Las recientes designaciones en la TV oficial y el manejo de Télam demuestran, una vez más, la nula vocación pública del Gobierno Nacional.
Desde el kirchnerismo y sus comunicadores adictos se suele repetir la fórmula “medios hegemónicos” para designar lo que a su juicio son prácticas mediáticas no del todo consustanciadas con el interés general. De hecho, los programas más rabiosamente oficialistas se dedican de manera obsesiva, y muy frecuentemente demagógica, a desglosar las ambivalencias de algunos medios gráficos, televisivos y radiales de nuestro país, haciendo hincapié en lo que se tacha de “corporativismo”.
Pero, sean o no ciertas, lo indudable es que tales críticas carecen por completo de una fundamentación moral relevante. Pues si tenemos en cuenta el ideario institucional del oficialismo, y en particular su manejo de los entes públicos, lo evidente es que sus prácticas están en las antípodas de hacer justicia a un concepto que, inherente al sentido último del funcionamiento democrático, no puede ser soslayado por ningún proyecto político que se precie de abogar por la democracia y el Bien Común: la ética pública. En ese sentido, las recientes designaciones de militantes ultrakirchneristas al frente de sectores clave de la comunicación estatal transparentan sin ambages la lógica puramente partidocrática y tendenciosa del oficialismo, y su propensión a utilizar las instituciones y organismos de la democracia como si fueran apéndices de sus intereses partidarios.
En las últimas semanas, el secretario de Medios, Juan Manuel Abal Medina, designó como director del Departamento de Contenidos de la TV pública al bloggero kirchnerista Martín Rodríguez. ¿El motivo? Ser kirchnerista. Los criterios selectivos de Abal Medina pasan de manera exclusiva por la condición militante y por la pertenencia identitaria. La idoneidad, el concurso público, la creatividad, la vocación de servicio o la ecuanimidad brillan por su ausencia.
Pero lo más significativo tiene que ver con la Gerencia de Noticias de la propia Televisión pública, antes a cargo de Omar Basalo, periodista cercano a Aníbal Fernández. En ese sector, por orden del secretario, desembarcará Santiago Álvarez, creador del blog K “Ni a palos”, luego convertido en suplemento juvenil del periódico Miradas al sur. ¿Creerá Abal que se trata del homónimo documentalista cubano?
Como segundo de Álvarez será nombrado Ignacio Saavedra, actual director de la productora ‘Tiempo Beta’, mientras que la sección de Contenidos estará bajo el dominio de Carlos Figueroa, “notero” del programa Duro de Domar, y de Martín Rodríguez, perteneciente al staff del mentado suplemento juvenil. En rigor, con tales designaciones el oficialismo se propone seguir ocultando información a la ciudadanía: contaminación, entrega neocolonial de nuestros recursos, desmonte, inflación… el Indec televisado, en suma. El objetivo aquí es “invisibilizar” los grandes temas nacionales. Y anunciar, con bombos y platillos, el récord de ventas de autos usados mientras se silencia inescrupulosamente, por ejemplo, la situación de miseria, olvido y represión en que se encuentra la comunidad wichi de Formosa. Así es como el kirchnerismo convierte los medios estatales (que deben responder a la totalidad de la ciudadanía, y no a un solo sector) en una mera sucursal del Partido Justicialista.
El carácter tendencioso de la concepción comunicacional del Gobierno pudo verse con claridad la pasada semana, cuando, desconociendo que Télam es la Agencia de Noticias de la República Argentina y no un blog militante, se publicó en su sitio una efeméride de la presidenta que incluía calumnias a dirigentes opositores. Según los funcionaros, se trató de una filtración por error de orden. En el sitio también pudo verse la figura del “Nestornauta”, inédita perversión de la historieta de Solano López y Oesterheld. El Gobierno rectificó y asumió el error. No obstante, la línea comunicacional del oficialismo sigue su curso bajo un criterio que tiene poca o nula vocación pública, es decir, del sentido que por ser estatales ha de recaer sobre los organismos, entidades e institutos oficiales. Es urgente, en efecto, concebir un nuevo modelo para las instituciones públicas que contrarreste la concentración política.
De las prácticas del kirchnerismo deducimos su concepto de lo que significa “gobernar”: usufructuar la institución para la sobrevivencia de la burocracia autorreferente (el PJ y capitalistas allegados). Aun pensado en términos representativos, lo cierto es que el sistema actual funciona a medias: si se “delega” a alguien el poder es para que “represente” con fidelidad y sirva a la comunidad, al pueblo, en el ejercicio institucional. Al contrario, lo que se ha instaurado bajo la égida del bipartidismo es una concepción fetichista y monopólica del poder estatal. Por ello es que nuestro país necesita un profundo cambio democratizador, una nueva normatividad ética y participativa que refunde las instituciones a fin de que éstas garanticen el cumplimiento de los derechos sociales y sean justas, útiles y eficaces respecto de las verdaderas necesidades populares. Necesitamos un cambio de rumbo. Una transformación política y cultural capaz de devolver a la ciudadanía el protagonismo que jamás debió resignar.
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