La resistencia al proceso de normalización viene del gobierno provincial que busca mantener la UADER como un botín para el ejercicio de prácticas clientelares
La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) es una institución creada en el año 2000, durante el conflictivo gobierno radical de Sergio Montiel, que decidió crear una universidad provincial de acuerdo con las atribuciones que otorga a las provincias el Artículo 26 de la Ley de Educación Superior (LES). De acuerdo al espíritu noventista imperante cuando se promulgó esa ley, la posibilidad de la existencia de universidades provinciales abría el camino a la transferencia de las casas de altos estudios a las provincias tal como ocurrió con otras áreas de la educación. Pero, en Entre Ríos, lo que se hizo fue muy distinto, ya que se creó una nueva universidad a partir de la reestructuración de los institutos terciarios existentes -algunos con una historia prestigiosa- más otros surgidos de necesidades más actuales.
La UADER estuvo signada por la inestabilidad institucional y muchas fuerzas, de distinto origen, se ocuparon de boicotearla. No obstante, este proyecto trascendió a su génesis para hacerse carne en la mayoría del estudiantado y también en una buena parte del cuerpo de profesores.
De las luchas por la supervivencia de la UADER surgió una identidad que se empeñó por sacarla adelante y, más aún, se esfuerza por constituir una casa de altos estudios que rompa con el molde general de las universidades nacionales en las últimas décadas. Así, se ha ido conformando un proyecto autónomo de los gobiernos de turno y muy comprometido con las problemáticas de la comunidad universitaria y del resto de la sociedad que sostiene a la UADER con sus impuestos.
Esta vocación autónoma estampada en el nombre mismo de la universidad y forjada en doce años de resistencias ha generado un alto nivel de politización y de ciudadanía universitaria.
En este contexto, la corriente Estudiantes Sur, viene ganando durante 2 años consecutivos el centro de estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, la más importante en matrícula provincial. En la actualidad es un motor poderoso que empuja hacia la normalización que se pretende postergar una vez más, siendo que 12 años de intervención triplica los plazos dados por la vigente legislación para que una universidad a crearse conforme sus propios órganos de gobierno.
Como ocurre desde hace años, la resistencia al proceso de normalización viene del gobierno provincial –aliado al nacional- que busca mantener a la UADER como un botín para el ejercicio de prácticas clientelares, es decir, una política dirigida a la heteronomía, lo cual, lógicamente choca con el espíritu independiente que se forjó en esta universidad.
Estas tensiones, al no encontrar carriles institucionales, han generado medidas de fuerza: la toma del Rectorado por parte de alumnos, profesores y egresados, además de movilizaciones populares con una masiva y enérgica participación pública que le demandó al gobernador la renuncia de los interventores y decisión de la inmediata normalización.
Mientras tanto, el gobierno provincial, con problemas presupuestarios, pretende desatenderse de la responsabilidad económica de la universidad a partir de su nacionalización y, de paso, trata de “barajar y dar de nuevo” para crear una institución bajo la influencia kirchnerista, cuyos militantes manifiestan que “Normalizar es nacionalizar” y así poner la universidad en el marco de un proyecto centralizador.
Por otra parte, la enorme mayoría de la comunidad universitaria y, en especial de la asamblea alzada contra la intervención, adhiere a la idea de que la universidad debe ser parte de un auténtico proyecto nacional y popular –alejado de un relato fantástico-, y de democracia universitaria. Por eso establecemos también la necesidad de modificar a la brevedad el Estatuto que regirá el cogobierno, incorporando a más actores como es el caso de los profesores interinos.
Así, del laberinto salimos por arriba, con más democracia universitaria y con vistas a avanzar hacia una nueva Reforma de la Educación Superior que, necesariamente dejará en el pozo de los trastos del neoliberalismo la actual ley.
Las declaraciones dialoguistas del ministro provincial de Educación José E. Lauritto abren una expectativa de solución. Pero, las palabras del gobernador Sergio Urribarri, menospreciando a los estudiantes al decir que “no se dejen usar”, como si los jóvenes no fueran capaces de discernir argumentos alejados de la resolución de un problema que seguirá creciendo, las cierran. La actitud de soberbia nacida del resultado electoral de octubre del año pasado terminará por llamar a la ciudadanía a marcar los límites de un poder que nunca es eterno.
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