Las inundaciones y la irresponsabilidad de los funcionarios públicos

Por Alejandro Olmos Gaona (Asesor Proyecto Sur). La inexistencia de una gestión integral del riesgo de inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

Por Alejandro Olmos Gaona (Asesor Proyecto Sur).

Resultan suficientemente conocidas, las enormes pérdidas materiales causadas por las inundaciones ocurridas en la provincia de Buenos Aires, en los últimos días que han dejado literalmente en la calle a cientos de familias. Deben lamentarse la pérdida de vidas humanas, la desarticulación de grupos familiares que  debieron alojarse en lugares precarios,  los riesgos ciertos de enfermedades, el deterioro de los campos anegados, en definitiva un sinnúmero de perjuicios cuya cuantificación no resulta fácil de hacer, hasta que no se conozca en detalle las consecuencias del siniestro que durante más de una semana asoló el territorio bonaerense.

No puede dudarse que las lluvias fueron inusuales por la intensidad de las mismas, y ello supone riesgos ciertos de causar daños, tampoco puede dudarse que se hayan realizado algunas obras para aliviar los problemas que originan las inundaciones, tal como lo ha informado el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero el tema central es que las que se hicieron no dieron el resultado previsto, que no se hicieron todas las que deberían y que se carece de un plan maestro para prevenir estas catástrofes. Siempre cuando ocurren estas inundaciones los funcionarios salen a dar todo tipo de explicaciones (el cambio climático, los canales clandestinos, cierto tipo de siembra, las tormentas inusuales), pero en ningún caso se hacen cargo de las responsabilidades que les competen, y siempre tratan de justificar lo ocurrido debido a la existencia de factores externos, pero nunca como consecuencia de la falta de políticas públicas integrales para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Todavía está fresco el recuerdo de lo ocurrido en el año 2013 en la ciudad de La Plata, con una significativa cantidad de personas que perdieron la vida. En ese entonces no se podía hablar de problemas de siembra ni de canales clandestinos, pero los funcionarios, duchos en esto de eludir sus responsabilidades. En ese momento la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata dictaminó que las inundaciones tenían varias causas pero  puntualizó algunos hechos que debían tenerse en cuenta al momento de evaluar las consecuencias de lo ocurrido y son:

1. a) La inexistencia de una gestión integral del riesgo de inundaciones debe señalarse como una causa trascendente al momento de analizar las consecuencias del evento, principalmente en lo referente a la pérdida de vidas humanas. La falta de gestión del riesgo de inundaciones fue determinante en la falta de implementación de acciones preventivas, correctivas y de acción durante la emergencia.
2. b) La respuesta tardía y desorganizada del estado y el déficit en la acción institucional de los funcionarios responsables.
3. c) La inexistencia de un sistema de alerta que funcionara correctamente.
4. d) Las acciones de evacuación se desarrollaron caóticamente y no con ayuda institucional sino con la colaboración de los mismos damnificados.

En el informe "Catástrofes y Desarrollo" de junio de 2002, el Banco Mundial ya alertaba sobre los riesgos de las inundaciones para algunos países, entre ellos, Argentina. En otro reporte de 2006, que adjuntó a un préstamo para obras hídricas, agregó que es el país número 14 del mundo en mayor riesgo a este desborde natural.

Estimó las pérdidas en US$ 320 millones por año si no se hacía nada. En otro reporte de 2006, que adjuntó a un préstamo para obras hídricas, agregó que es el país número 14 del mundo en mayor riesgo a este desborde natural.

El Banco Mundial en un informe sobre los riesgos del cambio climático, puntualizó que las pérdidas anuales podrían llegar a US$ 320 millones por año si no se hacía nada.

"El daño natural más serio para Argentina son las inundaciones", concluía la investigación, y mostraba que era  uno de los factores clave para que el país no mejore su desarrollo humano.

En  ese momento, 13 años atrás, el organismo multilateral marcaba  a  las zonas de Santa Fe, Resistencia y las afueras de Buenos Aires, entre ellas, el gran La Plata por recibir agua proveniente de los ríos Paraná y Uruguay como los mayores lugares de riesgo para las inundaciones.

En 2009, en un informe sobre el funcionamiento del Ministerio de Planificación, la Auditoría General de la Nación (AGN) señaló que la subsecretaría de Recursos Hídricos “no contaba con planificación estratégica para la obra pública que relacionase las acciones realizadas por sus dependencias”. De hecho, la subsecretaría “no tenía “ningún plan rector para la gestión  integral de los recursos hídricos, a pesar de la existencia de una Dirección de Planificación.  En 2008, el organismo señaló que se había elaborado un Plan Nacional Federal de Recursos Hídricos, pero la AGN no tuvo acceso a él”. Y estas negativas son habituales cuando no se quiere mostrar una realidad que ponga en evidencia la inoperancia de ciertas políticas públicas.

Pero además a esa falta de criterios preventivos debe sumarse el desvío de fondos, para actividades que nada tienen que ver con la solución de los problemas hídricos, que se han convertido en una constante en los últimos años. En efecto desde el año 2004, hasta el 2014, se recaudaron 16.288 millones de pesos cuyo destino final no se conoce con precisión. Si se sabe que 2600 millones se destinaron a la realización de las represas Cepernic y Kirchner en la provincia de Santa Cruz, que han existido aportes a Tecnopolis y a las Universidades de General San Martín y Tres de Febrero, con  lo cual se han desviado fondos que tenían otra función específica y de mayor urgencia. A su vez la Subsecretaría de Recursos Hídricos solo ejecutó el 43% del presupuesto asignado, lo que muestra una vez más como se manejan los recursos públicos, especialmente en cuestiones de indudable relevancia.

El gobierno de Scioli ejecutó solamente el 38% del presupuesto 2014 para el control de inundaciones, y el 63% para saneamiento hídrico. A su vez la inversión en desagües y drenaje cayó del 2011 hasta ahora. Es decir que no existen excusas para justificar tanta desaprensión e irresponsabilidad hacia el pueblo y por supuesto una gran insensibilidad, más allá de discursos efectistas que están refutados por la realidad.

A ello se suma que  la provincia de Buenos Aires es la que menos destina a inversión pública en su presupuesto: 5% promedio desde 2008,  la que hace menos inversión pública por habitante: 245 pesos. En el otro extremo, San Luis invierte $ 5.700 por habitante, 23 veces más.  Y su deuda es la de mayor gravitación respecto a los ingresos totales (41%) siendo la única en que el gasto en intereses supera al gasto en obras públicas.

Como el tema de las inundaciones no es algo nuevo, ya en 1884 Florentino Ameghino preparó un plan integral para resolver estos problemas, que a nadie se le ocurrió implementar, y es así que a las improvisaciones siguieron la falta de obras públicas que terminaran definitivamente con ese problema. Han pasado más de 130 años y nos encontramos nuevamente con situaciones que se podrían prevenir.