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La extranjerización de tierras: una cuestión de Soberanía Nacional

Por Dra. María José Vázquez. Sobre la medida del presidente Macri de eliminar limitaciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

La medida del presidente Macri de eliminar limitaciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, encubre un pacto inmobiliario rural para impulsar la inversión foránea en las zonas más rica y productiva de la Argentina. Y puso en alertas a productores locales y a legisladores de la oposición, que irán a la Justicia para bloquear la jugada oficial.

A través del decreto 820, el Gobierno arrasó los puntos principales de la Ley N° 29737, aprobada a fines de 2011. Así, abrió la posibilidad para que capitales extranjeros tengan más facilidades a la hora de comprar.
Ante este escenario algunos comenzaron a analizar impugnaciones. Tal es el caso del diputado del FPV Martín Doñate, que hará una presentación en los próximos días y del titular Federación Agraria (FAA), Omar Príncipe, que en una entrevista, dijo “quién asesora al Presidente y qué intereses están detrás de este decreto mediante el cual se avanza contra los pequeños productores que todavía esperan la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar”. Y agregó que “una semana antes del Bicentenario de la Independencia, el peor homenaje a nuestros próceres es el de entregar los recursos naturales y favorecer la concentración”.

Según los datos del último relevamiento de tierras rurales, del año 2013, hay un total de 16.253.279 hectáreas (6,09% de la superficie total) en manos de extranjeros, más de un millón de las cuales corresponden a empresas radicadas en paraísos fiscales. Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos, Andorra, Liechtenstein y la República Oriental del Uruguay cobijan compañías que en Argentina poseen 1.113.654,85 hectáreas, es igual a 55 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

La extranjerización de la tierra puede provenir de la compra por parte de extranjeros o bien por la “nacionalidad” que tiene la compañía que es titular de esas tierras. Este último es el caso de las hectáreas en paraísos fiscales, muchas de las cuales son propiedad de dueños argentinos que registraron la sociedad fronteras afuera. Hay ejemplos paradigmáticos: la sociedad Goyaike Sacif está inscripta en Uruguay y en la Argentina es propietaria de 200.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. La firma, dedicada a la agricultura y a la ganadería, tiene un representante legal en los campos locales, pero los accionistas y verdaderos dueños de la firma son Gregorio Pérez Companc y buena parte de su familia.

Para acceder a estos datos, el Registro de Tierras consiguió información de Catastro, Registro de la Propiedad Inmueble y el de las Personas Jurídicas de todas las provincias del país y cruzó eso con información de AFIP y la Inspección General de Justicia (IGJ). Un esquema que era casi único para monitorear datos, sólo alcanzable por los controles de la Comisión Nacional de Valores (CNV) a las firmas que van a cotizar al Mercado de Capitales.

La estadística del Registro de Tierras muestra que, lejos de espantar al capital, con la ley vieja se aprobó el 93,6% de los 186 trámites de pedido de operaciones y fueron rechazados, en los tres años posteriores a la sanción de la norma, sólo 12 certificados presentados.

¿Para qué se cambió entonces la columna vertebral de la Ley de Tierras? Los que vienen trabajando cerca del Gobierno de Cambiemos desde la campaña presidencial aseguran que el Presidente tiene la obsesión de dinamizar la venta de tierras en la zona núcleo (norte de Buenos Aires y sur de Córdoba y Santa Fe), área que es la más baja en materia de extranjerización y la más rica en condiciones de clima y de cosecha, sobre todo soja. A estos fines, se ha eliminado el límite de mil hectáreas por propietario. Este punto en particular es lo que denuncian la FAA y sus ramificaciones. No habiendo aún un pronunciamiento de la Mesa de Enlace, hoy diluida políticamente.

Cuando asumió en el Registro de Tierra, Cristina Brunet tuvo una reunión con la Cámara Argentina de Inmobiliarios Rurales (CAIR). Realizada en marzo y difundida por la propia ex comunera en su cuenta de Facebook, en la misma se analizó y definió el texto de la futura modificación y los inmobiliarios hicieron aportes para abrir el grifo al ingreso de capitales a la zona centro.
Uno de las dificultades que tiene la extranjerización de la tierra es que, según el Registro, sólo 964 personas jurídicas tienen casi 13 millones de hectáreas, mientras que cerca de 17 millones de personas físicas poseen sólo 3 millones y medio, “mucha tierra en muy pocas manos”.

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