante, desde entonces algunos de los organismos que se retiraron -entre otros, los financiados por la Fundación Ford- iniciarían una política de hostigamiento más o menos sistemática, acompañada por un grupo de trabajadores de esta institución: entre otras acciones, además de repartir volantes con falsas denuncias en una de las marchas del 24 de Marzo, este grupo organizó un escrache a los miembros del Consejo Directivo -grabado en un video que fue difundido por las redes sociales- donde cantaban “nos tienen miedo porque no tenemos miedo…” y demás estrofas tradicionalmente destinadas a los represores.
La propuesta de algunos sectores de “poner vida donde hubo muerte” elude reconocer que en la ESMA no solamente hubo muerte, como sería la festividad del Día de Muertos en los cementerios mexicanos y entre diferentes pueblos indígenas. En la ESMA -al igual que en otros centros clandestinos de detención- además de muerte hubo degradación de lo humano; experiencias de deshumanización llevadas al extremo, que no pueden ser trivializadas. La decisión de un grupo de La Cámpora de hacer asados en el predio se inscribe en este patrón. Según relatos de ex detenidos-desaparecidos, los represores llamaban "asadito" a la cremación de los cuerpos que no habían podido tirar desde los aviones. De esta manera "el asadito" tiene dos acepciones según el contexto: afuera de la ESMA es algo agradable; en la ESMA evoca el horror. El proyecto del museo impulsado por Oscar Parrilli en el Casino de Oficiales se entronca con el tipo de intervenciones que no respetan la condición de estos sitios.
El otro gran objetivo del convenio es quebrar la autonomía y autarquía del IEM que, gracias a sus atribuciones políticas y jurídicas, ha ejercido su rol basándose en el debate; aceptando que existen diferentes miradas sobre la memoria y todas deben ser consideradas en la búsqueda de consensos, de modo tal que una de ellas no anule a todas las otras. Esta experiencia de lo público como un espacio de gestión donde participan instituciones y miembros de la sociedad civil junto a representantes de partidos políticos de la Legislatura y del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas orientaciones persisten al margen de los gobiernos de turno, garantiza el pluralismo y la democracia, neutralizando la arbitrariedad de burócratas. Con una concepción que no acepta ni el debate ni el disenso y una actitud típica de Luís XIV -“después de mí el diluvio”- de hecho, mediante este convenio, se ponen irresponsablemente los sitios de Memoria en manos de quien gane las elecciones en el 2015: debemos reiterar que el IEM pudo gestionar autónomamente las políticas de Memoria, al margen de que el gobierno de la CABA fuera ejercido por Aníbal Ibarra, Jorge Telerman o Mauricio Macri.
A su vez, en la perspectiva de Macri -cuyo interés por los Derechos Humanos no ha sido nunca destacable- la entrega del IEM le significa un doble beneficio. Por una parte, se ahorra el presupuesto que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destina al Instituto. Por otra, su socio y amigo Nicolás Caputo gana una licitación por $90.4 millones para levantar en el predio de la ESMA un Museo sobre la Guerra de Malvinas. Lo cual no quita que la contrapartida puede incluir otros ítems, en tanto Mauricio tiene una larga trayectoria de vida en negocios, no siempre transparentes.
El edificio del Casino ha sido el lugar por excelencia de las torturas, muertes, violaciones, asesinatos de madres después del parto para robarles sus bebés y otras aberraciones. Por esta razón, el consenso de la mayoría de los organismos de Derechos Humanos -y en particular de los sobrevivientes que atravesaron ese infierno- es que el edificio no debe intervenirse con un museo “electrónico” como el que propone Oscar Parrilli, para ser inaugurado por Cristina Kirchner el próximo 24 de marzo. Este edificio de la ESMA no puede convertirse en “Tecnópolis de la Memoria”. Es otra cosa: no un espacio que soporte un “show para turistas” sino un sitio que debe conmover y ayudar a pensar. Un lugar de recuerdo y homenaje, alejado de toda concepción que suscriba la banalización y el despilfarro. Por otra parte, el edificio continúa siendo considerado como base de pruebas en los juicios a los genocidas, ya que aún pueden encontrarse en él pistas, claves o mensajes de los detenidos-desparecidos
Desoyendo los consensos históricos acerca de los usos de los sitios de memoria en general y en particular del Casino de Oficiales de la ex ESMA, la decisión del Secretario General de la Presidencia fue contundente: en una actitud de prepotencia y sin aviso alguno a los involucrados, firma un convenio con Mauricio Macri para disolver el IEM y así disponer a su gusto de éste y otros edificios de los Centros Clandestinos de la Ciudad de Buenos Aires. Esto nos remite a “Vidas paralelas” de Plutarco.
El integrante más destacado del Consejo Directivo del IEM es el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, conocido a nivel nacional e internacional por su trayectoria de vida. El paralelo es Oscar Parrilli. Vale entonces destacar algunos aspectos de esta trayectoria de vida, a fin de comparar la autoridad moral de uno y otro ante el tema de Derechos Humanos. Debe recordarse que en octubre de 1989 -a poco de asumir la presidencia- Carlos Menem firma el Decreto 1002/89, por el cual indulta a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, incluyendo a los Jefes de las Juntas Militares condenados en el juicio de 1985 y al procesado José Martínez de Hoz. Como integrante del bloque menemista de diputados en el período 1989-1993, Parrilli fue un cómplice de esos indultos: las estrechas relaciones con el menemismo pueden comprobarse por su papel como miembro informante de las privatizaciones de Gas del Estado, de YPF, de los ferrocarriles y de los fondos de pensión que crearon las AFJP, en sucesivas sesiones de la Cámara Baja. En una de esas oportunidades, su discurso fue claro:
Nos preguntábamos si estábamos traicionando nuestras banderas, si nos habíamos olvidado de dónde proveníamos y si no sentíamos vergüenza por nuestra historia, por nuestros muertos y por todo lo que significa el peronismo en la historia. Por ello debo señalar con sinceridad y profunda convicción que no venimos a esta sesión arrepentidos de lo que fuimos, no sentimos vergüenza de lo que somos y tampoco venimos a pedir disculpas por lo que estamos haciendo.
No se arrepiente, no siente vergüenza, no pide disculpas: éste es el ideólogo de la disolución del IEM. La persona que decide “vamos por todo” y se da el lujo de destruir una institución que integran militantes históricos de Derechos Humanos. Dado el mérito de haber coordinado los Festejos del Bicentenario y la construcción de Tecnópolis, no quiere perderse la posibilidad de un nuevo triunfo de espectáculos con el museo electrónico y un relato propio del terrorismo de Estado, que tiene en el Casino de Oficiales el símbolo más siniestro. La acusación contra el IEM plantea que se ha convertido en una “máquina de impedir”: como no siente vergüenza ni se arrepiente de su historia, tampoco cambió la expresión utilizada despectivamente por el menemismo contra quienes en 1992 se oponían a las privatizaciones. Ahora, sin sentir vergüenza ni pedir disculpas, decide actuar como protagonista de las estrategias derivadas del Documento de Santa Fe IV, del mismo modo que actuó como protagonista de la imposición del modelo neoliberal con sus duras consecuencias Estas vidas paralelas abren un interrogante: ¿quién debe orientar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia: Oscar Parrilli o Adolfo Pérez Esquivel?
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