La verdad del relato K en números

La diputada de Proyecto Sur analiza las mentiras del Presupuesto 2016 enviado por el kirchnerismo.

Alcira Argumedo

Es sabido que, más allá de discursos, relatos o versos, la estructura del presupuesto de un Gobierno, en términos de ingresos y gastos, constituye la evidencia más contundente de la real orientación de su política: a quiénes beneficia y a quiénes perjudica. El análisis de algunos aspectos del presupuesto 2014, que es el último cerrado hasta la fecha, es una confesión de parte que se reitera en las tendencias exhibidas en el del 2015. Como justificación de la necesidad de un ajuste, en el ejercicio 2014 los niveles de gastos superaron en un 31% a los previstos y, a su vez, los recursos percibidos fueron inferiores en un 9%: el déficit resultante alcanzó unos 185 mil millones de pesos.

Mientras el relato K proclama su lucha contra los privilegios de las corporaciones, los subsidios a las empresas públicas y del sector privado —concentrados principalmente en las áreas de energía y transporte— totalizaron 179 mil millones de pesos, el equivalente al total del déficit, con un incremento del 60% respecto del 2013. Si a este monto se le restan los subsidios destinados al transporte automotor y a los ferrocarriles —que efectivamente favorecen a la población por el precio de los pasajes—, resalta que sólo el sector energético recibe unos 130 mil millones de pesos, lo cual representa más del 70% del déficit fiscal.

Una de las claves está en la irracional e inaceptable decisión del Gobierno de favorecer a las corporaciones petroleras instaladas en Argentina: mientras el precio internacional del barril de petróleo bajó a 45 dólares promedio, somos el único país en el mundo que les reconoce un precio de 77 dólares: 32 dólares más por barril. Calculado sobre 195 mil millones de barriles, estos subsidios rondan los 6.500 millones de dólares, a los cuales se suman otros 1.500 millones en concepto de subsidios al gas. En total, son 8 mil millones de dólares que el modelo K regala cada año a las transnacionales y a los grupos locales amigos vinculados con los hidrocarburos.

La cifra de 8 mil millones de dólares también es significativa, si se considera que por el total de las exportaciones mineras el país recibe 4 mil millones de dólares anuales. En síntesis, por la devastación de montañas y la contaminación del aire y el agua; por la destrucción de periglaciares y ríos que arrastran cianuro, ácido sulfúrico y metales pesados; por aceptar que nos definan como “zona de sacrificio” precisamente en la Cordillera, uno de los principales reservorios de agua dulce del mundo; por la represión a las protestas sociales en defensa de su vida y del ambiente; el país recibe la mitad de lo que regala a las petroleras. Sin mencionar que, bajo juramento, las corporaciones mineras declaran que extraen cinco metales y el barro de exportación contiene otros cincuenta de contrabando, ante la mirada ciega de las autoridades.

En contraste, dado que el Gobierno se resiste a subir el mínimo no imponible, mientras el conjunto de los ingresos fiscales disminuyó en un 9%, el aporte de la categoría 4 correspondiente a los asalariados, creció en un 100%. Ello significa que los trabajadores están financiando gran parte del regalo que el modelo brinda a las petroleras. Otros datos verifican este peculiar concepto de equidad. Según información de la Administración Federal de Ingresos Públicos, las grandes fortunas aportan una alícuota del 16%, pero quienes ganan 25.000 pesos aportan un 35%. Sin mencionar que las ganancias por renta financiera no pagan ni un centavo de impuestos, gracias a la ley de Alfredo Martínez de Hoz de la dictadura, aún vigente.

Si de ajustar se trata, la pregunta sería: ¿quién debe pagar ese ajuste? La respuesta parece simple: si se eliminan los subsidios corruptos a las petroleras; si se impone un impuesto a la renta financiera, afectando el privilegio de los bancos y los rentistas; si se retrotrae el aporte patronal de las grandes empresas a 1993, cuando Domingo Cavallo los bajó en un 50%; si se nacionaliza y se restringe el juego, para pesar de los zares; si se recupera la renta de hidrocarburos aberrantemente entregada con la privatización de YPF, entre otras medidas similares; el país contaría con más de 25 mil millones de dólares anuales para revertir la crisis fiscal y no habría necesidad de endeudarse más. Estos breves cálculos evidencian que el relato K es puro cuento.