El lider de Proyecto Sur analiza el conflicto por Malvinas, las fracasadas estrategias ensayadas para su recuperación y la aplicación de sanciones de económicas al Reino Unido.
Fernando Solanas
A treinta años del 2 de Abril de 1982, la fecha nos evoca nuestro reclamo legítimo y soberano sobre las Islas del Atlántico Sur y, al mismo tiempo, la irresponsable y fallida aventura militar promovida por la dictadura genocida. Tres décadas después, la cuestión Malvinas se reafirma como una verdadera causa nacional, que encierra aspectos históricos, territoriales, políticos, económicos y culturales.
Desde el retorno de la Democracia, las diversas estrategias ensayadas sobre Malvinas han mostrado sucesivos fracasos. En 1989, el presidente Carlos Menem reanuda las relaciones bilaterales mediante los Acuerdos de Madrid: un acta de capitulación que permitiría al Reino Unido apoderarse de ingentes recursos energéticos y pesqueros, violando las resoluciones de Naciones Unidas y congelando la negociación de la soberanía. El Convenio Bilateral de Protección y Promoción de Inversiones (Ley 24.184, 1991), el Acuerdo de Cooperación Militar (1998), el Régimen de Vuelos (1998) y otros instrumentos fueron construyendo el andamiaje legal del neocolonialismo: tales acuerdos continúan vigentes, sin haber sido denunciados por los posteriores gobiernos. Este avance de las políticas neocoloniales en la Argentina, se conjugó con la ola de privatizaciones y entrega de nuestro patrimonio público y nuestros recursos estratégicos: un ejemplo de ello es el Acuerdo Minero Chileno-Argentino firmado por los presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem en 1997, por el cual se cedió a lo largo de la Cordillera de los Andes una franja de 100 kilómetros a cada lado de la frontera para la explotación metalífera. A este “tercer país” de 200.000 kilómetros cuadrados en manos de corporaciones extranjeras, se le otorga por cuarenta años la administración autónoma de ese territorio, con fuerzas propias de seguridad, aeropuertos y prohibición de ingreso a cualquier argentino sin le permiso pertinente.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner se inició un cambio de estrategia hacia las Islas Malvinas y del Atlántico Sur: el rechazo a la política pesquera británica en 2005; la terminación del Acuerdo de Cooperación Costa Afuera en 2007; y el Decreto 256/2010 que obliga a los buques que van a Malvinas a solicitar permiso a las autoridades nacionales. A ello se sumó la fundamental solidaridad activa de América Latina, manifestada en UNASUR, MERCOSUR y CELAC. Al insertarse como una causa regional –incluyendo la propuesta de considerar a la Antártida como territorio latinoamericano- el reclamo por Malvinas adquiere un peso altamente significativo, en respuesta a las ambiciones del bloque europeo, que ha considerado a las Islas como “territorios de ultramar” conforme al Tratado de Lisboa de 2007.
Sin embargo, la actual política oficial es limitada y presenta serias deficiencias. Como ejemplo: en 2007, la explotación de nuestro mayor yacimiento de petróleo -Cerro Dragón- fue entregado arbitrariamente hasta el año 2043 a la PanAmerican Energy, cuyo capital accionario pertenece en gran parte a la British Petroleum. A su vez, se ignoran los estrechos vínculos empresarios y de intereses de corporaciones mineras, petroleras y financieras, con las empresas que actualmente explotan el petróleo en las islas: entre otros, la Barrick Gold, Minera Bajo La Alumbrera y Cerro Vanguardia, son copropietarios de las petroleras Desire Petroleum, Rockhopper Exploration, FOGL y Southern & Borders Petroleum y a ellas se suman capitales especulativos como la banca Barclays, accionista de una de estas petroleras y contratada por el gobierno para negociar el canje de deuda. Los intereses británicos locales continúan intactos en nuestro país, como ocurriera durante la guerra a instancias del Ministro de Economía José Martínez de Hoz: por eso afirmamos que defender el Famatina es defender las Malvinas.
Una vez más, hoy se pretende ignorar esta realidad: la extensión de los territorios en disputa con el Reino Unido -casi cinco millones de kilómetros cuadrados, que incluyen el archipiélago y la extensión hacia la Antártida- equivale al doble de nuestro territorio continental. Como señala Mario Cafiero, esta Pampa Sumergida, conectada a tres océanos y a la Antártida y con valiosos recursos, tiene un altísimo valor geoestratégico para Argentina y para el conjunto de América Latina. Por estas mismas razones ha sido usurpada por el Reino Unido con el respaldo de las potencias occidentales y actualmente se ha reforzado su militarización con la base extra-territorial más importante de la región, la incorporación de naves con tecnologías de avanzada -incluyendo la posibilidad de submarinos nucleares- mientras la IV Flota de Estados Unidos patrulla el Atlántico. Si bien se descarta cualquier tipo de solución militar, otorgando prioridad a las negociaciones diplomáticas y a las alianzas internacionales, mientras en 2012 se reduce nuestro patrullaje aeronaval en más del 50%, Brasil protege su Amazonia Azul con una nueva flota de submarinos, demostrando que la política argentina confunde ingenuamente vocación política de resolución de los problemas, con desarme unilateral.
En este contexto es preciso desplegar una estrategia soberana que abarque los más diversos aspectos, incluyendo la futura integración de los isleños con una garantía plena de sus derechos conforme a nuestras leyes y a la tradición argentina de ser un país plural que históricamente ha recibido e integrado con generosidad los aportes de inmigrantes. Asimismo es necesario mostrar firmeza en las negociaciones, mediante una efectiva presencia soberana en nuestro mar, junto a una presión legítima en lo económico-financiero, que signifique para Gran Bretaña un alto costo mantener su enclave colonial en las Islas. Con esta perspectiva, un instrumento clave lo constituye la Ley 26.659, cuyo proyecto impulsamos y fue votada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación en abril de 2011. En ella se establecen una serie de requisitos para la exploración y explotación petrolera en la Plataforma Continental y fuertes sanciones en caso de incumplimiento, incluyendo sanciones a las empresas instaladas en territorio argentino que mantengan intereses y/o vínculos económicos o financieros con las corporaciones que están explotando el petróleo en Malvinas. No obstante, pese a los rimbombantes anuncios del Canciller Timerman al respecto, la Ley 26.659 no ha sido aún reglamentada ni aplicada: el interés nacional y la defensa de nuestra soberanía exigen su pronta aplicación.
El 2 de Abril se cumple además un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra del Atlántico Sur. Vaya nuestro más sentido y profundo homenaje a los conscriptos, voluntarios, suboficiales y oficiales que, a pesar de haber sido conducidos de forma irresponsable, humillante y traidora, dieron todo de sí con dignidad y coraje para defender nuestra tierra. Ellos son parte de una historia que nos convoca a implementar con dignidad e inteligencia una estrategia que nos permita recuperar la soberanía sobre esos territorios que sin dudas nos pertenecen por la historia, la geografía y la opinión solidaria de América Latina junto a gran parte de los pueblos del mundo.
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