La fórmula presidencial Argumedo - Cardelli, el Instituto de Proyectos de Proyecto Sur (IPPS) y un destacado grupo de profesionales y especialistas elaboraron las "20 Propuestas para Recuperar lo Nuestro". Descargalas aquí.
Las “20 Propuestas” nacionales de gobierno del Movimiento Proyecto Sur.
Junto a los candidatos presidenciales Alcira Argumedo y Jorge Cardelli, el Instituto de Proyectos de Proyecto Sur (IPPS) y un destacado grupo de profesionales y especialistas en diversas áreas han elaborado las “20 Propuestas para Recuperar lo Nuestro”.
Se trata de un programa de medidas fundamentales destinadas a la recuperación nacional en todos sus aspectos estratégicos –industria, producción, economía, empleo, protección del ambiente, de los recursos y de la soberanía, salud, educación y derechos sociales, entre otros- que actualizan y concretan las Cinco Causas del Movimiento Proyecto Sur:
1.- Causa por la igualdad y la justicia social
2.- Causa por la recuperación de los recursos naturales, la soberanía, la defensa del patrimonio y del medio ambiente
3.- Causa por la democratización de la democracia
4.- Causa por la cultura y la educación basadas en una ética solidaria y de respeto a la dignidad humana
5.- Causa por la reconstrucción de las industrias y servicios públicos, la promoción científico-técnica y la integración autónoma de América Latina
En una nación con las potencialidades, oportunidades y capacidades como la nuestra, no podemos ni debemos seguir perdiendo tiempo. El 14 de agosto, con Alcira Argumedo y Jorge Cardelli como Presidente y Vice, es necesario RECUPERAR LO NUESTRO PARA GANAR EL FUTURO.
Descargate las 20 Propuestas de Proyecto Sur.
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20 Propuestas Para Recuperar Lo Nuestro
UN PLAN INDUSTRIAL NACIONAL
El modelo agro-minero-exportador profundiza la inserción de la Argentina como apéndice del mercado mundial. A principios del siglo XXI, se reedita con la República Popular de China la relación de dependencia que a principios del siglo XX se mantuviera con Gran Bretaña. Vendemos materias primas y manufacturas de origen agropecuario con bajo valor agregado y compramos manufacturas de origen industrial con alto valor agregado. El gobierno actual y anterior, priorizando un capitalismo de amigos, profundizó la extranjerización varios sectores económicos incrementando la dependencia tecnológica e industrial del país. Además de la importante presencia de capitales estadounidenses y europeos en estos sectores, el modelo se profundizó con la llegada de capital brasilero y chino durante la gestión kirchnerista.
La Política Industrial debe ser una Política de Estado a largo plazo. El Estado debe intervenir y elegir sectores y ramas industriales estratégicas e intensivas en mano de obra y en tecnología, para una mayor defensa de la producción nacional (privada y pública) y del empleo. Y hay que promover el desarrollo de industrias no contaminantes. La industria es estratégica para el trabajo y el pueblo. Sin industria nacional no hay empleo ni Nación.
Nuestras propuestas
1. Incremento de la participación del Estado en el sector industrial a través de una nueva normativa, de una mayor regulación de los mercados y la creación de nuevas empresas públicas en ramas estratégicas para revertir la extranjerización y contribuir al desarrollo de una economía mixta nacional.
2. Implementación de políticas activas en el sector industrial diseñando una nueva ley de promoción industrial que permita la radicación de industrias en los aglomerados urbanos del interior del país que posean mayores necesidades, otorgando beneficios fiscales y créditos subsidiados para las ramas mano de obra intensivas prioritarias y estratégicas.
3. Reindustrialización del país haciendo eje en el capital local (público, privado y cooperativas) y en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Daremos prioridad a las industrias ferroviaria, aeroespacial, naval, metalmecánica y electrónica con tecnologías adecuadas e intensivas en trabajo y en las industrias tradicionales de baja y media intensidad tecnológica. Dirigiremos los esfuerzos públicos en investigación, educación, beneficios fiscales y exenciones impositivas.
4. Revisión de las políticas arancelarias a la importación administrando un sistema de aumento de la protección, con especial referencia a los bienes de consumo no esencial y a las ramas industriales estrechamente ligadas a las Mipymes, a las economías regionales, a aquellas intensivas en mano de obra y a las que resulten estratégicas para los intereses de la Nación.
5. Diferenciación de los aranceles para premiar a las exportaciones de mayor valor agregado y desalentar las de bajo valor, penalizando fuertemente las exportaciones de materia prima en bruto como las que predominan en la actividad minera.
6. Creación de la Banca de Fomento Industrial como banco de desarrollo, priorizando el fomento hacia las Mipymes, de manera amplia y a capturar más mercado para los fabricantes locales con créditos blandos para la compra de bienes producidos por la industria nacional.
LA RECUPERACIÓN DE LOS FERROCARRILES
Es tristemente conocido el desguace de nuestro sistema ferroviario desde antes y durante la vigencia del modelo neoliberal aplicado en Argentina. La política de subsidios y prebendas a las concesionarias no ha cambiado. La caída de las concesiones del Ferrocarril Roca y San Martín por incumplimiento de las obligaciones contractuales produjo que su gerenciamiento fuera entregado a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), que no es más que la asociación de las otras concesionarias. O sea: el sistema se mantiene intacto y con los mismos actores.
La solución propuesta por el actual gobierno pasa por la firma de convenios con la República Popular de China para la provisión “llave en mano” de equipamiento ferroviario destinado a la reconstrucción de la red. Esta política no cuestiona el modelo ferroviario diseñado por los ingleses y su visión colonialista, destinado al transporte de granos hacia los puertos del litoral para exportar hacia los centros de poder europeos. Tampoco asegura la provisión local del material ferroviario ya que el otorgamiento de los créditos supone un condicionamiento a la compra de los materiales. Este fuerte endeudamiento deja fuera de competencia a la industria nacional y, por consecuencia, a miles de puestos de trabajo. La provisión de mano de obra local quedaría limitada solamente a la ejecución de la obra civil necesaria. Nos condenan así a la dependencia tecnológica para las próximas décadas.
Por ello vamos a promover la idea histórica que el ferrocarril y su industria es integración, soberanía y desarrollo nacional.
Nuestras propuestas
1. Creación de la Empresa Pública de Ferrocarriles con participación del Estado, los trabajadores y los usuarios, que brinde servicios confortables, rápidos y con fluida continuidad para pasajeros y cargas.
2. Creación de un fondo de apoyo a la industria ferroviaria, a fin de ayudar a la participación de la industria nacional en el plan de reconstrucción de nuestros ferrocarriles.
3. Inmediata realización de un Inventario Físico y público de todos los bienes ferroviarios, investigación de la ruta de los subsidios otorgados a las concesionarias, determinación de los incumplimientos de los contratos de concesión y revisión de las transferencias de bienes para su eventual presentación a la justicia.
4. Desarrollo de un Plan Inicial de cinco años para la recuperación y conservación de la red troncal existente (aprox. 5800 km), de la red troncal y regional (aprox. 4200) y el nuevo trazado transpatagónico (aprox. 1400 km), que implica un total aprox. de 11.400 kilómetros.
5. Desarrollo de un Plan a mediano y largo plazo, con el ferrocarril como eje de la integración nacional, que contempla el aprovechamiento de más de los 30.000 km. existentes con estudios, prioridades, etapas, financiaciones, posibilidad de creación de nuevas líneas y que alcance a la mayor cantidad de puntos geográficos de la Argentina.
6. Implementación de un programa de recuperación de los ferrocarriles de cargas y pasajeros atendiendo a las necesidades de las diferentes regiones del país que incluye la participación de la industria ferroviaria nacional y la reconstrucción de los talleres especializados.
LA ENÉRGÍA PARA UN DESARROLLO AUTÓNOMO
La Argentina depende en un 89% de los hidrocarburos para abastecer al consumo energético. Las reservas hidrocarburíferas caen año tras año. Según el último dato oficial, a diciembre de 2009, el horizonte de reservas de petróleo y gas natural alcanzaba apenas a 11 y 8 años, respectivamente. Hoy, nos vemos obligados a importar gas natural y licuado, crudos, y electricidad para abastecer la producción y el consumo de su población. Los apagones eléctricos en el verano, la interrupción del flujo de gas natural en el invierno, los faltantes de naftas y gasoil en todo el país y la inexistencia de la garrafa social para los sectores más vulnerables configuran un alarmante escenario en los últimos años, con la responsabilidad del gobierno kirchnerista y del sector privado.
La situación energética en la Argentina refleja el fracaso del modelo privatista de inspiración neoliberal instalado en la década de los 90’, donde el Estado delegó la decisión de invertir a los concesionarios petroleros y energéticos privados. La remesa de la renta petrogasífera del país ha impedido las inversiones necesarias para modificar la matriz energética. Es imperioso modificar el escenario energético argentino y vamos a desarrollar una política profunda en este sentido, atendiendo al interés estratégico nacional, al desarrollo y al derecho de nuestro pueblo de contar con fuentes de energía adecuadas.
Nuestras propuestas
1. Recuperación de los recursos energéticos y su renta petrogasífera en beneficio de la Nación y de todas las provincias. Vamos a recuperar la decisión pública de inversión y, junto a las provincias, a analizar la retrocesión de las concesiones en los casos de incumplimiento de inversiones, falta de pago de impuestos y contravención de normas ambientales.
2. Definición de los hidrocarburos como bienes esenciales y estratégicos, en concordancia con el reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Mendoza c/ YPF” y declarar servicio público la provisión de combustibles, electricidad y garrafas.
3. Creación de “Yacimientos Petrolíferos Federales” como empresa pública de petróleo para recuperar los recursos energéticos y su renta petrogasífera en beneficio de la Nación y de todas las provincias, como lo estableció el Artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949.
4. Creación de “Petróleos de Argentina” como empresa pública para la explotación de las áreas del Mar Argentino. La exploración y explotación de los recursos marítimos no puede ser dominada por empresas privadas, que sólo buscan maximizar las utilidades. Es el Estado Nacional quien se encuentra mejor preparado para realizar las inversiones necesarias teniendo en cuenta tanto la planificación energética, como el uso racional, el cuidado del medio ambiente y la valoración geoestratégica de las zonas donde yacen los recursos.
5. Auditoria Integral de Hidrocarburos realizada por El Estado Nacional y las Provincias sobre las reservas hidrocarburiferas tanto de las áreas bajo permiso y/o concesiones de hidrocarburos nacionales y provinciales para determinar las reservas comprobadas, probables y posibles hasta el fin de la vida útil del yacimiento. Se llevará a cabo mediante la Secretaría de Energía de la Nación con asistencia de las Universidades Públicas Nacionales. La extracción y los niveles de reservas de los hidrocarburos no deben permanecer a voluntad de los concesionarios por simples declaraciones juradas, ni ser desconocidas por toda la población.
6. Fuerte impulso a la integración energética con los países sudamericanos para lograr una matriz regional sustentable y que logre el autoabastecimiento.
7. Diversificación de la matriz energética, desarrollando energías renovables y no contaminantes por causas tecnológicas, estratégicas y económicas.
8. Administración pública de las reservas, de los volúmenes de extracción y la formación de los precios. Los precios deben estar en función de los costos internos, y no de los precios internacionales ni de la renta de los capitales internacionales radicados en el país.
9. Establecimiento de tarifas sociales para los sectores de menores ingresos y la prohibición de interrupción de los servicios esenciales por falta de pago a causa de bajos ingresos.
10. Revisión de contratos de concesiones hidrocarburíferas analizados por el Estado Nacional conjuntamente con las Provincias. El objeto es la retrocesión y rescisión de las concesiones en los casos de incumplimiento de inversiones comprometidas y necesarias, la evasión de impuestos y la contravención de normas ambientales.
11. Anulación de los decretos 1055/89, 1212/89 y 1589/89 que iniciaron el camino de desregulación y entrega de los recursos naturales no renovables. Estas normas mantienen la libre disponibilidad de las reservas de exportación de petróleo crudo y combustibles, otorgando la posibilidad de especular en el mercado cambiario con la renta obtenida del expolio de las reservas.
UN PLAN AGRARIO NACIONAL
En los sectores estratégicos de la economía -industria y agro- y desde la década de los ´70 se perdieron unos 570 mil y 257 mil puestos de trabajo respectivamente, según censos oficiales. El modelo impulsado por los gobiernos kirchneristas acentuó la concentración y extranjerización de ambos sectores.
El ecosistema de pastizales concentra el 70% de la población del país y ocupa casi toda la provincia de Buenos Aires, noreste de La Pampa, sur de Córdoba, sur y centro de Santa Fe y parte de Entre Ríos. Hoy se encuentra amenazado por el monocultivo de soja, por la contaminación difusa (uso intensivo de fitosanitarios y fertilizantes), por la exclusión y el éxodo de los pequeños productores y de los millones de ciudadanos desocupados o con bajos ingresos que habitan esta región. Hay sectores propietarios que, de manera productivista y cortoplacista, son los responsables de degradar el suelo y la calidad del agua, amenazando a la biodiversidad.
La Región extrapampeana concentra la mayor cantidad de pequeños productores y se encuentran ahí los mayores niveles de pobreza, exclusión y éxodo con amenazas permanentes de desalojo por parte de gobiernos provinciales y de las grandes empresas. Los pequeños productores familiares de las economías regionales no pampeanas se ocupan mayoritariamente de los cultivos agroindustriales tradicionales (caña de azúcar, vid, algodón, tabaco, yerba mate, té, hortalizas, ovinos y caprinos) Mediante políticas activas y pertinentes vamos a dar respuesta a las necesidades de los productores y al requerimiento de democratizar los factores productivos y garantizar la alimentación.
Nuestras propuestas
1. Implementación del Plan Agrario Nacional con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria y la diversidad agropecuaria que está en riesgo por la expansión de la frontera sojera.
2. Impulso del repoblamiento del campo y limitación de las áreas destinadas a cultivos transgénicos, con prohibición del uso de glifosato y otras sustancias tóxicas.
3. Transición del modelo sojero, avanzando hacia una mayor diversificación a través de una transición de la soja al maíz y la carne, mediante una política diferenciada de retenciones por tamaño de productor y por producto que analice los costos de implantación de los cultivos y la rentabilidad de los mismos.
4. Democratización de la tenencia de la tierra y atender a las demandas de tierra de las comunidades indígenas y campesinas.
5. Declaración de la emergencia de las tierras ocupadas en materia de posesión y propiedad por pequeños productores agropecuarios, por el término de 5 (cinco) años y suspender por el plazo de la emergencia, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, o de cualquier índole, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras.
6. Incremento y reaseguro de los ingresos de los Pequeños Productores Rurales mediante Programas Nacionales de Apoyo a través de aportes no reintegrables para elevar sus ingresos, mantener su arraigo y evitar la migración hacia los centros urbanos, impulsando a su vez las economías y cadenas de valor regionales en todos sus eslabones. Vamos a garantizar la construcción de la infraestructura física y social para los pequeños productores rurales.
EL EMPLEO, DIGNO Y EN BLANCO
La desocupación mundial alcanzó una tasa de 6,2% en 2010 mientras que en Argentina alcanzó el 7,4% en el primer trimestre de 2011 lo que representa un total nacional de 1.213.000 desocupados sobre una población económicamente activa urbana de 16.658.000 y una población urbana total de 36.944.000. Por otra parte, la tasa de subocupación -aquellos ocupados que trabajan menos de 35 horas por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas- alcanzó el 8,2% en el primer trimestre de 2011 y significó 1.318.000 subocupados.
La desocupación se concentra particularmente en la región Gran Buenos Aires (Partidos del Conurbano y Ciudad de Buenos Aires) con cerca del 60% del total del país. El mayor impacto es sobre los jóvenes de hasta 29 años de edad donde las tasas de desocupación alcanzan en promedio a más del 16% de la población económicamente activa. A esto se suma la precariedad del trabajo con un 33,8% de asalariados “en negro” en esa misma región del país.
El gobierno no ha podido resolver el flagelo de la desocupación, el empleo en negro y la pobreza en la región Gran Buenos Aires, que hoy condensa el mayor drama del país en el marco de una mayor precarización de las condiciones de vida y tampoco en las regiones del noreste y noroeste donde el trabajo en negro alcanzó a 39,5% y 41,5% respectivamente en el primer trimestre de 2011. Vamos a revertir estas situaciones con políticas activas y adecuadas, considerando al trabajo digno como la base del desarrollo social y de la emancipación nacional.
Nuestras propuestas
1. Creación de nuevos puestos de trabajo en los principales sectores productivos: industria, agro, construcción, telecomunicaciones, transporte, comercio y servicios, a fin de reducir la desocupación, en general, y de los jóvenes, en particular.
2. Desarrollo de nuevos programas de inserción laboral priorizando las mujeres y hombres de 18 a 29 años, el primer empleo y los mayores de 45 años que, con diferentes modalidades e incentivos, ayudarán a las Microempresas y las Pequeñas Empresas de cualquier sector y/o actividad.
3. Implementación de Políticas Activas de empleo (capacitación) para jóvenes en las Microempresas y las Pequeñas Empresas a través de programas financiados por el sector público y el sector privado.
4. Elaboración del Programa del Estado Empleador en Última Instancia (EEUI) en Acuerdo Interministerial entre Industria, Pymes, Agricultura, Desarrollo Social, Trabajo, INTA e INTI con la Economía Social (cooperativas, mutuales, microempresas, empresas sociales) priorizando el primer empleo joven y para los mayores de 45 años.
UN PLAN NACIONAL CONTRA LA POBREZA, SALARIOS E INGRESOS
Un plan Nacional contra el Hambre y la Pobreza requiere frenar la actual inercia inflacionaria con un pacto social que regule el sistema de precios y los salarios, y que intervenga en las políticas monetaria, cambiaria y fiscal. Eso implica disciplinar los mercado oligopólicos concentrados y extranjerizados. La inflación -en particular de productos alimenticios- puede explicar una parte de la pobreza. Los otros factores son la injusta distribución del ingreso y la riqueza, el mercado laboral en negro -34% del total- y los bajos salarios. Esto se resuelve mejorando la calidad y la cantidad de trabajo en la Argentina. Y supone menores tasas de desocupación de entre 2 y 4% de la PEA, la reducción del trabajo en negro, una mejor distribución del ingreso y salarios reales dignos.
Nuestras propuestas
UNA POLÍTICA PREVISIONAL MÁS JUSTA
La canasta de consumo de un jubilado alcanzó, en mayo de 2011, los $2.695,48 contra una jubilación mínima de $1.434,29 pesos mensuales. Es decir: hoy la jubilación cubre apenas el 50% de la canasta. La inflación –como el impuesto más regresivo- es un flagelo que afecta la canasta del jubilado dado que cerca de un 90% de la misma son artículos de primera necesidad.
Sobre un total de 5,4 millones de jubilados y pensionados, casi 4 millones cobran el haber mínimo y otros 700.000 no alcanzan los $1.840 del salario mínimo vital y móvil.
El sistema se financia en un 56% por los ingresos de los trabajadores activos y en un 44% por los impuestos que pagamos todos los argentinos. Una parte de los ingresos de la ANSES tienen destinos como financiar el rojo del Tesoro Nacional y proyectos ajenos a sus funciones: la compra de computadoras para estudiantes o el “Futbol para Todos”. A su vez, el gobierno vetó la ley del 82% móvil perjudicando al sector pasivo nacional.
En los países industrializados y en los periféricos desindustrializados los sistemas previsionales se encuentran en pleno proceso de revisión y reforma. El envejecimiento poblacional, el trabajo en negro y la injusta distribución del ingreso son variables articuladas que ampliaron brechas en relación a los orígenes del sistema previsional cuando la economía (pleno empleo, gran cantidad de aportantes y pocos beneficiarios) aún otorgaba cierta previsibilidad al financiamiento del sistema y a los haberes. Esa virtuosidad se fue deteriorando por la evolución del mercado laboral y por la estructura poblacional, por lo cual vamos impulsar una política previsional mas justa, equitativa y protectora del sector pasivo nacional.
Nuestras propuestas
1. Reforma del sistema previsional con eje en la erradicación del trabajo en negro, el incremento del salario real y la mejora de la distribución del ingreso.
2. Financiar el aumento a los jubilados y pensionados con la restitución de los aportes patronales y con los ingresos provenientes de una mayor recaudación tributaria y de la seguridad social por un monto de 15 mil millones de pesos en el año 2012 para alcanzar los $2.700 de la canasta de un jubilado actualizados por inflación en el año 2014.
LA SALUD COMO DERECHO PRIMARIO Y UNIVERSAL
En nuestro país el proceso salud-enfermedad-atención refleja una desigualdad social que es estructural. Existe una baja participación en la formación del PBI por parte de los trabajadores informales, independientes, asalariados, así como jubilados y pensionados en relación a los impuestos y a los costos en salud, vivienda, educación, alimentos y servicios. Ello afecta gravemente a las condiciones de vida de la población.
El "crecimiento" de la economía de los últimos años –lo cual no implica necesariamente un desarrollo genuino del país- tienen escasos efectos sobre las condiciones de vida de los trabajadores empobrecidos. Además, la cobertura de salud en la Argentina responde al modelo de Estado Subsidiario. Según esta concepción, la salud es un negocio, que deja en manos del Estado la atención de los sectores más desprotegidos. En 1955, la diferencia entre la capacidad de internación del Sector Público y la del Privado llegaba a 85.000 camas. Actualmente se redujo a unos pocos miles. Hoy, el 75% del gasto en salud corresponde al gasto privado -incluyendo al sector de la seguridad social que transfiere sus recursos al privado- y el 25% corresponde al gasto del sector público. El gasto en salud sigue privilegiando al negocio de la enfermedad por encima de los beneficios de la prevención y promoción. Una situación injusta y contraria al interés común, que vamos a revertir.
Nuestras propuestas
1. Atención primaria y universal garantizada para toda la población, asegurando el tránsito por los demás niveles de complejidad, independientemente de su pertenencia a un sector económico o social.
2. Unificación del sistema de salud regulado por el Estado en todos sus subsectores, con gratuidad absoluta del sector público al momento de la atención y recuperación de su primacía en cobertura, calidad y complejidad.
3. Desarrollo de la atención integral socio-sanitaria, con énfasis en la promoción, prevención y detección de problemas de salud, mediante equipos multidisciplinarios -con participación vecinal-, en coordinación con el sistema de salud, incluyendo la Salud Buco-Dental.
4. Creación y desarrollo de áreas especializadas en el marco hospitalario y de centros de salud sobre Violencia, Adicciones y otros problemas de impronta social.
5. Implementación de Equipos de Salud interdisciplinarios, con capacidad para realizar atención, prevención primaria, secundaria y terciaria, en aquellos lugares donde existe daño ambiental grave con consecuencias negativas para la salud de la población.
6. Producción pública de medicamentos, sueros y vacunas; tecnología médica e insumos estratégicos y esenciales para la salud. Una progresiva ampliación de la producción a una Red MERCOSUR de Laboratorios Públicos y regulación del precio de medicamentos impidiendo que exceda el nivel inflacionario, con control de la sobrefacturación de importaciones y de la remesa de utilidades.
LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN
El Sistema Educativo Argentino es uno de los más importantes de América Latina, pero padece una serie de problemas estructurales que no fueron solucionados. De acuerdo a los organismos internacionales de evaluación de calidad que avala el propio Sistema, el nivel de nuestro país en lectura y matemáticas está por debajo de Cuba, Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. En Ciencias se encuentra por debajo de la media junto a El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. En cuanto a la relación entre aprendizaje y nivel socioeconómico y cultural promedio de las escuelas en casi todas las áreas y grados, Argentina también está por debajo de la media de la región.
Nuestra escuela, desde sus inicios fue pensada para producir el ciudadano típico del europeísta y cientificista, ajeno a la realidad social y cultural latinoamericana. Ese modelo, propio de un país dependiente, sigue en pie, haciendo invisible a la inmensa diversidad sociocultural existente, no solamente entre las diferentes zonas del país, sino al interior mismo de los sistemas provinciales. La escuela actual no ha resuelto el problema de la desigualdad educativa, a pesar de la sanción de la Ley de Educación nacional, en 2006. Por ello, siguen existiendo provincias ricas con sistemas educativos de excelencia, y provincias pobres, con sistemas educativos desfinanciados. Asimismo, en la mayoría se improvisan políticas y programas focalizados, porque no hay actualmente ninguna herramienta que permita una mirada global de las necesidades del sistema. Vamos a promover las medidas adecuadas para dar respuesta a las deficiencias del sistema, tendiendo a la democratización, mayor inclusión y adecuación del mismo a las necesidades del país.
Nuestras propuestas
1. Reforma integra del sistema educativo, con el objeto de fortalecer la educación pública, democratizar los procesos educativos y erradicar la idea de educación como mercancía en todos sus niveles.
2. Redefinición de los esquemas pedagógicos, reestructurar la formación inicial de los docentes, adecuada a la realidad de los estudiantes y pensar la escuela como un espacio de producción de conocimiento por parte de los docentes y de las comunidades que la transitan.
3. Desarrollo de inversiones públicas en infraestructura con el objeto de garantizar recursos adecuados en todos los niveles de enseñanza en todo el territorio nacional, garantizando la igualdad educativa.
4. Reconocimiento del papel estratégico de los docentes, jerarquizando su función, y otorgando un mayor protagonismo en su propia formación y en temas curriculares con el objeto de democratizar el sistema.
5. Asegurar y garantizar iguales condiciones laborales en todo el país e incorporar las necesidades de formación: concentración horaria de docentes por escuela y equiparación, jerarquización salarial de acuerdo a la zona y jornadas de ocho horas con tiempo para la planificación y la capacitación.
6. Creación de sistemas de monitoreo como el SINIESE (Sistema Integrado de Estadísticas Sociodemográficas y Educativas) y el PRONIDE (Programa Nacional de Investigación y Desarrollo de Estrategias Educativas) para el seguimiento del desarrollo y las necesidades del sistema de manera global y poder generar políticas pedagógicas contextualizadas.
UNA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA CONTRA EL DELITO ORGANIZADO
La acción contra el delito organizado –el delito mayor y del cual se desprenden muchos otros- debe basarse en la consolidación de instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y en el rechazo a políticas demagógicas y efectistas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia. Es prioritario asumir como política de Estado la desarticulación de las causas del delito y las redes de criminalidad, atendiendo primordialmente a la acción contra el narcotráfico y la trata de personas. Una concepción integral de la seguridad implica la prevención de la violencia física y la garantía de condiciones de vida digna para toda la población, particularmente hacia los sectores más vulnerables.
Es urgente e imperioso afrontar una reforma del Sistema Penitenciario Federal que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido re-socializador. Y debemos avanzar hacia la implementación de un Mecanismo Federal para la Prevención de la Tortura, articulado con los distintos mecanismos locales incipientes y los que se crearán en el futuro. Vamos a impulsar una política sectorial equilibrada y responsable que supere el falso dilema “mano dura-mano blanda” y que esté fundada en los conceptos de la seguridad democrática.
Nuestras propuestas
1. Asignación de personal civil para las tareas administrativas en la Policía Federal Argentina, que permita disponer de mayor presencia policial en las calles.
2. Efectiva conducción civil de las políticas de seguridad y de sus Fuerzas con readecuación de los objetivos y funciones de las mismas en un marco integrado de trabajo y acción contra el delito organizado.
3. Fortalecimiento de un sistema de formación y capacitación policial desmilitarizado para la Policía Federal Argentina y anclado en valores democráticos. Promoción de un régimen de escalafón único y por especialidades, y rechazo al entrenamiento policial por fuerzas militares extranjeras.
4. Desarrollo de una Policía Judicial autónoma y desvinculada de las policías de seguridad, que sea dependiente del Ministerio Público como auxiliar de la Justicia.
5. Reformulación del Sistema Penitenciario Federal para modificar un sistema basado en la administración de la violencia y los tratos inhumanos, apuntando a una política de reversión de la sobrepoblación en cárceles y comisarías, como así también el de la supresión de la tortura en los establecimientos correspondientes.
6. Traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin afectación del régimen de coparticipación federal en detrimento de las provincias.
LA PROTECCIÓN INTEGRAL DEL AMBIENTE
En los últimos años se intensificó el expolio de nuestros bienes comunes, la contaminación de los suelos y el agua, la destrucción de glaciares y bosques nativos, y la desertificación de tierras. Todo esto se realizó con importante presencia de capital extranjero junto a socios públicos y privados locales, a través de la extensión del monocultivo de soja, la expansión minera, forestal-pastera y la sobreexplotación pesquera.
Argentina es un país muy vulnerable al cambio y la variabilidad climática, como se observa en los últimos años frente a los eventos extremos: tormentas de fuerza inusitada, inundaciones, sequías, granizo, heladas, deshielo de glaciares. La principal medida de adaptación es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI´S), con el objetivo de estabilizar las concentraciones atmosféricas de estos gases.
Si bien se están realizando esfuerzos globales para hacer frente a este desafío, es claro que resultan insuficientes porque los países más industrializados no renuncian a profundizar el modelo productivista y consumista –intensivo en energía fósil- que daña a la vida del planeta desde hace décadas. Por eso, tomamos conciencia y actuaremos desde el marco público, privado, político y social para proteger de forma integral el ambiente y, específicamente, los ecosistemas de la Argentina.
Nuestras propuestas
1. Protección del ecosistema; el agua, la tierra, los bosques nativos, los lagos y glaciares, que deben ser preservados de cualquier tipo de contaminación y protección de los parques nacionales y las tierras fiscales.
2. Políticas de Cambio Climático por las cuales vamos a priorizar la inversión en políticas de adaptación a un escenario mundial complejo y alarmante donde los países más industrializados no desarrollan políticas de mitigación adecuadas.
3. Recuperación de los suelos y el agua en todo el territorio y en el ecosistema de pastizales que concentra el 70% de la población del país y ocupa casi toda la provincia de Buenos Aires, noreste de la Pampa y sur de Córdoba, Sur y centro de Santa Fe y parte de Entre Ríos, mediante una política de diversificación de la actividad agropecuaria.
4. Defensa de la biodiversidad y los bosques nativos frente a la deforestación por la soja, las plantaciones forestales y el proceso de extranjerización y concentración de la tierra debido a la cadena celulósico-papelera y el monocultivo de pino, lo cual daño severamente a la agricultura familiar y al modelo de chacra diversificada.
5. Freno a la sobreexplotación de la pesca en el Atlántico Sur y en particular de las especies de merluza hubbsi y del calamar illex.
UN FRENO A LA MEGAMINERÍA CONTAMINANTE
La actividad denominada “Megaminería a Cielo Abierto” es una de las formas más devastadoras de extracción de materias primas minerales –oro, plata y cobre principalmente-, con enormes impactos a nivel ambiental, social y cultural. Este modelo de inspiración neoliberal comenzado en los años ´90 se basa en la exportación de materias primas en bruto para su industrialización en el exterior e implica la ocupación transnacional de territorios por corporaciones extranjeras. Los efectos son el agotamiento del agua, la contaminación de los bienes comunes, la pérdida de la biodiversidad, la destrucción del paisaje, la pérdida de economías regionales y los conflictos sociales. Actualmente dieciocho emprendimientos están en pleno funcionamiento y hay más de cuatrocientos proyectos a lo largo de la cordillera. La actividad abarca directa e indirectamente a quince Provincias.
Las poblaciones que se resisten a este tipo de actividades son criminalizadas. Existen cerca de setenta organizaciones asamblearias que resisten en defensa del ambiente y de la vida y a través de su lucha (caso de la asamblea “No a la Mina” de Esquel, Chubut) se logró sancionar la prohibición de la megaminería en siete Provincias, mientras que el gobierno kirchnerista ha profundizado este modelo de extracción y saqueo de nuestro patrimonio, en connivencia con la mayoría de los gobernadores que responden al esquema bipartidista y en cuyas jurisdicciones se practica la actividad. Debemos enfrentar con decisión política y propuestas concretas a la megaminería contaminante para preservar los bienes comunes y el futuro de nuestras comunidades.
Nuestras propuestas
1. Reforma inmediata al Código de Minería, la ley 24.196 y la ley 25.243, que ha permitido a las corporaciones transnacionales y a sus socios locales una explotación irracional y depredadora de nuestras reservas que, además, egresan del país sin ningún tipo de control público y a mera declaración jurada.
2. Prohibición de la megaminería contaminante con utilización de sustancias tóxicas.
3. Prohibición de la minería de uranio en cumplimiento del PLAMU (Plan de Remediación Ambiental de la Minería de Uranio)
4. Gestión pública, consciente y racional de los bienes comunes, consensuando con las organizaciones sociales y poblaciones afectadas.
5. Monitoreo activo de las zonas afectadas por los dieciocho mega-emprendimientos que actualmente existen en el país.
6. Judicialización de las empresas y funcionarios responsables de la contaminación y saqueo de nuestros bienes comunes, y amnistía para los luchadores sociales criminalizados por manifestarse contra la megaminería.
UN “NO” A LA EXTRANJERIZACIÓN DE LOS RECURSOS
Durante el actual y anterior gobierno kirchnerista se ha profundizado la concentración y extranjerización de la tierra productiva y la enajenación de los recursos naturales en niveles sin precedentes. En la Argentina se estima que el 10 % de la tierra productiva está en manos de empresas y ciudadanos extranjeros.
Y son precisamente los territorios en que se hallan nuestras riquezas hídricas (agua potable), minerales, hidrocarburíferas (petróleo y gas), agropecuarias e ictícolas (pesqueras) Junto con esta entrega –que ya comenzó en los años ´90 durante los gobiernos neoliberales del ex presidente Menem y de la Alianza- se ha incrementado la contaminación ambiental con impactos negativos sobre la salud de la población y la producción.
De forma alarmante el actual gobierno continúa estimulando la concentración y la extranjerización de hasta el 20 % de la tierra productiva. Hoy vamos a proteger el suelo y los demás recursos naturales deteniendo el proceso de entrega y expolio que surge de la connivencia de los actores privados y públicos, teniendo en cuenta que esto vulnera el desarrollo y la soberanía nacional.
Nuestras propuestas
1. Revisión de todas las operaciones de venta de tierras productivas y recursos naturales a capitales extranjeros de los últimos años, con evaluación de la posibilidad de expropiación con fin público.
2. Nacionalización bajo control público de todos los recursos naturales estratégicos, necesarios para asegurar la subsistencia y el trabajo del pueblo argentino.
3. Prohibición absoluta y originaria de la privatización de las tierras fiscales.
4. Establecimiento de un régimen de sanciones para los casos de contaminación del agua, el aire y la tierra garantizando las condiciones vigentes en los países más avanzados en materia ambiental.
UN CONTROL AL CAPITAL TRANSNACIONAL Y LAS INVERSIONES EXTRANJERAS
Es imperioso modificar el régimen de inversiones extranjeras que se fue estructurado durante la última dictadura militar y fue liberalizado aún más durante la gestión del ex Presidente Carlos Menem, lo que permitió a las empresas transnacionales cualquier tipo de inversión sin ningún control. En nuestra experiencia hemos recogido las leyes dictadas durante la Presidencia de Juan Domingo Perón, y la legislación que rige en los Estados Unidos de Norteamérica, el Reino de Noruega, y la República Federativa de Brasil, donde la inversión extranjera está debidamente controlada y se prohíbe su acceso a las áreas consideradas estratégicas para el interés nacional. En el año 1993 sobre el total de las 500 empresas más grandes de la Argentina, el capital nacional controlaba el 56% frente al 44% del capital extranjero. Mientras que en 2008 esa relación se modificó pasando el capital extranjero a controlar el 68% de las 500 empresas frente al 32% que ahora controla el capital nacional. Vamos a revertir esta situación priorizando la defensa del interés nacional en las áreas estratégicas.
Nuestras propuestas
1. Priorizar la reforma integral de la Ley de Inversiones Extranjeras.
2. No se autorizará la inversión extranjera en los sectores estratégicos de defensa, minería, hidrocarburos y otros considerados de interés nacional, siguiendo normas existentes que regulan la materia en los países altamente industrializados
3. Implementación de medidas e instrumentos de regulación de flujos y actividades, de limitaciones a las adquisiciones de empresas nacionales, de prohibición de nueva participación extranjera en determinados sectores y ramas, y de posible expropiación de empresas extranjeras.
4. Aprobación previa de toda inversión extranjera por el Poder Ejecutivo Nacional.
5. Establecimiento de límites precisos a la transferencia de utilidades como plazos y límites para la repatriación de los capitales invertidos. Toda transferencia de capitales o utilidades va a contar con certificación de la Administración Federal de Ingresos Públicos que acredite no solo el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino los montos declarados de ganancias.
6. Control del Comercio Exterior y Creación de las Juntas de Granos y de Carnes.
EL COMBATE A LA INFLACIÓN
Nuestro objetivo es reducir la inflación a menos del 10% anual. Este fenómeno usualmente se explica por varias causas simultáneas: una inflación de costos debido al aumento de los precios internacionales, escasez de oferta, aumento de la oferta monetaria para mitigar los efectos de la crisis internacional y se puede presentar una inflación inercial (remarcación de precios), entre otras.
El proceso de aceleración de la inflación desde el 2003 a la fecha marca que las tasas se fueron duplicando en los primeros años, aproximadamente un 3% en el 2003, 6% en el 2004, 12% en el 2005. Es entonces cuando comienza a operar la Secretaría de Comercio con la manipulación de los datos del INDEC. Hacia fines del 2006, la inflación fue del 10% aproximadamente, pero los precios que no estaban sujetos a control estaban en el 14 a 15%. La inflación siguió acelerándose en 2007 y se llegó al máximo a mediados del 2008, cuando estuvo en el 27%, a tasa anualizada.
La mayoría de los países del mundo tiene una inflación baja. Casi el 60% de los países tiene una inflación menor al 6%. La Argentina tiene hoy una de las tasas de inflación más altas del mundo y es uno de los principales problemas económicos que tenemos que resolver.
Nuestras propuestas
1. Control de precios por parte de la Secretaría de Comercio Interior.
2. Acuerdo de precios y salarios consensuado entre gobierno, empresas y cámaras empresarias y sindicatos.
3. Control popular de precios y Ferias públicas municipales y control de los eslabones de comercialización.
4. Medidas Fiscales cono el incremento del superávit fiscal a través de aumento de ingresos y el control de gastos priorizando el gasto social, las tarifas sociales y la inversión pública. Disminución los subsidios a los sectores medios y altos en transporte y energía y a las grandes empresas.
5. Medidas Monetarias como el control de la expansión monetaria e incremento de la tasa de interés para incentivar el ahorro y desincentivar el consumo de bienes no esenciales.
6. Normalización y reforma del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
UN NUEVO SISTEMA FINANCIERO YCONTROL DE CAMBIOS
El sistema financiero que rige actualmente tiene su origen en la Ley de Entidades Financieras que impusiera Martínez de Hoz durante la última dictadura. La norma promovió la proliferación de todo tipo de entidades, que sin los controles adecuados por el Banco Central, terminaron en quiebras masivas de Cajas de Crédito y Bancos, a inicios de la década del 80, con el consiguiente perjuicio para cientos de miles de ahorristas. El Estado se vio obligado a devolver los fondos que había garantizado. Esa ley sufrió una cantidad de modificaciones durante los últimos 20 años pero conservó su estructura de privilegio para el funcionamiento del sistema bancario que dispone del ahorro argentino según sus propias conveniencias, tratando de maximizar su rentabilidad que no se encuentra gravada.
En los dos últimos años la ganancia del sistema en conjunto ha excedido los 20 mil millones de pesos, y a pesar de algunos proyectos nada se ha hecho sobre el particular. La especulación continúa y a las prácticas habituales se suma la compra de letras del Banco Central que son emitidas a tasas altísimas y a corto plazo, lo que significa también una importante ganancia que se vuelca nuevamente a la especulación. Vamos a sanear este sistema mediante una reforma cabal del sistema financiero, una nueva regulación bancaria y una política autónoma.
Nuestras propuestas
1. Una política más autónoma capaz de recuperar la política monetaria y revertir la dolarización de la economía.
2. Reformar el Sistema Financiero y el Banco Central.
3. Nueva regulación bancaria con mayor peso de la banca pública nacional y provincial en el total del sistema con posibilidad de nacionalización total o parcial de la banca.
4. Definir la actividad financiera como un sector estratégico de la economía, que debe ser conducida ineludiblemente por el Estado Nacional.
5. Sistema financiero orientado a la inversión mediante el ahorro y los depósitos, y no a la especulación.
6. Todos los depósitos que se efectúen en el sistema por parte de los bancos estatales, y privados de capital nacional deben ser por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina.
7. Las garantías de los depósitos solo deben cubrir las cuentas de las entidades públicas y privadas nacionales, con excepción de las extranjeras. Las entidades extranjeras responderán con su patrimonio y el de sus casas matrices.
8. Establecimiento de la protección de los ahorristas, no pudiendo en ningún caso las entidades del sistema, devolver los ahorros en distinta moneda a la recibida y pactada.
9. Fijación de condiciones para el control de los activos financieros y su eventual transferencia al exterior.
10. Control de cambios manteniendo una política de bandas cambiarias o “flotación sucia”. Coordinar la política cambiaria con Brasil y los países de UNASUR. Freno inmediato a la fuga de capitales y salida de la dolarización.
UNA NECESARIA REFORMA TRIBUTARIA
Nuestro objetivo es reducir la evasión de ganancias, bienes personales e IVA por 80 mil millones de pesos y obtener nuevos ingresos a través de una reforma impositiva por 20 mil millones de pesos. Es perentorio cambiar un sistema que desde hace décadas exhibe un perfil duramente regresivo, contemplando una disminución de los impuestos al consumo y el estricto control del impuesto a las ganancias, a la tenencia de la tierra y a las exportaciones, así como la imposición de gravámenes a las transferencias de activos y utilidades financieras, actualmente eximidas de impuestos. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) representó en el año 2009 el 29% de la recaudación total y el 38% si se excluyen las Contribuciones y Aportes a la Seguridad Social. En ambos casos lidera el ranking en la recaudación impositiva y al tratarse de un impuesto indirecto y regresivo es el que imprime el carácter de regresividad al sistema impositivo argentino. El Impuesto a las Ganancias representó en el 2009 el 18 % de la recaudación total, ubicándose en el tercer lugar después del IVA y de las Contribuciones y Aportes a la Seguridad Social. Se trata de un impuesto progresivo, cuya estructura general consiste en una alícuota única para las ganancias de sociedades del 35% y una escala progresiva para las ganancias obtenidas por las personas físicas. Además posee una serie de exenciones, que privilegian las ganancias de carácter financiero y otros privilegios.
El impuesto a los Bienes Personales es progresivo y grava las manifestaciones directas de riqueza (bienes inmuebles, muebles, acciones, etc.) Aporta alrededor del 1% a la recaudación total, lo cual contribuye a acrecentar la regresividad del sistema impositivo. La baja recaudación se debe en gran medida al alto índice de evasión de este impuesto. Vamos a modificar el sistema tributario priorizando un carácter fuertemente progresivo.
Nuestras propuestas
1. Reversión drástica de los altos niveles de evasión y elusión impositiva a través de mayores y mejores recursos humanos e incorporación de tecnología en la AFIP, Aduanas y en el ámbito de la Justicia.
2. Transformación del sistema tributario poniendo la prioridad en la recaudación del Impuesto a las Ganancias y al Patrimonio Neto o Bienes Personales. Una modificación de la alícuota general para las ganancias de sociedades del actual 35% al 37% para las empresas con más de 500 empleados y/o un patrimonio neto superior a los $2 millones de pesos.
3. Gravamen mediante mayores alícuotas a los productos suntuarios.
4. Eliminación de las exenciones como las ganancias derivadas de títulos, acciones, obligaciones negociables, letras y otras análogas provenientes de la actividad financiera; los intereses por depósitos superiores a un millón de pesos y las ganancias obtenidas por las empresas mineras.
5. Reducción en un 50% la alícuota general (21%) para la venta de alimentos y productos de limpieza de primera necesidad.
6. Aumento de la fiscalización de Bienes Personales, incorporando el personal necesario al organismo de recaudación.
UNA POLÍTICA FIRME SOBRE LA DEUDA EXTERNA
En el debate político argentino hay una ausencia total de rigurosidad y desconocimiento de los aspectos legales del endeudamiento externo de nuestro país. La deuda significa una enorme transferencia de recursos y hay obligaciones a pagar hasta el año 2089, lo cual es ficticio ya que el Estado paga intereses y refinancia permanentemente el capital.
Después de la reestructuración efectuada en el año 2005, la deuda bajó apenas 27.000 millones de dólares y por el tipo de bonos emitidos (unos ajustados por inflación, y otros con cupones atados al crecimiento) y ahora ha vuelto nuevamente a crecer siendo de 184.000 millones de dólares según informe oficial al 31 de marzo.
Un fallo judicial determinó la ilegalidad de la mayor parte de la deuda de la dictadura. En razón de ello tales actos son nulos de nulidad absoluta, así como sus consecuencias. En las tres causas judiciales federales (Causa Olmos I, II y III) –hoy políticamente paralizadas- se probó que gran parte de la deuda actual es la misma deuda de la dictadura, permanentemente reciclada, y en razón de ello todas las contrataciones serían alcanzadas por la nulidad de origen. En el ámbito del Congreso Nacional, Proyecto Sur presentó en 2010 el Proyecto de Ley para constituir una Comisión Bicameral de Auditoría de la Deuda que aguarda dictamen de las comisiones correspondientes. Vamos a promover una política firme y coherente para defender el interés soberano del pueblo argentino
Nuestras propuestas
1. Creación de una Comisión de Auditoría de la Deuda Externa integrada por expertos y reconocidas personalidades nacionales y extranjeros en el campo de investigación en la materia.
2. Suspensión de los pagos mientras dure la investigación, y consignación de los mismos en el Banco de Negocios de Basilea.
3. Suspensión de las negociaciones con el Club de Paris, hasta tanto no se efectúe una Auditoría oficial de todos los créditos adeudados.
4. Inicio acciones legales contra todas las empresas privadas, nacionales y extranjeras para recuperar las sumas pagadas por el Estado Nacional a los bancos extranjeros, a las cuales ellas estaban obligadas. Esto incluye cobrar los avales otorgados por el gobierno nacional a créditos de los cuales este debió hacerse cargo.
5. Requerimiento del enjuiciamiento político de los magistrados que paralizaron la investigación.
6. Solicitud en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que requiera a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una Opinión Consultiva sobre cuáles deben ser los aspectos jurídicos de los contratos internacionales de crédito.
UNA POLÍTICA EXTERIOR SOBERANA E INTEGRADORA
El sistema internacional vive un cambio profundo por la declinación gradual de los tradicionales polos de poder: Estados Unidos y la Unión Europea, hoy golpeados por una profunda crisis económica y financiera. Otras potencias y bloques geopolíticos aparecen para modificar la agenda global mientras que el agotamiento de los recursos naturales estratégicos (alimentos, agua, minerales, fuentes de energía) los graves problemas ambientales y el crimen organizado (narcotráfico, trata de personas) resultan en múltiples y graves conflictos sociales. El surgimiento de China como “socio/competidor” de Estados Unidos y principal acreedor mundial, que busca extender su influencia en Argentina, nos reclama una política exterior madura y firme, muy diferente a la del actual gobierno.
Objetivos principales de nuestra política exterior son recuperar el ejercicio pleno de los derechos argentinos en las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, la reafirmación de la presentación ante la Organización de las Naciones Unidas para extender nuestra jurisdicción sobre un total de 350 millas marinas y el impulso hacia la definitiva integración latinoamericana, consolidando primero los lazos en América del Sur como región de paz. En la defensa de la soberanía la gestión legislativa del Movimiento Proyecto Sur logró un hito importante con la sanción del proyecto de “REGIMEN PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION HIDROCARBURIFERA EN LAS ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR” sancionado como Ley 26659. Asimismo, hemos solicitado al Poder Ejecutivo que de por terminado el Acuerdo de Madrid II suscripto con el Reino Unido y que fue violado sistemáticamente desde 1990 por esta potencia usurpadora (HCDN, Expte. 5607-D-2010)
Debemos maximizar las potencialidades de nuestro país en un contexto mundial policéntrico y multipolar y aprovechar las oportunidades, guiados por el interés nacional, la resolución pacífica de conflictos, el respeto y el diálogo, el derecho a la soberanía y la integridad territorial, y la solidaridad entre los pueblos.
Nuestras propuestas
1. Revisión y denuncia de los instrumentos bilaterales firmados con el Reino Unido que sean contrarios al interés nacional. Terminación del Acuerdo de Madrid II (1990) ante violación grave y reiterada por parte de Gran Bretaña. La defensa y promoción constante de la causa de Malvinas y la denuncia de todo acto colonialista británico considerado como una vulneración o agresión a la soberanía nacional, será nuestro principal compromiso en el plano exterior y en todos los foros internacionales.
2. Impulso a la integración regional en el ámbito de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) sobre todos los aspectos de desarrollo estratégico de nuestros países, así como en los foros de cooperación, cuyo objetivo sea cumplir el proyecto de hermandad y unidad de nuestros Libertadores y Próceres.
3. Articulación con las naciones de la región para impedir el ingreso de elementos militares británicos a sus espacios marítimos, terrestres o aéreos mientras continúa la usurpación de los territorios argentinos del Atlántico Sur y la consecuente disputa de soberanía binacional.
4. Revisión total de los acuerdos bilaterales con la República Popular de China en ámbitos considerados estratégicos (energía, industria, materias primas, alimentación, defensa) en pos de preservar y garantizar el interés nacional.
5. Denuncia del Tratado sobre Integración y Complementación Minera con la República de Chile (Proyecto “Pascua Lama”) que implementa un modelo de tipo mega-minero y extractivista altamente contaminante y dañino para la población y el ambiente, vulnerando además la soberanía y la seguridad geopolítica de la Argentina, y por entero contrario al interés nacional.
6. Denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversiones celebrados durante la década del ´90 con 53 Estados, en todos aquellos casos que sean lesivos para el interés y la soberanía nacional.
7. Promoción de la democratización de los Organismos Internacionales, muchos de cuyos mecanismos de decisión y representación son obsoletos y responden a otras coyunturas (II Guerra Mundial y Guerra Fría) pero continúan vigentes en un nuevo escenario caracterizado por el policentrismo y el multipolarismo internacional.
LA DEFENSA NACIONAL PARA UN MARCO DEMOCRÁTICO Y REGIONAL
En una Argentina democrática, respetuosa y promotora de los Derechos Humanos, la Defensa Nacional debe ir va más allá del factor militar y centrarse en el derecho y deber de la comunidad para involucrarse en la defensa de su territorio y de su patrimonio; de la soberanía y de los recursos naturales. La degradación de los recursos militares para la defensa es un proceso largo impulsado por las políticas neoliberales, que hoy continúa con el presupuesto destinado mas bajo de la historia en relación al PBI nacional. La industria y el desarrollo científico-técnico para la defensa fueron diezmados y convertidos en “unidades de negocios” con un disfraz “estatal” pero con lógica privatista bajo el Ministerio de Planificación Federal. Incluso cooperan con las corporaciones que saquean nuestros recursos y contaminan nuestro ambiente, como lo hace Fabricaciones Militares, que ofrece su servicio de explosivos a la megaminería transnacional.
Hoy Sudamérica es una región de paz y cooperación entre naciones hermanas. Los desafíos de un escenario global incierto, la amenazante presencia militar del Reino Unido en territorio argentino y las pretensiones de potencias hegemónicas, requieren políticas de defensa coordinadas que también impulsen la integración autónoma y soberana de nuestros pueblos.
Nuestras propuestas
1. Política de Defensa Nacional integral, democrática y adaptada a los nuevos desafíos que puedan comprometer los intereses nacionales y el desarrollo y análisis de hipótesis de conflicto posibles en un escenario global de incertidumbre, prestando especial atención a la protección de los recursos estratégicos y readecuando de forma pertinente la doctrina militar.
2. Protección efectiva de todo el territorio nacional, principalmente las regiones en donde se encuentren probadas fuentes de recursos naturales considerados estratégicos y con fuerte acento en la vigilancia y protección del enorme territorio de casi un millón de km2 que representa el Mar Argentino, con toda su riqueza y potencialidad que configura una verdadera “Pampa sumergida”.
3. Reactivación de la industria para la Defensa y modernización del equipamiento de las Fuerzas Armadas mediante la reestructuración y readecuación de objetivos de de Fabricaciones Militares, retornando al área natural del Ministerio de Defensa. La cooperación científico-tecnológica con los países hermanos de la región sudamericana, alentando una relación estratégica, principalmente, con la República Federativa del Brasil para evitar la dependencia tecnológica extrarregional.
4. Cooperación regional en el marco de la UNASUR y del Consejo Sudamericano de Defensa promoviendo la articulación entre los intereses nacionales y regionales y priorizando las doctrinas funcionales a la protección de la soberanía y del espacio geopolítico sudamericano como objetivo principal. Impulso hacia la creación de una Fuerza Sudamericana de Defensa con un objetivo primordialmente disuasivo hacia las posibles amenazas extrarregionales.
5. Revisión de la situación salarial del personal de las Fuerzas Armadas que padecen la implementación de sumas “en negro” en sus haberes y el desenganche entre el sector en actividad y los retirados, en relación a la legislación vigente.
120 MEDIDAS PARA GANAR EL FUTURO
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