Del “cordón humanitario” y la “pacificación” militarizada a la desvergüenza kirchnerista.
Represión en Villa Soldati
Nadie debería dudar, a esta altura de los acontecimientos, de que las trágicas consecuencias que se suscitaron con la ocupación del Parque Indoamericano les explotó en la cara tanto a la Presidenta de la Nación como al Jefe de Gobierno de la Ciudad; y, además, que están pagando un enorme costo de cara a una sociedad mayoritariamente cansada de ver como se acumulan problemas sin solución, independientemente del particular punto de vista con el que la gente aprecie las necesidades de vivienda de los que tomaron ese predio como otros, o los motivos y los modos con los que reaccionaron los vecinos de las respectivas zonas.
Lo cierto es que todo se manejó con una impúdica liviandad y mezquindad política, al punto de que las únicas respuestas institucionales que se dieron -recién al cuarto día de que estallara el conflicto- fueron el cerco perimetral de la Gendarmería y la Prefectura que despachó Aníbal Fernández y el menú de asistencia básica que dispuso -a las apuradas- la cartera social del GCBA. Ese fue el único saldo de abordaje “interestatal” concreto, antes de que se diseminaran las ocupaciones y la cosa estuviera totalmente fuera de control, para que no se sigan sumando más muertes a la espiral de violencia que irremediablemente sobreviene con este tipo de situaciones, y que sólo la desidia, la negligencia y la desatención gubernamental no pudieron prever.
Así es que para no quedar enredados en el minué de dimes y diretes que se propinaron ambas administraciones, tan lleno de hipocresías, tergiversaciones y variadas ignorancias sobre el déficit habitacional, que quedaron más a la vista con la declaración conjunta del día martes 14, debemos encarar el problema en toda su complejidad.
Lo primero que hay que decir es que las condiciones de vida de las familias más carenciadas de la Ciudad de Buenos Aires no dejan de responder a la dimensión estructural de la pobreza que es común a toda la Argentina. Que tal situación no es nueva y que viene siendo producida y reproducida, con motivo de la larga lista de complicidades políticas que mantienen un “régimen de acumulación social” objetivamente funcional a la concentración de riqueza en pocas manos y a la propagación de diferentes niveles y modalidades de miseria en gran parte de la población
Luego, que la marginalidad y la exclusión, se complementan y potencian con el cuadro de una sociedad civil multifragmentada; donde se incuban y condensan pseudo oposiciones de intereses grupales que, en el plano de un espacio urbano territorialmente muy disputado, se presentan como demandas discursivamente irreconciliables y refuerzan el sentido de apropiación de los lugares que serían de “unos” y desde los que se da batalla a la proximidad de los “otros”.
La rivalidad de los vecinos de Soldati y Lugano y, en particular, del complejo habitacional “Parque Avellaneda” (recientemente inaugurado por el I.V.C.), contra los transitorios moradores del Indoamericano, no responde más que a eso, pero tampoco a algo que no sea de suma importancia; ya que la apremiante realidad económica y de inseguridad (real o sentida) opera desde los niveles medio hacia abajo como un generador intensivo de miedo, y contribuye, por lo tanto, a que se sigan deshaciendo los vínculos de solidaridad que naturalmente se daban en un pasado de homogeneidad material y simbólica de los asalariados. Por lo que se debilitan las posibilidades de cooperación interidentitaria y, salvo contadas experiencias de supervivencia grupal organizada, se entra con todo en la “ley de la selva” y el “sálvese quien pueda”.
De ahí que la xenofobia, de la mano de un revitalizado etnocentrismo a la argentina, venga prendiendo peligrosamente y revierta la mirada acusatoria hacia los flujos inmigratorios de los países hermanos. En medio del descontrol de los hechos, Macri se plantó desprejuiciadamente desde ese funesto “relato”, en un claro intento de explotar la “veta” para antagonizar con el kirchnerismo; aunque también es cierto que tuvo que desandar su propio camino (alertado por algún que otro consejero de campaña asustado), hasta el punto de sumar -en una tácita retractación- a referentes de las comunidades boliviana y paraguaya en una conferencia de prensa.
Antecedentes de la llamada “pelea de pobres contra pobres” sobran. Hace más de tres años que padecimos algo similar con el incendio de la villa ‘El Cartón’, cuando los que viven en el conjunto habitacional Soldati presionaron fuertemente para erradicar el campamento de emergencia que se montó dentro de sus límites para asistir a los damnificados, al igual que los vecinos de Cruz y Varela que realizaron varias manifestaciones de protesta, con corte de calle y quema de neumáticos incluidos, frente a la remota posibilidad de que en esa intersección se construyeran viviendas para relocalizar a las familias; como también ocurrió con las juntadas de firmas y los recursos de amparo que se promovieron en contra de las edificaciones de ‘Parque de las Victorias’ en Lugano y de ‘Casa Amarilla’ en La Boca y que de hecho las demoraron; y, peor aún, con las persistentes denuncias de muchos de los habitantes del complejo de viviendas sociales ‘Consorcio XVI’, y otros tantos vecinos de la zona, que terminó con el desalojo compulsivo de un centenar de familias del inmueble de la Av. Paseo Colón frente al Parque Lezama que, al decir de verdad, vivían ahí en condiciones directamente “infrahumanas” de habitación y salubridad.
Que ahora se hayan agregado tiros, palos y piedras, víctimas fatales, uno o más desaparecidos -quien sabe- y un tendal de heridos, es una cuestión de escala; ya que podría haber pasado antes y nadie garantiza que no se vuelva a repetir en el futuro (como de hecho se dio con las tomas que se multiplicaron, las que perduran y las que -seguramente- sobrevendrán) mientras no se resuelvan los problemas sociales de base en los que se exacerban estos conflictos.
Lo mismo que sucede con la actuación de aquellos que lucran u operan sobre el inmenso mar de necesidades insatisfechas, ya sea que estén conectados o no a redes delictivas, político-clientelares o de activación radicalizada. Ya sabemos que “a río revuelto, ganancia de pescadores” y que la agitación y la manipulación, del signo que fuese, suele ser más otro componente del reclamo y la movilización social que su causa fundamental.
Por lo que la primera línea de responsabilidad pasa por los que están y han estado al frente de las principales instancias de gobierno. Nacionalmente del kirchnerismo, por la continuidad de un modelo económico y social que sigue fabricando pobres, los consolida estructuralmente en esa condición, mientras los reivindica hipócritamente como si estuviera haciendo todo lo posible para salvarlos. Localmente del macrismo, por la tremenda ausencia de políticas públicas que -aunque municipales- contribuyan eficazmente a la reducción de los problemas que aquejan a los sectores más carenciados, mientras se blanquea con total desparpajo la incapacidad de su administración.
En ese sentido, tanto Cristina “que es Kirchner” como Mauricio “que es Macri” han puesto irresponsablemente en vilo a toda la sociedad, y ni qué hablar a los ocupantes y vecinos del Indoamericano, como de otros lugares. Jugaron al ofuscamiento y el empecinamiento mientras moría gente, alimentando un antagonismo de campaña en el que ambos se prefieren para una pelea cerrada. Por lo tanto cómplices, por buscar a cualquier costo la tan ansiada polarización entre un “centroizquierda” y un “centroderecha” que Laclau, como otros tantos estrategas de laboratorio, viene trabajando desde hace rato, para obstaculizar alternativas realmente superadoras al régimen político tradicional como la Pino Solanas y Proyecto Sur.
Eso sí, nos dimos el “lujo” de contar con nuestro propio ‘campo de refugiados’, al que las exhortaciones oficiales de “cordón humanitario” y “pacificación” (por la vía militar) le cabían perfectamente. Y que de no mediar el repliegue del gobierno nacional para no seguir deteriorándose aún más, con las vergonzosas concesiones a la principal línea discursiva de su oponente, se hubiera consolidado en el lugar y entrar en el limbo del espanto como les sucedió finalmente a los desplazados de “El Cartón”, que estuvieron miserablemente acantonados por más de dos años en los confines del Parque Roca hasta que el GCBA se los logró sacar de encima con un modesto subsidio.
Ahora bien, la notoria fragilidad de la solución propuesta, un hipotético plan de vivienda costeado al “50 y 50” entre Nación y Ciudad, del que no sabemos más que lo que escuetamente declararon Larreta y Fernández, pero que rápidamente logró hacer que los que iban a resistir a toda costa -según las brabuconadas del ahora negado ultra K “Pitu” Salvatierra- desalojaran y entregaran la “posición” en muy pocas horas, no hace otra cosa que confirmar las peores sospechas. Explotando las copiosas necesidades de los más pobres, trafica, acumula y se referencia una extensa red de punteros, intermediarios y -porqué no- mafiosos de toda calaña, pelo y color (que juegan para un bando político-partidario, para otro, o para varios al mismo tiempo), y en las que no pocas veces quedan enredados castos militantes sociales. Las recientes declaraciones de Luis D’Elía, alineadas con el último giro del kirchnerismo, condimentan hasta el hartazgo la maraña de increíbles versiones: “¿Sabés cómo fue esta historia? Esto lo comenzaron punteros de Macri y Duhalde para dañar a Cristina pero se lo terminamos copando las organizaciones kirchneristas. Por eso, al tener la mayoría, nos fue fácil lograr un rápido desalojo del predio” (Clarín, 16/12/10).
En tren de abreviar, lo más probable es que haya empezado exactamente al revés, luego reaccionó Macri y se activaron/montaron cosas como las de Capella (el “barra brava” de Huracán que apareció -arma en mano- mil veces en la tele) a caballo del malestar vecinal, y para concluir se podría haber sumado Duhalde, u otros de lo que él referencia, propagando los focos de incendio en el conurbano para terminar de complicar a Cristina, la que -arrinconada por las circunstancias- no tuvo más que hacerse cargo de la mayor parte de esta cuenta y ceder la pulseada con un nuevo apotegma “progresista”: al que tome tierras, no sólo no se le dará una solución habitacional, sino que también se lo castigará con la pérdida de todos los beneficios (planes) sociales que tenga. Todo un manual de procedimiento para efectivizar la tan pregonada “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”.
Finalmente, si nos atenemos a las características combinadas de ambos gobiernos, es de suponer que la cosa vaya para largo y más en el medio de la contienda electoral. Vendrán más y más censos, interminables idas y vueltas, y probablemente aparezcan algunas tierras fiscales o de las otras, las ya loteadas y vendidas con anterioridad a bajo precio y que, en ocasión de varios desalojos en la Ciudad (de los que en su totalidad se vanagloriaron los ministros Vidal y Monteverde), acercaron “desinteresadamente” allegados a la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social que comanda la gente de D’Elía. Pero allí, entre el primero y tercer cordón bonaerense siguen pendientes obras de infraestructura de todo tipo que podrían hacer posible una real integración del AMBA y, por lo cual, decenas de miles de familias han decidido hacinarse en villas y asentamientos de la Capital Federal, antes que comprar el “terrenito” y plantar una premoldeada en el medio de la nada.
De lo que se trata, en suma, es de contar con políticas universales de desarrollo urbano, hábitat y vivienda para los sectores populares, en la cantidad, calidad y velocidad, que la escala y complejidad de la problemática ameritan; inteligentemente definidas para englobar conciliatoriamente la multitud de identidades grupales y vecinales que hoy rivalizan entre sí, y atentas a modalidades viables de cooperativismo, que articulen positivamente el plano estatal y gubernamental con el de la sociedad civil.
Lo que invita a pensar que sin una nueva conducción del Estado -de la que tanto el kirchnerismo como el macrismo se encuentran ostensiblemente lejos- capaz de producir una verdadera transformación de las condiciones económicas, sociales y culturales de los sectores populares, en las que hoy se encuentran enquistadas, comunicadas y mutuamente cebadas, el conjunto de sus carencias, todo esfuerzo estará condenado -en el mejor de los casos- a mantener en equilibrio “inestable” los exiguos niveles de supervivencia que se alcanzaron a partir del 2002.
Recién ahí, podremos aspirar a un AMBA como espacio territorial de inclusión e integración, y contaremos con la real posibilidad de sedimentar un sentido común congruente con los ideales de participación, cooperación y solidaridad, debidamente respaldados por el correlato material de un país recreado y pujante, donde todas sus ciudades puedan ser vividas con la dignidad y la tranquilidad que hacen falta.
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