Compartimos con ustedes la nota de opinión de Fernando "Pino" Solanas sobre mediambiente publicada en Clarin.
El cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta el futuro de la humanidad. A pesar de los compromisos que se hicieron en las últimas cumbres ambientales, la Tierra se ha recalentado en casi dos grados y conlleva una catástrofe irreparable para la vida en el planeta. Aumentará la desertificación, las inundaciones, la extinción de miles de especies, el hambre, el éxodo de poblaciones y la muerte de millones de personas con un crecimiento exponencial de la pobreza.
Estamos ante una crisis civilizatoria sin igual, un cambio de época histórica y ante los desafíos de una revolución tecnológica y comunicacional sin precedentes.
Los mayores daños ecológicos provienen de las sociedades industrializadas y de altos niveles de consumo; pero estos grandes contaminadores no han firmado el Protocolo de Kyoto. La contaminación que generan castiga a los países pobres y del sur. Las cifras son elocuentes: el 44% de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) son producidos por EEUU y China; sumados a los de Rusia, India y Japón alcanzan el 60%. El 20% de la población mundial que contamina es responsable del 51% de las emisiones planetarias, mientras que el 20% genera apenas el 1,3%. La desigualdad es tan grande, que el habitante de las naciones ricas emite 38 veces más CO2 que el de los países pobres. Por su parte, los países en desarrollo poco han hecho para cambiar su matriz energética: el 90% de la energía eléctrica que se genera en Argentina es con energías fósiles.
El paradigma de su dirigencia no es sustituirlas con energías renovables, sino explotar los yacimientos de gas y petróleo no convencionales como el de Vaca Muerta con la destructora técnica del fracking. La tierra padece un bombardeo incesante de emisiones contaminantes que no se perciben en el momento y son altamente destructivas.
El colonialismo extractivista convierte a nuestros países en el basurero de las sociedades de consumo. La guerra climática arroja residuos nucleares y millones de toneladas de basura y chatarra en África y los países periféricos son convertidos en tierras de sacrifico.
Nuestros glaciares andinos se han derretido un 30% y las megamineras abrieron caminos entre ellos. Lo que no está permitido hacer en los países ricos, lo hacen en nuestros territorios: arrasan cordilleras, contaminan la tierra y el agua con sustancias químicas, agrotóxicos, pesticidas. Las poblaciones son fumigadas con glifosato y expulsadas por la destrucción de sus bosques o pasturas y el saqueo de los bienes naturales.
Este sombrío diagnóstico fue compartido por 60 referentes internacionales, el secretario general de las Naciones Unidas Ban ki-Moon y autoridades de distintas religiones reunidos en la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano.
Las injustas relaciones del norte con el sur han llevado a las naciones perjudicadas a plantear compensaciones económicas.
Mientras el Norte les cobra a los países pobres el uso de la tecnología que ellos podrían utilizar para defenderse de la contaminación, no les paga por el oxígeno que generan los bosques y espacios verdes del sur.
No es ético ni moral permitir que se destruya la tierra y la naturaleza. Todo ser humano tiene derecho a la vida y la esperanza: hay 3000 millones de personas que sufren la emisión de los gases CO2. Por estas razones propuse a la asamblea: “Los delitos ambientales son delitos de lesa humanidad ya que dañan poblaciones enteras, sus efectos se prolongan siglos y son consentidos por sus Estados. Sin licencia social de las poblaciones frente a la explotación de sus bienes naturales y sin la aplicación del principio precautorio, los pueblos seguirán indefensos. Hay que promover un cambio cultural profundo que permita transformar los hábitos de consumo y replantear las necesidades básicas que aseguren vivir con dignidad y en armonía con la naturaleza. Esperamos que la Encíclica Ambiental y la próxima Cumbre de París avancen hacia una “Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza” y la creación del Tribunal Penal Internacional de Delitos Ambientales”.
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