Por Fernando "Pino" Solanas. El senador nacional de Proyecto Sur analiza la situación de las islas al reglamentarse la Ley 26.659 de su autoría. Nota publicada por el diario Clarín.
Luego de cuatro años, el Gobierno empezó a cumplir con la Ley 26.659, de mi autoría, aprobada unánimemente en 2011. Es uno de los instrumentos más avanzados para integrar una estrategia de presión sobre el Reino Unido con el fin de que acate las resoluciones internacionales que instan a dialogar sobre la disputa en el Atlántico Sur. Londres también incumplió acuerdos bilaterales de cooperación y de seguridad militar, desde el restablecimiento de relaciones en 1989 mediante los equívocos y contraproducentes Acuerdos de Madrid. Esos instrumentos nefastos fueron impulsados por el menemismo y concedieron la ilegal explotación pesquera, la política de hidrocarburos en Malvinas y la promoción y protección de inversiones británicas en la Argentina mediante la vigente Ley 24.184. Incluso existe, desde 1998, un acuerdo de cooperación militar con la potencia usurpadora.
El kirchnerismo jamás criticó estos acuerdos ni planteó terminarlos. Y el gobierno mantiene un doble estándar: las mismas empresas detrás de la megaminera y de nuestras fuentes de energía (British Petroleum controla el 60% de Cerro Dragón) y a las que el gobierno apaña, están vinculadas a la exploración ilegal petrolera en el Atlántico Sur. Las compañías que controlan el 76% de la minera Barrick Gold, que opera en Pascua Lama- Cerro Veladero, tienen el 40,5% de las acciones de Anglo Gold Asanthi que explota Cerro Vanguardia y el 55,9% de Goldcorp que explota las minas Bajo la Alumbrera y Cerro Negro. Ese grupo participa en el paquete accionario de empresas que operan en Malvinas: 33% en Rockhopper Exploration y Borders & Southern Petroleum, 25% en Desire Petroleum y 37.8% en Falkland Oil and Gas Ltd (FOGL). En 2013, Desire fue absorbida por FOGL.
El Banco Barclays, contratado por el gobierno para el canje de deuda de 2010, y el Banco HSBC son accionistas de Desire Petroleum y TD Asset Management, un fondo de inversión estadounidense que es accionista de Barrick Gold y Goldcorp, que en la provincia de Santa Cruz operan en Cerro Negro, contando también con el 7,4% de las acciones de la británica Rockhopper y el 7,5% de las acciones de su par Desire Petroleum. Por su parte, BlackRock Group, fondo de inversión del Bank of America, además de ser accionista de mineras como Barrick Gold, tiene participación en Rockhopper, Desire Petroleum y Falkland Oil and Gas Ltd., contando en ésta última con el 49% de las acciones y correspondiendo el restante a PHP Billiton. A su vez BlackRock tiene el 3,53% del capital accionario de Repsol, el 5,9% de British Petroleum, el 3,0% de Telefónica de Argentina, mientras es accionista del Banco Santander y del HSBC. Goldman Sachs tiene pequeña participación en Borders & Southern Petroleum.
La ley 26.659 dispone fuertes sanciones a los intereses que actúan en nuestro país y que son accionistas directos o indirectos de las empresas petroleras presentes en Malvinas. Pero es evidente la falta de voluntad del gobierno para desarticular ese doble estándar que, por un lado, demanda a algunas de esas petroleras pero deja a resguardo los intereses de sus socios en Argentina continental, que también atentan contra nuestra soberanía y violan la ley.
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