El estado actual del proyecto de ley presentado por la diputada Argumedo que obtuvo media sanción en Diputados en el año 2010 y que luego, fue rechazado en el Senado.
Alcira Argumedo continua luchando por la reforma del Consejo de la Magistratura.
En el mes de marzo del corriente año, los diputados nacionales Alcira Argumedo y Fernando “Pino” Solanas del bloque Proyecto Sur, conjuntamente con otros diputados de la oposición tales como Margarita Stolbizer, Lisandro Viale y Graciela Camaño etc., presentaron nuevamente el proyecto de ley que propone la reforma de las leyes que regulan Consejo de la Magistratura, con el propósito de democratizar dicho órgano y brindar un aporte a la consolidación de un Poder Judicial eficiente, honesto y transparente.
Este proyecto es la réplica del dictamen con el que obtuvimos media sanción en Diputados en el año 2010 y que luego fue rechazado en el Senado, lo que motivó su nueva presentación (Expte. Nº 1025-D-2011).
Recordemos que nuestro proyecto originario sobre este tema -de la autoría de la Diputada Alcira Argumedo y acompañado por todo el interbloque Proyecto Sur- fue presentado en el mes de Abril de 2010 y tomó como antecedentes directos los aportes de Beinusz Szmukler (Presidente del “Observatorio de la Justicia Argentina”) como así también los aportes de la “Federación Judicial Argentina” y otras organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el tema. (Expte. Nº 1898-D-2010).
Tal como allí señalamos, la reforma del Consejo de la Magistratura es imprescindible por la manifiesta inconstitucionalidad en la composición de dicho órgano, dada la falta de equilibrio entre los diferentes estamentos que lo integran. Este desequilibrio existía ya en la Ley que crea el Consejo (Ley 24.937) y se profundiza con la Ley modificatoria del año 2006 (Ley 26.080).
Es dable mencionar que el Art. 114 de la Constitución Nacional, al tratar sobre el Consejo de la Magistratura, establece que se debe “procurar el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”.
Podríamos decir al respecto, que con la composición del Consejo de la Magistratura creado por la Ley 24.937 existía una primacía de la “corporación judicial” dada la cantidad de jueces que lo integraban, en particular la presencia de un Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con amplísimas facultades dentro del órgano. Luego, la reforma de la Ley 26.080 del año 2006 generó una primacía de la “corporación política” al reducir significativamente la cantidad de Jueces y otros miembros que integran el Consejo, pero aumentando la cantidad de legisladores pertenecientes a la mayoría parlamentaria. Si a esta composición del estamento de los legisladores le sumamos el representante del Poder Ejecutivo como integrante del Consejo, vemos que en la coyuntura 2006/07 el Gobierno Nacional se aseguraba al menos cinco de los trece miembros que lo integran.
Los aportes de Proyecto Sur al dictamen mencionado fueron importantes y sustanciales. Respecto a los vinculados con la composición del Consejo de la Magistratura, hemos logrado que en el estamento de los legisladores participen las tres primeras minorías, para evitar que un organismo tan importante como es el Consejo de la Magistratura que tiene a su cargo la selección y remoción de los jueces, como así también la administración del Poder Judicial, quede a merced del bipartidismo.
A su vez hemos logrado el consenso para que la inclusión del representante de la Corte Suprema se establezca con facultades altamente restringidas, a diferencia de lo que ocurría en la Ley 24.937, todo lo cual genera un mayor equilibrio en la composición del órgano, neutralizando la corporación política y evitando un reemplazo de ésta por la corporación judicial.
Asimismo hemos logrado que se incluya en el dictamen una reforma en cuanto a los requisitos para ser miembro del Consejo, que en la ley actual son los mismos para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual solo pueden ser consejeros quienes sean abogados. En nuestra propuesta no es obligatorio que los miembros sean abogados, lo que permite atenuar comportamientos tecnicistas e intereses corporativos, como así también abre un abanico de posibilidades en el sentido de captar otras miradas sobre la justicia y aportes de nuevas ciencias.
Por otra parte el dictamen también incluye otro aporte muy importante que surge nuestro proyecto originario: la inclusión de un Comité Consultivo Honorario. Se trata de un organismo social participativo que debe colaborar con el Consejo, integrado por organizaciones de la sociedad civil, que emite opinión y elabora dictámenes anuales sobre la labor del Consejo y en general brinda un control social sobre sus actividades, estableciendo de este modo un puente entre el Consejo y la sociedad civil para dar el máximo de transparencia a este órgano. En este sentido -en los fundamentos de nuestro proyecto originario- la Diputada Alcira Argumedo advirtió sobre la necesidad de la creación del Comité Consultivo Honorario dado que “existen amplios sectores ciudadanos quienes fueron los verdaderos promotores de los cambios en la justicia más celebrados, como el retroceso de la impunidad de los genocidas y el enjuiciamiento popular y posterior desmantelamiento de la Corte Suprema de mayoría automática. Estos fenómenos sociales dejan vislumbrar la existencia de una fuerza transformadora que no debe diluirse sino ser incorporada, por imprescindible, al proceso institucional de cambios judiciales democráticos y profundos”.
Es preciso remarcar que la elaboración del dictamen para reformar el Consejo de la Magistratura, requirió de un amplio y riguroso debate parlamentario en las comisiones pertinentes, con el fin primordial de que la elección, control y remoción de quienes desempeñan el Poder Judicial no sea ambivalente entre los eventuales y circunstanciales intereses, que no representan la soberanía popular. De este modo la reforma contribuye a la mejora de la administración de justicia, integrada por magistrados independientes e imparciales, consustanciados con los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos.
Es por ello que, luego de haber dado una ardua lucha bajo el lema “Democratizar la Democracia”, en la que hemos logrado que en el dictamen se incluyan los puntos antes mencionados -y otros-, es que ante la negativa del Senado planteamos con la nueva presentación del proyecto la enorme necesidad de dar una nueva batalla por la aprobación del mismo.
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