Tras los anuncios del Gobierno sobre la situación en las islas del Atlántico sur, la Mesa Nacional de Proyecto Sur fijó su posición.
La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner
“Lamentablemente el contenido y los resultados de la convocatoria oficial reafirmaron nuestra decisión de no haber asistido para no ser partícipes de esta manipulación mediática sobre un tema tan sensible para el pueblo argentino”, afirmaron los diputados Fernando “Pino” Solanas, Alcira Argumedo y Jorge Cardelli del Bloque Proyecto Sur; y sostuvieron que “los anuncios de la Presidenta sobre la situación en Malvinas nos muestran una vez más una retorica inoperante ante la magnitud de la prepotencia británica en términos militares y económicos”.
Con respecto a los anuncios oficiales, los diputados afirmaron que “la desclasificación del informe Rattenbach tiene un valor simbólico positivo más allá del hecho de que hace varios años se conoce públicamente, y con respecto a la denuncia de la militarización inglesa en las islas a ser presentada en el Consejo de Seguridad de la ONU constituye una gestión natural y propia de la Cancillería, pero que tendría que haber sido formulada desde hace varios años, antes el incremento constante de la presencia militar inglesa durante la última década”.
“La respuesta a las expectativas de los ex combatientes y veteranos constituye un verdadero insulto a la dignidad de una generación golpeada por la guerra sin preguntarse por las verdaderas causas por las cuales una cantidad tan significativa de ellos decidieron quitarse la vida”, se solidarizaron los referentes de Proyecto Sur.
Para finalizar, los diputados de Proyecto Sur recordaron que “tal como señalamos en la reciente Carta Abierta a la Presidenta, la posición de Proyecto Sur sostiene que deben tomarse medidas concretas basadas en la fuerza de nuestro derecho”. En este sentido, el Bloque liderado por Fernando Solanas propone que el Gobierno “encare medidas que afecten efectivamente a los intereses británicos, contemplando dos acciones: la denuncia de los acuerdos de Madrid de 1989 y 1990 que avalan la política de despejo de nuestros recursos y la inmediata reglamentación y aplicación de la ley 26.659 aprobada por unanimidad en el Congreso, junto a medidas compensatorias al perjuicio económico que le causa al país la explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur”.
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