Por Juan Massini, apoderado del Movimiento Proyecto Sur
La tragedia del submarino ARA San Juan y sus cuarenta y cuatro tripulantes es una muestra cabal de las falencias políticas que caracterizan al gobierno de Cambiemos, lamentablemente, en buena medida compartidas por los restantes gobiernos de nuestra democracia “renga”.
En un mundo en que los países ricos se muestran como tigres, agresivos y codiciosos, que sostienen su voracidad en la fabricación de conflictos ajenos y, en el mejor de los casos, en el efecto disuasivo de su cada vez más formidable armamento, ¿tiene lógica “abrirse al mundo” (fórmula recurrente del Presidente Macri), sin siquiera articular una política defensiva elemental como es la de optimizar las unidades de patrullaje de nuestro extenso y rico mar continental, misión que supuestamente estaba cumpliendo el ARA San Juan?
¿Nada tiene que ver este “descuido”, que ha costado cuarenta y cuatro valiosas y heroicas vidas, con la paulatina pero constante retirada del Atlántico Sur que viene protagonizando la Argentina y ésta, a su vez, con la rendición no formal, pero incondicional – contenida en los llamados Acuerdos de Madrid, de 1989 y 1990, explícitamente convalidados por el actual gobierno en la Declaración “Foradori-Duncan” - ante la potencia usurpadora de nuestras Islas Malvinas?
No he escuchado ni leído comentario alguno acerca de que la desaparición del submarino es un hecho de gravedad institucional que salpica directamente al Presidente Macri (y en su medida a toda la cadena de mandos), en su carácter de Comandante en Jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación (artículo 99, inciso 12, de la Constitución Nacional), como tal responsable de la defensa, es decir de la “acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo” (Ley de Defensa Nacional, Nro. 23.554, artículos 2, 8, 9 y concordantes). Para ser más explícito, la falta consistiría en no dotar adecuadamente a las Fuerzas Armadas para que cumplan con eficacia su rol disuasivo ante un agresor externo, que claramente es Gran Bretaña.
Es evidente que hubiera sido mejor que esta tragedia no ocurriera, y por cierto que este gobierno no es el único responsable de nuestra claudicante política exterior y de defensa. Pero ocurrió, y es muy bueno que, si verdaderamente creemos en la República, propiciemos que se haga justicia, sin distinción partidaria alguna, reparando y corrigiendo.
Fundamentalmente, para que no vuelva a suceder, pero también, para que nadie se atreva a decir cínicamente: “nadie fue”.
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